Una orden ejecutiva es un documento oficial firmado a través del cual el presidente administra las operaciones del Gobierno Federal, ordena a un funcionario federal o agencia administrativa emprender una acción —o abstenerse de hacerla—.
Técnicamente, es ejecutable siempre que esté dentro de la autoridad constitucional del presidente. El Congreso tiene el poder de anular una orden ejecutiva aprobando una legislación que la invalide. También las cortes pueden ralentizarlas o detenerlas.
Entre el 20 de enero, cuando asumió el cargo, y el 12 de febrero, Trump firmó más de 65 órdenes ejecutivas (de ellas, 42 el primer día, frente a un público multitudinario): la mayor cantidad que un presidente ha lanzado en los primeros cien días de su mandato, en más de cuarenta años. Entre las más importantes se encuentran las siguientes:
Inmigración
- Detener la llegada de refugiados y suspender el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos desde el 27 de enero de 2025.
- Redefinir la ciudadanía por derecho de nacimiento bajo la 14ª Enmienda. Según la redefinición propuesta, un niño nacido en Estados Unidos no es ciudadano si: a) la madre no tiene estatus migratorio legal o está en el país legalmente pero solo temporalmente y b) el padre no es ciudadano estadounidense o residente permanente legal. La orden prohíbe a las agencias estadounidenses emitir cualquier documento que reconozca a un niño como ciudadano o aceptar cualquier documento estatal que reconozca la ciudadanía.
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- Priorizar la construcción continua de un “muro” y “otras barreras” a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
- Poner fin al Programa Parole, que permite entrar a Estados Unidos a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
- Priorizar el reasentamiento de los sudafricanos de ascendencia europea a través del programa de refugiados de Estados Unidos, que Trump suspendió durante su primer día en el cargo. (Acusó al Gobierno sudafricano de discriminar a los afrikáneres, establecidos allí por primera vez en el siglo XVII).
- Exigir una revisión de los casos de todos los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal, con la intención de “garantizar que dichas designaciones tengan un alcance adecuadamente limitado” y duren el tiempo mínimo “necesario para cumplir con el requisito textual” de la ley federal.
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- Ordenar al Secretario de Estado y a los diplomáticos estadounidenses que impongan sanciones a cualquier nación reacia a aceptar y facilitar el regreso de las personas que deporta Estados Unidos.
- Ordenar al fiscal general negar el dinero federal a las ciudades santuario que la Administración considere interfieren con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
- Suspender el otorgamiento de dinero federal a organizaciones no gubernamentales “que apoyan o prestan servicios, directa o indirectamente, a extranjeros deportables o ilegales” en espera de revisiones y auditorías para identificar cualquier operación que pueda “promover o facilitar violaciones de nuestras leyes de inmigración”.
Política doméstica
- Establecer el Departamento de Eficiencia Gubernamental bajo la Oficina Ejecutiva del presidente hasta el 4 de julio de 2026. Esta es la entidad dirigida por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, encargada de implementar recortes en programas y gastos federales.
- Facilitar el despido de empleados federales al restablecer una orden ejecutiva de la primera Administración Trump, derogada bajo Biden. Se agregan disposiciones estableciendo que los empleados federales y los solicitantes “no están obligados a apoyar personal o políticamente al presidente actual”, pero deben “implementar fielmente las políticas de la Administración”, entendiendo que “no hacerlo es motivo de despido”.
- Derogar las órdenes y directivas de Biden sobre la COVID-19.
- Eliminar los estándares de emisiones de la Administración Biden que beneficiaron a los vehículos eléctricos. Revisar cualquier acción que pueda obstaculizar la producción energética nacional.
- Conmutar las sentencias y conceder indultos a cientos de personas condenadas por su papel en los ataques del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.
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- Ordenar al fiscal general que revise las acciones de investigación y cumplimiento de todas las agencias durante el mandato de Biden para identificar lo que el presidente describe como “la utilización del Gobierno Federal como arma” contra sus partidarios. La directiva identifica al Departamento de Justicia, la Comisión Federal de Comercio, la Comisión de Bolsa y Valores y la comunidad de inteligencia. Requiere un informe al presidente sobre los hallazgos con “acciones correctivas” recomendadas.
