El tirón de audiencias y contenidos de las redes sociales y otros gigantes de internet en los últimos años les ha permitido captar el grueso de los ingresos publicitarios, de forma que los medios de comunicación profesionales han quedado desplazados y sufren una “amenaza existencial”, según la Unesco.
En un informe sobre las tendencias mundiales sobre la libertad de expresión y el desarrollo de los medios entre 2016 y 2021 publicado este jueves, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) explica que en los últimos cinco años los ingresos publicitarios de los periódicos se han reducido a la mitad y suponen ahora apenas un 5 % del total, frente al 21 % en 2010.
La parte de los gigantes de internet en ese periodo ha pasado del 17 % al 54 %. Esa doble tendencia, que se ha intensificado durante la pandemia, acarrea cierres de cabeceras y pérdida de puestos de trabajo. Dos tercios de los periodistas que siguen en el oficio se sienten menos seguros desde que empezó el choque de la COVID-19.
La tirada de los periódicos ya estaba orientada a la baja desde antes de que llegara el coronavirus, pero en 2020 se produjo un verdadero hundimiento (del 13 % respecto al ejercicio anterior) y después de un repunte técnico en 2021 (+2,3 %), se esperan nuevos descensos este año y los siguientes.
Las redes desbancan a los medios
Esa tirada mundial ha pasado de 552 millones de ejemplares diarios en 2016 a 474 millones en 2021, mientras los usuarios de redes sociales subían de 2.300 millones a 4.200 millones en ese mismo período.
Por si fuera poco, esta crisis del modelo económico de los medios se produce en un contexto de “erosión de las libertades de prensa”, según la Unesco, que lo ilustra con que al menos en 160 países en el mundo hay leyes penales que tipifican como delito la difamación.
Desde 2016 se han aprobado o modificado en 44 países normativas para regular los contenidos en internet que, por su formulación “demasiado imprecisa” o por los “castigos desproporcionados” que contemplan, “amenazan la libertad de expresión y la libertad de prensa en línea”.
Los autores del estudio también se refieren al riesgo que suponen para la “información como bien común” los contenidos erróneos y la desinformación, favorecidos por la reducción de la confianza en los medios y la creciente presencia de las redes sociales en la vida cotidiana de millones de personas.
Porque las empresas de internet actúan muchas veces como vectores y aceleradores en su difusión. Según una investigación de la Fondazione Bruno Kessler, solo en septiembre de 2020 circularon en Twitter más de un millón de mensajes con información exacta, poco fiable o engañosa relacionada con la pandemia.
Por lo que respecta a la seguridad de los periodistas la Unesco indica que 400 fueron asesinados por su trabajo o mientras realizaban su labor desde 2016 y hasta finales de 2020 (455 hasta finales de 2021), frente a los 491 en los cinco años precedentes. También muestra su inquietud por la “impunidad” que rodea esos asesinatos, ya que únicamente el 13 % de los registrados desde 2006 se pueden considerar judicialmente resueltos ahora.
Récord de periodistas encarcelados
Si lo que se observa son los profesionales que han sido encarcelados, en 2020 se llegó a 274, la mayor cifra en un solo año en los tres últimos decenios.
Son frecuentes las expulsiones de corresponsales extranjeros y los ataques a periodistas que informan sobre protestas. Entre enero y agosto de 2021, la Unesco tuvo constancia de ese tipo de acciones en coberturas de manifestaciones, protestas y disturbios en al menos 60 países de todas las regiones del mundo. Desde 2015, al menos 13 periodistas han sido asesinados en esas coberturas.
Otra tendencia nueva y al alza es la de la “violencia masiva en línea contra los periodistas”, y que afecta de forma desproporcionada a las mujeres que hacen este oficio. De las 625 mujeres periodistas que respondieron a una encuesta sobre esa cuestión, el 73 % dijeron haber experimentado violencia en la red durante su trabajo.
Para la organización, esta situación exige que los gobiernos tomen medidas en tres áreas clave para apoyar la viabilidad económica de los medios independientes; desarrollar la “alfabetización mediática e informativa” de los ciudadanos”; e impulsar normativas en apoyo de “la producción de noticias libres y pluralistas”.
