Un tribunal federal de apelaciones rechazó la petición del Gobierno del presidente Donald Trump para aplicar en 23 estados una orden ejecutiva que busca imponer nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó, en un fallo emitido el sábado en la noche, la suspensión temporal dictada el pasado 25 de junio por la jueza federal Indira Talwani, quien concluyó que varias disposiciones de la medida probablemente vulneran la Constitución.
Según reporte de EFE, el Departamento de Justicia había solicitado suspender esa decisión mientras continúa el proceso de apelación, al argumentar que la demanda presentada por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por California, Massachusetts, Nevada y Washington, era prematura porque las agencias federales aún no habían terminado de desarrollar las medidas necesarias para implementar la orden.
El tribunal rechazó ese argumento y sostuvo que los estados ya debían prepararse para las elecciones. “Los estados demandantes no tienen otra opción práctica que responder a la orden ahora”, escribieron los jueces.
La orden ejecutiva, firmada por Trump en marzo, instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a elaborar listas de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto a partir de registros federales de ciudadanía y ordena al Departamento de Justicia dar prioridad a las investigaciones contra funcionarios electorales estatales y locales que envíen papeletas a personas consideradas no elegibles para votar.
Trump firmó dicha orden tras años de cuestionar el voto por correo y sostener, sin pruebas, que su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 fue resultado de un fraude generalizado.
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Talwani determinó que el presidente carece de autoridad para ordenar al DHS elaborar esos registros para los estados y que el Servicio Postal (USPS) tampoco cuenta con autorización legal para imponer normas vinculantes sobre el voto por correo.
La jueza sostuvo además que la orden no puede utilizarse “para intimidar a funcionarios electorales locales” y obligarlos a utilizar como referencia registros federales de ciudadanía que no incluyen a todos los votantes con derecho a sufragar, bajo la amenaza de procesos penales.
Según citaba AP, funcionarios demócratas de 23 estados y del Distrito de Columbia argumentaron que la orden era inconstitucional porque los estados y el Congreso, y no el presidente, tienen la autoridad para establecer las normas electorales.
