El exdictador Efraín Ríos Montt, que tomó el poder mediante un golpe de Estado en marzo 1982 y encabezó uno de los períodos más sangrientos de la guerra civil guatemalteca en la que se pretendió eliminar a la guerrilla marxista, murió el domingo por la mañana a los 91 años, acusado de genocidio pero sin apenas pisar la cárcel.
Uno de sus abogados, Jaime Hernández, dijo que falleció de un infarto. Otro de sus letrados, Luis Rosales, agregó que “murió en paz y tranquilo”, rodeado de su familia y con la convicción de que “aquí no hubo genocidio”.
La fiscalía de Guatemala pensaba todo lo contrario.
En 2013, Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad por la masacre de 1,771 indígenas de la etnia maya ixil pero el fallo fue anulado rápidamente y se ordenó un nuevo juicio, para decepción de las víctimas y los activistas por los derechos humanos, que anhelaban verlo condenado por las atrocidades cometidas durante su régimen de 17 meses.
En 2018, ya había comenzado ese segundo juicio “especial” pero por problemas de salud y haber sido imposibilitado legalmente de sus actos, el tribunal lo juzgaba en ausencia y representado por sus abogados.
Con su muerte termina la persecución penal. El exdictador murió sin pagar prisión por los miles de crímenes de guerra de los que fue señalado por la fiscalía. Solo pasó tres días en la cárcel.
A pesar de su historial, el parlamento guatemalteco, de mayoría conservadora, pretendía rendirle “honores” de cuerpo presente por su calidad de “jefe de Estado, presidente del Congreso de la República y diputado”. El legislativo finalmente descartó la posibilidad ante la insistencia de la familia de una despedida “íntima”.
Conocido por infundir miedo y por pronunciar discursos a gritos, Ríos Montt fue durante más de tres décadas una de las personalidades más influyentes de la política guatemalteca.
Nació el 16 de junio de 1926 en Huehuetenango, en el occidente del país, en el seno de una familia católica conservadora e ingresó al ejército como cadete en 1946. A lo largo de su carrera militar pasó por casi todos los puestos, desde jefe de pelotón hasta secretario de Defensa, y alcanzó el máximo grado, general de brigada. En la década del 50 asistió a la Escuela de las Américas.
Ríos Montt se postuló a la presidencia en 1974, pero perdió en medio de denuncias de fraude y fue a la embajada guatemalteca en Madrid como agregado militar.
En marzo de 1982 tomó el poder mediante un golpe de estado, suspendió la constitución, disolvió el Congreso e inició una campaña implacable de contrainsurgencia que provocó miles de muertes. De acuerdo con una comisión de la verdad de la ONU, las peores atrocidades de la guerra civil de 1960-1996 se cometieron durante su gobierno.
No obstante, siempre recibió el apoyo de Estados Unidos, y el presidente Ronald Reagan lo calificó de “hombre de gran integridad y compromiso personal”.
Su gobierno se caracterizó por jueces enmascarados que presidían juicios sumarios de presuntos subversivos y por los mensajes moralistas y religiosos que el dictador convertido al cristianismo evangélico pronunciaba por televisión los domingos por la noche.
“El hombre que tiene dos mujeres es un cerdo; la mujer que tiene dos hombres es una gallina”, decía en sus mensajes.
En el poder se malquistó con un amplio espectro de la sociedad, incluyendo las fuerzas armadas, el empresariado y la Iglesia católica, hasta ser derrocado en agosto de 1983 en un golpe de estado palaciego encabezado por su propio ministro de Defensa.
Sin embargo, conservó su popularidad en otros sectores debido a sus iniciativas de bienestar social y por haber llevado una paz precaria, aunque con puño de hierro, a ciertas regiones.
En 1990 creó un partido conservador, y 10 años después llegó al Congreso al tiempo que su aliado político Alfonso Portillo obtuvo la presidencia. Trece años después fue candidato a la presidencia luego de que la Corte de Constitucionalidad le permitiera participar en elecciones. Quedó tercero, debido en parte a los escándalos del gobierno de Portillo, quien más adelante se declararía culpable en Estados Unidos de lavar millones de dólares mal habidos a través de bancos de la Unión.
Durante años Ríos Montt gozó de inmunidad como legislador. Pero al perder la reelección en 2011, fue sometido a arresto domiciliario.
Luego de un centenar de apelaciones, su juicio en 2013 apareció como una oportunidad histórica para obligar a un dictador latinoamericano a responder por violaciones de los derechos humanos.
Decenas de testigos declararon sobre violaciones, masacres, desplazamiento forzado y otros crímenes cometidos por los soldados bajo las órdenes, o al menos con el conocimiento, de Ríos Montt, según los fiscales.
Vestido de elegante traje, con los zapatos lustrados, el exgeneral se declaró inocente: “Nunca he tenido la intención ni el propósito de destruir a ninguna etnia nacional”, dijo. “Nunca ordené que se atentara contra una raza”.
Ríos Montt fue declarado culpable y condenado a 80 años de prisión. Pero casi inmediatamente, se anuló el fallo debido a irregularidades procesales y se ordenó un nuevo juicio.
Para entonces el exdictador de casi 90 años supuestamente padecía insuficiencia cardíaca y problemas de columna, y los activistas por los derechos humanos temían que nunca fuera condenado.
En enero de 2015 arribó a una audiencia en camilla, pálido, demacrado, en pijamas, cubierto por una manta y con gafas para sol. Su aspecto no era el que conocían los guatemaltecos, de un hombre de baja estatura pero voz tonante, mirada penetrante y apostura de mando.
Un panel de tres jueces resolvió que una jueza debía recusarse, lo que significó el aplazamiento del juicio por tiempo indeterminado.
Ríos Montt y su esposa María Teresa Sosa tuvieron tres hijos: Adolfo, quien siguió la carrera militar, participó del golpe de su padre y murió en 1984 cuando su helicóptero fue derribado por rebeldes; Zury, legisladora, casada con el entonces representante republicano estadounidense Jerry Weller, y Enrique, también militar y ministro de Defensa.
Según la ONU, unas 245,000 personas murieron o desaparecieron durante la guerra civil, muertes atribuidas en su casi totalidad al ejército o grupos paramilitares.
AP / OnCuba
