De acuerdo con un artículo del New York Times, el año pasado la administración Trump sostuvo reuniones secretas con militares venezolanos para discutir planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
La Casa Blanca se negó a responder preguntas sobre esas conversaciones, pero en un comunicado subrayó la importancia de mantener un “diálogo con todos los venezolanos que demuestren deseo de democracia” a fin de “traer un cambio positivo a un país que ha sufrido tanto bajo Maduro”.
Sin embargo, según el texto uno de los militares involucrados en las conversaciones no era exactamente una figura ideal para restaurar la democracia, toda vez que estaba incluido en una lista de funcionarios corruptos. Él y otros miembros del aparato de seguridad venezolano habían sido acusados por el propio Washington de varios crímenes, entre ellos torturar a críticos, encarcelar presos políticos, herir a civiles, traficar drogas y colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), considerada una organización terrorista.
Los funcionarios decidieron finalmente no ayudar a los conspiradores; los planes de golpe se congelaron. Pero la voluntad de la administración Trump de reunirse con militares que intentan derrocar al presidente podría resultar un problema político. “Esto va a caer como una bomba en la región” –dijo Mari Carmen Aponte, la principal diplomática sobre Asuntos Latinoamericanos durante los últimos meses de la administración Obama.
Según el artículo, los militares buscaron acceso directo al gobierno estadounidense durante la presidencia de Obama, pero entonces fueron rechazados. El pasado mes de agosto Trump dijo que Estados Unidos tenía una “opción militar” para Venezuela, lo cual provocó la condena de aliados regionales, pero alentó a los militares rebeldes venezolanos a llegar a Washington una vez más.
Uno de los contactos se produjo en una embajada de los Estados Unidos en una capital europea. Cuando se reportó a Washington, les preocupaba pudiera ser una estratagema para grabar a un funcionario conspirando contra el gobierno venezolano. Después de esa primera reunión, en el otoño de 2017, concluyeron que los venezolanos no parecían tener un plan detallado y que se habían presentado con la esperanza de que los estadounidenses ofrecieran directivas o ideas.
“Estados Unidos siempre está interesado en reunir información sobre posibles cambios de liderazgo en los gobiernos”, dijo Peter Kornbluh, de los Archivos Nacionales de Seguridad. “Pero la sola presencia de un funcionario suyo en una reunión probablemente se perciba como un estímulo”.
La Casa Blanca calificó la situación en Venezuela como “una amenaza para la seguridad regional y la democracia” y dijo que continuaría fortaleciendo una coalición de “socios con ideas afines para presionar al régimen de Maduro a restaurar la democracia en Venezuela”.
En febrero de 2018 el entonces secretario de Estado Rex W. Tillerson pronunció un discurso en el que dijo que Estados Unidos no había “abogado por el cambio de régimen o la destitución del presidente Maduro”. Sin embargo, respondiendo a una pregunta posterior, planteó el potencial de un golpe militar.
Días después, el senador Marco Rubio de Florida escribió una serie de mensajes en Twitter alentando a los miembros disidentes de las fuerzas armadas venezolanas a derrocar a Maduro.
