Alfredo Prieto
Durante más de dos siglos de historia estadounidense ningún presidente o expresidente había sido acusado. Pero en 2023 Donald Trump se convirtió en el primero al acusársele en cuatro casos criminales debido a una amplia conducta delictiva desarrollada antes, durante y después de su presidencia. Dos de los casos fueron a nivel federal.
En el primero fue llevado al banquillo por el fiscal especial Jack Smith por interferencia en las elecciones de 2020, pero Trump se declaró inocente de los cuatro cargos que se le imputaron, incluida conspiración para defraudar a Estados Unidos.
Este proceso, que tuvo una larga ejecutoria, se retrasó debido a varios factores, pero señaladamente por la controversia sobre la inmunidad presidencial.
Al principio, el tribunal de primera instancia (jueza Tanya S. Chutkan, del DC) y el Circuito de Apelaciones de ese distrito dictaminaron que un expresidente carece de inmunidad por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
Después, la apelación de los abogados llegó a la Corte Suprema, en la que seis jueces conservadores —tres designados por el ex—, dictaminaron que Trump podía reclamar inmunidad penal por algunas de las acciones que llevó a cabo durante los últimos días de su presidencia.
“Un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente”, pero “no hay inmunidad para actos no oficiales”, apuntó la opinión mayoritaria de la Corte.
Con posterioridad a ese dictamen, y a partir de él, Jack Smith se dedicó a perfilar la acusación con toda su inteligencia y experiencia a fin de ajustarse a la decisión de Suprema y demostrar que parte importante de los delitos imputados a Trump habían sido cometidos de manera no oficial. El proceso estaba vivo y coleando al cabo de un impasse.
En el segundo, el Departamento de Justicia lidiaba con el hecho de que Trump se había llevado a su residencia de Mar-a-Lago documentos oficiales y altamente sensibles después de abandonar la Casa Blanca. El expediente, que contenía 37 felonías —entre estas, retención deliberada de información sobre seguridad nacional, hacer declaraciones falsas y obstruir la justicia—, le fue asignado a la jueza Aileen Cannon, nominada por Trump en 2020, la que durante todo el proceso tomó decisiones de controversiales a arbitrarias en favor del acusado, tanto a juicio de expertos conservadores como liberales. (Trump se declaró inocente de todos los cargos).
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En una movida ampliamente criticada, Cannon legisló que Smith no había sido designado de manera adecuada como fiscal especial. Esta decisión estaba siendo discutida por Smith y el Departamento en el Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito de Atlanta cuando se produjo el triunfo electoral de Trump. Pero con las nuevas coordenadas, Jack Smith no tuvo más alternativa que tirar los guantes. En un documento público lo explicó de la siguiente manera: “La posición del Departamento de Justicia es que la Constitución exige que este caso sea desestimado antes de que el acusado tome posesión del cargo”.
Aclarando seguidamente algo sobremanera importante: “Este resultado no se basa en los méritos o la solidez del caso contra el acusado. La posición del Gobierno sobre los méritos del procesamiento del acusado no ha cambiado. Pero las circunstancias, sí”.
Durante ambos procesos actuaron dos fuerzas en pugna. Por un lado, los abogados del acusado tratando de sacarle el mayor partido posible a las oportunidades legales que les brindaba el sistema judicial. Anticiparon una posibilidad que finalmente ocurrió: el triunfo de su defendido en las elecciones. Les dio entonces resultado la estrategia: demorar y demorar, tratar de que los juicios no se iniciaran antes del día de los comicios.
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Por otro, el fiscal especial y su equipo técnico obrando bajo la poderosa idea fuerza de que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley, como lo establece la Constitución a partir del pensamiento fundacional de Estados Unidos.
Al final, ambos casos perdieron todo asidero por la razón aludida por Smith. Pero no es eso lo que divulgan ahora mismo Trump y los suyos, dedicados a dejar en la oscuridad las causas del problema y amplificar ideas previas puestas en circulación durante mucho tiempo por el ahora presidente electo.
Un botón de muestra
Las reacciones en el mundo de Trump distaron de subrayar los elementos técnico-jurídicos que condicionaron la decisión para dar lugar, en cambio, a la percepción de que habían sido procesos políticos. Era exactamente lo esperable.
El primero en esa línea fue, naturalmente, el propio acusado, quien reaccionó el mismo día del anuncio de Smith. “Estos casos, como todos los demás por los que me he visto obligado a pasar, son vacíos y sin ley, y nunca debieron haberse presentado”, escribió en Truth Social.
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“Fue un secuestro político y un punto bajo en la historia de nuestro país que algo así pudiera haber sucedido, y sin embargo, perseveré, contra todo pronóstico, y GANÉ. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ!”, agregó.
Por su parte, el vicepresidente electo, JD Vance, fue un poco más realista al anotar que Trump podría haber “pasado el resto de su vida en prisión” si el resultado de la carrera de 2024 hubiera sido diferente.
“Si Donald J. Trump hubiera perdido una elección, muy bien podría haber pasado el resto de su vida en prisión”, escribió en X. Pero pronto entró en sintonía. “Estos procesos siempre fueron políticos. Ahora es el momento de asegurar que lo que le pasó al presidente Trump nunca vuelva a suceder en este país”.
Como para no quedarse rezagado, Steven Cheung, el director de comunicaciones entrante de la Casa Blanca, calificó la decisión de Smith de una “gran victoria para el Estado de Derecho” y dijo que los estadounidenses quieren que Trump ponga fin a la “utilización de nuestro sistema de justicia como arma”.
Finalmente, los aliados de Trump en el Capitolio no podían quedarse fuera del juego. “Una gran victoria para Estados Unidos, el presidente Trump y la lucha contra la utilización del sistema de justicia como arma”, escribió el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. “Esto SIEMPRE se trató de política y no de la ley”.
Lo peor no es eso. Probablemente la decisión de Smith terminará convenciendo a muchos estadounidenses de que no había base alguna para levantar esos cargos. Un comentarista de CNN tuvo a bien resumirlo:
Donald Trump, lamentablemente, está hablando con personas que no están escuchando la verdad sobre estas investigaciones, y esto fortalecerá su argumento, también lamentablemente instalado en sus mentes, en el sentido de que estos casos fueron el resultado de la política y no de méritos propios.
Las acusaciones federales contra Trump marcaron, en efecto, un momento extraordinario en la historia de Estados Unidos. Nunca antes se había manejado que un presidente conspirara para permanecer en el poder después de perder en unas elecciones. Y menos aún acusarlo por ello. Ni por llevarse documentos que pudieran comprometer la seguridad nacional.
Pero hay otro hito. Medio siglo después de Watergate, la cultura estadounidense decidió elegir como mandatario a un individuo que, además, llegó a tener 34 cargos criminales encima por falsificar registros para comprar el silencio de una actriz porno, una condena civil por abuso sexual y otra por fraude financiero de la organización que dirige.
“The Times They Are a-Changin’”, diría Bob Dylan —pero sin dudas en un sentido muy distinto a aquella tonada de 1964.
