A menos de dos semanas de asumir el cargo, el presidente Trump está librando una guerra contra su propio gobierno, creando un profundo sentimiento de temor en la fuerza laboral federal, y en los receptores de la ayuda federal, mientras pone a prueba los límites de su poder para alterar el alcance, la función y la naturaleza no partidista del gobierno sin el Congreso.
Trump ha tratado de cortar el financiamiento de una amplia gama de programas de asistencia interna y externa, facilitado el despido de decenas de miles de empleados federales y lanzado una campaña para presionar a más funcionarios a fin de que renuncien a sus puestos.
Dos jueces federales han bloqueado la congelación del gasto federal y, ante la protesta pública, Trump rescindió un memorando la implementaba, pero la orden ejecutiva subyacente sigue vigente y los empleados federales responsables de promulgarla tienen que elegir entre los mandatos de los tribunales y del presidente.
Funcionarios federales han relatado a diversas fuentes un clima de miedo, confusión, escepticismo y enojo durante las últimas dos semanas. Varios describieron una sensación de que estaban siendo activamente rastreados y monitoreados de una manera extraña antes del regreso de Trump al poder.
En un momento en que la confianza de los estadounidenses en el gobierno se ha ido erosionando durante décadas, Trump está poniendo en práctica puntos de vista republicanos sobre cómo reducir y reestructurar la huella federal.
Aprobación de Trump en su segundo mandato está entre las más bajas durante décadas
Pero sus críticos dicen que dar un mazazo ideológico al gobierno lo hará menos efectivo, menos eficiente y menos protegido de la influencia partidista.
Casi 60 empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fueron puestos en licencia administrativa después de que Trump emitiera una orden de congelamiento de fondos para programas de ayuda global.
El sitio web de la agencia dejó de funcionar el sábado. “La idea detrás de lo que están haciendo es que Trump quiere ser rey”, dijo el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland. “No quiere rendir cuentas ante la ley, y el pueblo estadounidense está siendo perjudicado”.
Van Hollen agregó que las acciones de Trump podrían dificultar que el presidente obtenga suficientes votos para evitar un cierre del gobierno dentro de seis semanas.
“También plantea la pregunta de si podemos proceder de buena fe” en una medida de gasto”, dijo. “Quiero decir, pasamos por estas negociaciones para llegar a un compromiso, pero el presidente elige lo que le gusta y descarta el resto”.
Los aliados de Trump en el Congreso, como el senador Jim Banks, republicano por Indiana, dicen que el presidente simplemente está cumpliendo sus promesas de campaña.
“El pueblo estadounidense votó abrumadoramente por el presidente Trump en parte debido a su promesa de erradicar el despilfarro gubernamental y devolver el sentido común a la Casa Blanca”, dijo.
“Hasta ahora, el enfoque ha sido fenomenal”, dijo un agente republicano. Pero subrayó que albergaban “cierta preocupación” sobre el despido el viernes de los seis principales funcionarios del FBI, lo que sugiere que puede ser más problemático para Trump y su administración fuera que dentro del gobierno.
Además de virarse para los líderes del FBI, Trump despidió a dos docenas de fiscales del Departamento de Justicia que trabajaron en casos de “asedio al Capitolio”, es decir, los que involucraron a los acusados del ataque al Congreso del 6 de enero.
Trump indultó a la mayoría de las personas condenadas por delitos relacionados con el 6 de enero y conmutó las sentencias de otras.
