The Associated Press
El presidente Donald Trump desistió este jueves de su polémico intento de incluir una pregunta de ciudadanía para todos los participantes en el censo del próximo año, y en su lugar instruyó a las agencias federales para que intenten obtener la información por medio de las bases de datos existentes.
“Es fundamental que tengamos un desglose claro del número de ciudadanos y no ciudadanos que conforman la población de Estados Unidos”, afirmó Trump en la Casa Blanca. El mandatario insistió en que no está retractándose.
Cambió su postura después de que la Corte Suprema bloqueó sus intentos por incluir una pregunta sobre ciudadanía y luego de que el gobierno ya había iniciado el largo y costoso proceso de imprimir el cuestionario del censo sin que se incluyera la pregunta.
Trump había dicho la semana pasada que estaba sopesando “muy seriamente” emitir un decreto presidencial para obligar a que la pregunta fuera incluida, a pesar de que con toda certeza la medida habría sido impugnada de inmediato.
Pero el mandatario declaró el jueves que en su lugar emitirá un decreto para ordenar que las agencias entreguen registros al Departamento de Comercio.
“El objetivo es contarlos a todos”, señaló.
La Encuesta Nacional sobre la Comunidad, responsable de sondear a 3,5 millones de familias en Estados Unidos cada año, ya cuenta con preguntas sobre la ciudadanía de los participantes.
Los detractores de la medida han advertido que incluir una pregunta de ciudadanía en el censo desalentaría la participación, no sólo entre aquellos que están ilegalmente en el país, sino también entre los ciudadanos que temen que su participación exponga a represalias a familiares que no cuenten con la residencia legal.
El mantener la posibilidad de añadir la pregunta podría desalentar a muchos a participar, al tiempo que les muestra a los simpatizantes de Trump que él continúa luchando por la causa.
La campaña presidencial del mandatario se basó en su promesa de combatir la inmigración ilegal, y ha vinculado la pregunta sobre ciudadanía al tema, insistiendo que Estados Unidos debe saber quién vive en el país.
El decreto, por sí solo, no habría estado por encima de las autoridades judiciales que bloquearon la pregunta, pero les habría dado a los abogados del gobierno una nueva base con la cual intentar convencer a las cortes federales de que el asunto tiene méritos.
