Los contribuyentes pagaron más de 342,000 dólares entre 2008 y 2012 para zanjar demandas por discriminación laboral presuntamente ocurridas en oficinas de la Cámara Baja, incluidos casi 175,000 dólares por ocho acuerdos relacionados a acusaciones de acoso sexual y discriminación de género, según estadísticas divulgadas el martes.
Las cifras fueron publicadas por la Oficina de Certificación de Cumplimiento de la Cámara Baja, dependencia pública a cargo de los pagos –muchas veces secretos– que se hacen a empleados de la Cámara de Representantes. La información revela tres acuerdos por acoso sexual que no se habían divulgado antes.
Uno de esos pagos, por 85,000 dólares, fue para zanjar las denuncias presentadas contra el representante demócrata Eric Massa, que renunció en 2010 en medio de acusaciones de acoso sexual a asesores varones, según una persona al tanto del acuerdo.
Un correo de voz que se dejó en la oficina del abogado de Massa, James Doyle, no ha sido respondido.
Previamente, la Oficina divulgó más estadísticas que revelaron un pago único de 84,000 dólares por acoso sexual a nombre del congresista Blake Farenthold. Antes de anunciar que no se postulará para ser reelecto, Farenthold prometió devolver el dinero que usó para pagar por el acuerdo.
Las nuevas cifras indican que las oficinas legislativas pagaron un total de 342,225,85 dólares, incluidos unos 115,000 por tres denuncias de acoso sexual en el período de cuatro años. Se desembolsaron unos 53,000 dólares para pagar cinco acuerdos relacionados con discriminación de género.
También indican que se pagaron 12,240 dólares por denuncias de represalia y discriminación racial y por edad contra la oficina de un funcionario no electo en el Capitolio.
En el último mes, seis legisladores se han visto obligados a renunciar, retirarse o poner fin a sus planes de postularse para ser reelectos tras ser acusados de transgresiones sexuales: los congresistas Farenthold, Ruben Kihuen y Joe Barton han dicho que no se postularán para ser reelectos, mientras que el senador Al Franken y los representantes Trent Franks y John Conyers, renunciaron.
Mientras el Congreso se plantea cómo reformar lo que se conoce desde hace tiempo como un ambiente de “club de hombres”, ambas cámaras han accedido a implementar programas obligatorios de capacitación sobre acoso sexual para todos sus miembros y su personal de apoyo. Además, se presentaron propuestas de ley que eliminarían las cláusulas de confidencialidad obligatoria vinculadas a la mediación, y que requieren que sus integrantes reembolsen cualquier acuerdo financiero pagado con fondos públicos.
La Comisión de Administración de la Cámara de Representantes adoptó regulaciones para implementar la capacitación, que será de cuando menos una hora de duración, abarcará la prevención del acoso, la discriminación y las represalias, y se efectuará en persona, o a través de un seminario interactivo vía internet o por videoconferencia para empleados en oficinas de distrito afuera de Washington. Además, a cada oficina se le requerirá que coloque un letrero en el que esboce las protecciones proporcionadas a sus empleados bajo la Ley de Responsabilidades del Congreso, y que participe en un sondeo sobre el ambiente que priva en el lugar.
Las estadísticas publicadas por la Oficina de Certificación de Cumplimiento no incluyen todos los pagos por acoso efectuados por miembros y sus oficinas. En el caso de Conyers, el legislador le pagó a un ex asesor 27,000 dólares del presupuesto de su oficina del Congreso, lo que generó interrogantes sobre con qué tanta frecuencia se hacen esos pagos, los cuales son prácticamente imposibles de rastrear.
AP / OnCuba
