Redacción OnCuba
El Tribunal Supremo español condenó el lunes a 12 expolíticos y activistas catalanes por su papel en las iniciativas del movimiento independentista en 2017, en un veredicto que probablemente indignará a los partidarios de la independencia en la acomodada región nororiental.
La corte condenó al ex vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos, tras uno de los juicios más importantes en España desde la restauración de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Ocho de los acusados recibieron largas condenas de cárcel por sus intentos de separar a Cataluña de España tras un referendo ilegal de independencia, mientras que otros tres recibieron penas menores.
La expresidenta del parlamento regional de Cataluña, Carme Forcadell, fue condenada a 11 años y medio de prisión, mientras que los exmiembros del gobierno catalán Joaquim Forn y Josep Rull fueron sentenciados a 10 años y medio cada uno. Los activistas civiles independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart recibieron penas de nueve años.
Aunque la fiscalía había pedido condenas por el más grave delito de rebelión, que según la legislación española implica el uso de la violencia para alterar el orden constitucional, finalmente los jueces condenaron a nueve acusados por sedición –desestimando el de rebelión– lo que supone que fomentaron el desorden público para incumplir la ley.
Al emitir su condena el Supremo dejó abierta la puerta para aplicarles un régimen de semilibertad desde el primer día, lo que les permitiría ir únicamente a dormir a la cárcel de lunes a jueves.
Por su parte, Junqueras y otros tres exmiembros del gobierno regional –Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados a 12 años– recibieron otra condena por malversación de fondos públicos.
Otros tres miembros del antiguo gobierno catalán –Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó– fueron multados por desobediencia.
Grupos independentistas de base habían dicho que organizarían protestas y actos de “desobediencia civil pacífica” si cualquiera de los acusados era condenado.
Las autoridades españolas han desplegado cientos de policías adicionales en la región nororiental en previsión del fallo judicial.
La decisión judicial es otro hito en la larga campaña de los separatistas, que quieren separar a Cataluña de España y crear un nuevo estado europeo. El gobierno español reitera que no lo permitirá. La Constitución española establece la “indisoluble unidad” del país.
La iniciativa independentista fracasó al no encontrar apoyo internacional. El gobierno español intervino la autonomía de Cataluña con la aplicación del Decreto 155, y destituyó al gobierno regional. Más tarde, la fiscalía presentó cargos contra los líderes del llamado procés catalán.
Los fiscales basaron su caso en el referendo del 1 de octubre de 2017, que el gobierno catalán celebró pese al veto del máximo tribunal del país.
El voto a favor de la independencia ganó la consulta, pero al tratarse de una votación ilegal, la mayoría de los votantes no participó y el conteo se consideró poco fiable. Sin embargo, el parlamento catalán declaró de forma unilateral la independencia tres semanas más tarde, desencadenando la peor crisis política en España en varias décadas.
Siete líderes independentistas supuestamente implicados en los acontecimientos, incluido el destituido expresidente catalán Carles Puigdemont, huyeron del país y están considerados como prófugos por el gobierno español.
“100 años de prisión en total. Una barbaridad”, tuiteó Puigdemont el lunes. “Ahora más que nunca, estaremos con vosotros y vuestras familias. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña”.
El juicio incluyó unos 500 testigos, incluido el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y 50 vistas judiciales televisadas a nivel nacional.
Los abogados de la defensa alegaron que los líderes del movimiento secesionista representaban la voluntad de los catalanes que querrían independizarse, y que según los sondeos de opinión son aproximadamente la mitad de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña.
Los líderes catalanes, que llevaban casi dos años en prisión cuando se publicó la sentencia, se han convertido en poderosos símbolos para los separatistas. Muchos simpatizantes llevan lazos amarillos en la ropa como signo de protesta.
Casi con certeza, el veredicto se convertiría en otro tema clave para la causa independentista, que pasa por sus momentos más difíciles en años con sus líderes más carismáticos entre rejas o en el extranjero.
El Estado ha dictado hoy sentencia. El 10/11 Catalunya dictará la suya.#SentenciaProces
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 14, 2019
Los dos principales partidos independentistas tienen opiniones contrapuestas sobre sus próximos pasos.
El propio Junqueras, condenado a 13 años escribió que “No hay otra opción que construir un nuevo Estado para huir de este que persigue a demócratas”.
Mientras, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, rechazó por “injusta y antidemocrática” una sentencia que considera “un insulto a la democracia y a la sociedad catalana”.
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_/status/1183663064916336640
El gobierno en funciones de Pedro Sánchez, afirmó que frente a la decisión del Tribunal, no procede hablar de indultos a los condenados.
https://twitter.com/desdelamoncloa/status/1183689558422097925
El Partido Popular respeta la sentencia del Tribunal Supremo y valora el trabajo de la Sala en este procedimiento ejemplar. En España la ley se cumple y el Estado de Derecho funciona. Pedimos que el Gobierno preserve el orden público y evite acciones violentas en las calles. pic.twitter.com/uJ9nOPPkNf
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 14, 2019
Los grupos independentistas se mantienen criticando la falta de progresos políticos y están convocando manifestaciones en Cataluña.
El veredicto se publicó menos de un mes antes de que España celebre elecciones generales para elegir un nuevo gobierno, y la gestión política de la cuestión catalana será sin duda uno de los temas claves de la campaña.
AP / OnCuba