- Revocar las autorizaciones de seguridad de 50 personas a las que Trump acusa de ayudar a la campaña de Biden de 2020. La lista incluye a los ex altos funcionarios de inteligencia James Clapper, Michael Hayden y Leon Panetta, junto al ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton. Y al propio presidente Biden.
- Ordenar al director de inteligencia nacional y al director de la CIA presentar un informe dentro de los 90 días con recomendaciones para “medidas disciplinarias” adicionales y cómo “evitar que la comunidad de inteligencia o cualquier persona que trabaje para o dentro de ella influya de manera inapropiada en las elecciones nacionales”.
- Reconocer dos géneros a nivel federal, eliminando iniciativas de diversidad e inclusión. Ordenar a las agencias federales que utilicen el término “sexo”, no “género”, y que se aseguren de que los registros del personal federal y los documentos emitidos por el Gobierno, como los pasaportes, “reflejen con precisión el sexo del titular”.
- Ordenar a las agencias que se aseguren de que los fondos federales “no promuevan la ideología de género”.
- Prohibir que los fondos federales se utilicen para la atención médica de reasignación de sexo en las prisiones y ordenar “privacidad en espacios íntimos” para garantizar que los espacios de un solo sexo se designen por sexo y no por identidad de género.
- Retirar a Estados Unidos de los programas deportivos internacionales que permiten la participación de mujeres transgénero. Ordenar a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional trabajar para prohibir la entrada al país de atletas transgénero.
- Retirar fondos a las escuelas y otras agencias educativas que exigen vacunas contra la COVID-19 para estudiantes y personal. Se le ordena al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y al director del Departamento de Educación crear un plan para poner fin del financiamiento federal a las entidades que no lo cumplan.
- Ordenar al Secretario de Estado que “utilice todas las medidas apropiadas y disponibles” para “garantizar que el Comité Olímpico Internacional ajuste sus normas sobre la participación en deportes femeninos”.
- Restablecer el nombre del monte McKinley en Alaska. El cambio reconoce a William McKinley, el 25.º presidente de Estados Unidos, a quien Trump ha elogiado por su liderazgo económico y por la expansión del territorio estadounidense durante fines del siglo XIX. En 2015, el presidente Barack Obama había rebautizado la montaña como Denali, el nombre que le dieron históricamente las tribus nativas.
- Cambiar el nombre de Golfo de México por el de “Golfo de América” (Estados Unidos). “Estados Unidos recuperará su lugar legítimo como la nación más grande, más poderosa y más respetada de la Tierra inspirando el asombro y la admiración del mundo entero”, dijo Trump en su discurso inaugural. “Dentro de poco tiempo, cambiaremos el nombre del Golfo de México a Golfo de América”.
- Desclasificar registros y documentos sobre los asesinatos del presidente John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy y el reverendo Dr. Martin Luther King Jr.
- Ordenar a todas las agencias ejecutivas que adopten políticas para reducir los precios al consumidor.
Política exterior
- Salir del Acuerdo de París, argumentando que perjudica la economía estadounidense.
- Designar a los cárteles internacionales “Organizaciones Terroristas Extranjeras” o “Terroristas Globales Especialmente Designados”.
- Volver a designar a los hutíes de Yemen una organización terrorista.
- Cancelar las sanciones de Biden a grupos e individuos israelíes de extrema derecha acusados de violencia contra los palestinos en Cisjordania.
- Ordenar al Secretario de Estado emitir una guía para poner toda la política, los programas, el personal y las operaciones del Departamento de Estado en línea con una política exterior de “Estados Unidos Primero”.
- Suspender toda la ayuda exterior para el desarrollo en espera de revisiones de “eficiencias y coherencia” con los objetivos de la administración.
- Retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ordenar a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca que detenga futuras transferencias de dinero estadounidense a la OMS.
- Aplicar un arancel del 25 % a las importaciones procedentes de Canadá, y un gravamen del 10 % al petróleo, el gas natural, la electricidad y otros productos energéticos. Las importaciones mexicanas afrontarían un impuesto adicional del 25 % y las de China, un arancel adicional del 10 %.
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- Sancionar a funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), alegando que ha participado en “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”. Imponer sanciones financieras y restricciones de visas a funcionarios de la CPI y sus familiares.
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Este estilo de un poder ejecutivo hiperventilado ha enfrentado múltiples respuestas jurídicas y de organizaciones varias de la sociedad civil.
Hasta ahora, los jueces han bloqueado las órdenes de Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, congelar billones de dólares en gastos federales y permitir que el esfuerzo de ”eficiencia gubernamental” de Elon Musk acceda a los datos de pagos del Gobierno. Pero están pendientes decenas de demandas que impugnan otras acciones ejecutivas.
A principios de febrero, un juez federal de Rhode Island determinó que la Administración Trump había seguido congelando fondos federales, a pesar de una orden de restricción temporal emitida por el mismo juez un poco antes. En un documento de cinco páginas, el juez John McConnell Jr. constató que la Administración, en varios casos, había seguido “congelando indebidamente los fondos federales y negándose a reanudar el desembolso de esos fondos federales”.
El fallo fue una respuesta a una demanda presentada por los fiscales generales de 22 estados y el Distrito de Columbia. En su decisión, el juez ordenó a la administración “restaurar inmediatamente los fondos congelados” y “poner fin de inmediato a cualquier pausa en el financiamiento federal” que afecte a los demandantes. Un segundo juez federal se pronunció en igual sentido. Pero lo siguieron haciendo.
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En medio de estas circunstancias, el vicepresidente JD Vance declaró que los jueces “no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”. Y fue más allá en sus consejos al presidente: “Despida a todos los burócratas de nivel medio, a todos los funcionarios públicos del Estado administrativo, y reemplácelos con nuestra gente”.
Por su parte, grupos de defensa y funcionarios estatales, no necesariamente demócratas, argumentan que Trump constituye una amenaza al Estado de Derecho y al sistema de controles y contrapesos, que se supone debe restringir los poderes del Gobierno.
El problema plantea la pregunta de lo que pueden hacer los jueces si Trump los desafía. No tienen capacidad para tomar medidas contra un presidente que disfruta de una amplia inmunidad para acciones oficiales, mucho más después de un fallo de la Corte Suprema del año pasado.
“Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”, afirma vicepresidente de EEUU
Pero sí pueden emplear algunas herramientas contra los funcionarios de Trump y sus agencias gubernamentales. Pueden, por ejemplo, encontrar culpables a funcionarios o a sus abogados y multarlos por desacato. E imponerles sanciones financieras por incumplimiento. Y, en casos extremos, encarcelarlos por ese mismo desacato, entre otras medidas posibles.
No se trata, simplemente, de que la nueva Administración haya violado una serie de estatutos federales y provocado una avalancha de impugnaciones legales, sino de que algunos de los principales asesores de Trump (no solo su vicepresidente) han puesto en duda que las decisiones sobre esas demandas puedan limitar al presidente.
Todo apunta a una crisis constitucional, resultado de la inobservancia presidencial de leyes y fallos judiciales. Como lo ha puesto un profesor de Derecho de la Universidad de California, Berkeley: “Estamos en medio de una crisis constitucional […]. Ha habido demasiadas acciones inconstitucionales e ilegales en los primeros 18 días de la presidencia de Trump. Nunca hemos visto nada como esto”.
“El que salva a su país no viola ninguna ley”, dice Donald Trump
Una de las últimas publicaciones de Donald Trump, de reminiscencias napoleónicas, resulta categórica y concluyente en este sentido. La emitió el Día de los Presidentes, el 17 de febrero: “Quien salva a su país no viola ninguna ley”…
