Un apagón masivo dejó este miércoles sin energía eléctrica a más de 1.1 millones de personas en Puerto Rico, afectando aproximadamente al 75 % de la isla y paralizando la vida cotidiana del territorio, un protectorado estadounidense desde 1898.
El evento se produjo por la salida inesperada y simultánea de todas las plantas de generación eléctrica, un hecho que ha reflotado la fragilidad y la crisis estructural del sistema energético puertorriqueño.
Causas del apagón masivo
El apagón comenzó alrededor de las 12:40 p.m. (hora local), cuando todas las plantas generadoras, tanto públicas como privadas, dejaron de operar de forma simultánea.
LUMA Energy, empresa encargada de la transmisión y distribución eléctrica, junto con Genera PR, responsable de la operación de las plantas, confirmaron que la causa específica aún está bajo investigación, pero que el evento se debió a una “salida inesperada de todas las plantas de generación”.
Esta falla total del sistema eléctrico generó un apagón a nivel de todo el territorio insular, y afectó municipios clave como San Juan, Bayamón, Ponce, Mayagüez, Arecibo, Caguas y Carolina.
Huracán María y sus consecuencias no atendidas
El colapso no es un hecho aislado y sí tiene precedentes. Desde el huracán María, en 2017, la infraestructura energética de Puerto Rico ha permanecido en estado crítico, con redes eléctricas obsoletas y mal mantenidas que han provocado frecuentes interrupciones del servicio.
El sistema, que nunca se recuperó completamente tras el huracán, ha sufrido múltiples apagones masivos como el registrado en vísperas de Año Nuevo 2025, cuando una falla en una línea soterrada dejó sin luz a más del 90 % de los clientes y tomó días restablecer el servicio.
Además, expertos y funcionarios habían advertido previamente la posibilidad de apagones prolongados debido a la insuficiente capacidad instalada para enfrentar la demanda energética, especialmente en los meses de verano.
Apenas un día antes del apagón, tres congresistas estadounidenses (Ritchie Torres, Darren Soto y Pablo José Hernández, este último comisionado residente de Puerto Rico) en una carta citada por el periódico The New York Times alertaron al Gobierno federal sobre una “crisis inminente de confiabilidad energética” en Puerto Rico.
En la misiva, los legisladores advirtieron que la llamada “isla del encanto” podría enfrentar escasez energética durante hasta 90 días si no se reforzaba la generación eléctrica.
Críticas a la gestión gubernamental y a la administración colonial
La crisis eléctrica ha generado fuertes críticas a la gestión del gobierno local y la administración colonial estadounidense.
La empresa LUMA Energy, que desde 2021 asumió la transmisión y distribución eléctrica bajo un contrato polémico, ha sido señalada por la lentitud en las mejoras y la falta de transparencia en la gestión del sistema eléctrico.
La población ha denunciado la precariedad del servicio, la frecuencia de los apagones y los altos costos de la electricidad, que son de los más elevados en todo el territorio estadounidense.
Por su parte, la gobernadora Jenniffer González-Colón, fuera del país por un viaje personal durante el apagón, fue criticada por la falta de comunicación inmediata y efectiva con la ciudadanía.
La ausencia de información clara y oportuna generó malestar y desconfianza, mientras que la paralización de semáforos y la dependencia de plantas eléctricas de emergencia complicaron aún más la situación en hospitales, escuelas y comercios de la isla, territorio de Estados Unidos desde 1898.
Líderes políticos locales, como el comisionado residente Pablo José Hernández, han señalado que la crisis energética “se ha ido agravando con los años” y que es necesario un enfoque integral y a largo plazo para solucionar el problema.
Hernández ha promovido la creación de un grupo de trabajo (task force) que incluya a agencias federales, LUMA Energy y Genera PR para buscar soluciones estructurales que eviten futuras crisis.
Por otro lado, la administración federal ha sido cuestionada por su rol en la supervisión y apoyo a la infraestructura energética de Puerto Rico.
La isla, como territorio colonial de Estados Unidos, carece de autonomía plena para gestionar sus recursos y depende en gran medida de decisiones y fondos federales que, según los críticos, han sido insuficientes o mal dirigidos para la recuperación y modernización del sistema eléctrico.
Impacto social y económico
El apagón masivo afectó la vida diaria de la población en plena Semana Santa, un periodo de alta actividad social y económica.
El corte de energía paralizó el tráfico en las principales ciudades, interrumpió el funcionamiento de oficinas públicas y privadas, y obligó a hospitales y centros comerciales a depender de generadores de emergencia.
La incertidumbre sobre el tiempo de restablecimiento del servicio, que podría extenderse por días, generó preocupación por la seguridad, la salud y la economía local.
Muchos residentes han tenido que invertir en sistemas solares y generadores portátiles para mitigar el impacto de los cortes frecuentes, reflejando la desconfianza en el sistema eléctrico oficial.
Comerciantes y trabajadores han reportado pérdidas económicas significativas por la interrupción de actividades productivas y daños a equipos electrónicos.
No se trata de un accidente
El excandidato a la gobernación bajo la Alianza de País entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau, manifestó que “Puerto Rico colapsó”.
“Mientras el país entero sufre un apagón general por el colapso de Genera PR y LUMA Energy, la gobernadora Jenniffer González está… de vacaciones. Mientras el pueblo no tiene energía eléctrica, ella sí la tiene. Mientras miles de familias viven en la incertidumbre, ella disfruta de las comodidades del poder”, acotó.
De acuerdo con Dalmau, el apagón generalizado no es un “accidente”, sino la consecuencia de “años de advertencias ignoradas, de decisiones tomadas con fines políticos y no con visión de país”.
“Desde la campaña electoral, y desde mucho antes, advertimos que el modelo energético privatizado, sin transparencia ni planificación, era una receta para el desastre”, zanjó el político soberanista.
