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El presidente Donald Trump intensificó este miércoles su enfrentamiento con las autoridades demócratas de Illinois y Chicago, acusando sin pruebas al gobernador JB Pritzker y al alcalde Brandon Johnson, respectivamente, de “no proteger” a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Desde su cuenta en Truth Social, el mandatario afirmó que ambos “deberían estar en la cárcel” por oponerse al despliegue de tropas de la Guardia Nacional como parte de su ofensiva contra la migración y el crimen.
La publicación se suma a un clima político ya tenso, marcado por protestas, demandas judiciales y el rechazo frontal de las autoridades locales a la presencia militar en sus comunidades.
Tropas de la Guardia Nacional llegan a Illinois
A inicios de esta semana, soldados de la Guardia Nacional de Texas fueron vistos en el Centro de Reserva del Ejército en Elwood, a 88 kilómetros al suroeste de Chicago.
Según Pritzker, se espera que más de 300 miembros de la Guardia de Illinois sean “federalizados” y desplegados junto con otros 400 provenientes de Texas.
El gobierno estatal asegura que aún desconoce el papel exacto que cumplirán las tropas, pero ha advertido que el despliegue viola la ley y representa “un riesgo para la seguridad de los ciudadanos”.
“No puedo creer que tenga que hablar de ‘movimientos de tropas’ en una ciudad estadounidense, pero eso está ocurriendo aquí”, expresó Pritzker en rueda de prensa.
El gobernador y el alcalde han presentado demandas ante los tribunales para bloquear la medida, alegando que vulnera la Ley Posse Comitatus, que limita la intervención del ejército en el cumplimiento de leyes locales.
Batalla legal y constitucional
Una audiencia judicial está programada para este jueves a fin de evaluar la solicitud de Illinois y Chicago de declarar ilegal el despliegue.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también ha presentado una demanda contra Trump y el Departamento de Seguridad Nacional, acusando a las autoridades federales de usar la fuerza contra manifestantes pacíficos y periodistas en las protestas cerca de un centro del ICE en Broadview.
Según denuncian, agentes federales han lanzado gases lacrimógenos y proyectiles de goma a las multitudes, deteniendo al menos a siete personas por cargos federales.
Rechazo político y acusaciones de autoritarismo
El alcalde Brandon Johnson respondió a Trump desde su cuenta en X (antes Twitter): “Este no es el primer intento de Trump de arrestar injustamente a un hombre negro. No me voy a ninguna parte”.
Pritzker escribió que el presidente “está pidiendo el arresto de representantes electos que controlan su poder”, y preguntó: “¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo total?”.
Ambos coinciden en que el despliegue militar busca “avivar el miedo” y concentrar más poder en manos del presidente. “Esto tiene que ver con incumplir la Constitución y tener más control sobre nuestras ciudades”, dijo Johnson.
Expansión del plan a otras ciudades
Chicago no es la única ciudad en la mira del presidente republicano. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha enviado o considerado enviar tropas a diez ciudades, entre ellas Portland, Baltimore, Memphis, el Distrito de Columbia, Nueva Orleans y varias urbes de California como Oakland, San Francisco y Los Ángeles.
En Portland, estado de Oregón, las protestas en un edificio del ICE se han prolongado durante meses. La gobernadora Tina Kotek ha solicitado evitar la llegada de la Guardia Nacional, asegurando que “no hay insurrección” en el territorio y advirtiendo contra la vigilancia militar en las comunidades.
Un tribunal de apelaciones celebrará este jueves una audiencia para evaluar la legalidad del despliegue en la ciudad más grande del estado luego de que un juez federal bloqueó el intento del Gobierno.
Diferencias en la recepción de las tropas
El despliegue militar divide opiniones entre distintos estados. En Memphis (Tennessee), el gobernador republicano Bill Lee ha respaldado la llegada de soldados para trabajar junto a la policía local. Allí, miembros de un grupo de trabajo federal ya operan como parte del plan de lucha contra el crimen de Trump con el apoyo del Departamento de Defensa y Seguridad Nacional.
Por contraste, en ciudades como Seattle, el alcalde Bruce Harrell firmó órdenes ejecutivas para garantizar la independencia de su departamento de policía y establecer protocolos de denuncia ante potenciales abusos por parte de elementos federales.
La Ley de Insurrección en debate
Trump ha insinuado que podría recurrir a la Ley de Insurrección, que permite al presidente enviar militares en servicio activo a estados que no puedan controlar disturbios o que desafíen la ley federal.
Analistas y autoridades locales alertan que esta medida sería una escalada sin precedentes en tiempos recientes, al abrir la puerta a una participación militar directa en asuntos internos sin el consentimiento estatal.
Escenario de confrontación
Con protestas en las calles, demandas en curso y un lenguaje cada vez más confrontacional entre líderes locales y la Casa Blanca, el despliegue en Chicago se ha convertido en un símbolo de la pugna por el control de las ciudades y por el alcance real del poder presidencial.
En palabras de Pritzker, “esto no es solo una disputa política: estamos hablando de preservar la democracia y cumplir la ley”.
Mientras tanto, Trump mantiene su narrativa de que las ciudades gobernadas por demócratas están “abrumadas por el crimen” y requiere intervención federal, postura que, de momento, seguirá enfrentando resistencia jurídica y política en Illinois y otros estados de la Unión Americana.
