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Guatemala debate una ley que castiga con cárcel los abortos involuntarios. Las penas de entre dos y cuatro años de prisión están dirigidas a mujeres que sufran abortos involuntarios y son aún mayores para las que interrunpan su embarazo.
La propuesta del debate aumenta las penas por aborto y limita su uso terapéutico, además de prohibir la educación sobre género y la diversidad sexual, reafirmando el veto al matrimonio entre dos personas del mismo sexo.
Según esta ley los médicos se convierten en policía porque tienen el deber de rendir un informe de la muerte del feto y las mujeres deben demostrar su inocencia, luego de recibir su atención como pacientes.
“Se trata de un proyecto de control, para que el Estado no pueda educar en diversidad sexual; de castigo, porque aumenta las penas por aborto; y de prohibición, porque veta el matrimonio igualitario”, explica en un diario una diputada e impulsora de las iniciativas de ley para el reconocimiento de la identidad de género.
Está previsto que la ley se discuta por tercera vez en el Congreso esta semana.
El debate del proyecto de ley llega en momento convulso par ael país por el anuncio del presidente, Jimmy Morales donde explica que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una agencia anticorrupción dependiente de la ONU que le ha señalado en diversas ocasiones por financiación ilegal de su partido, FCN-Nación.
