|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La política estadounidense de cambio del régimen cubano mediante boicot energético, amenaza de uso de la fuerza, castigos a corporaciones del sector militar, campañas de desprestigio internacional, intimidación a terceros, desinformación acerca del curso de las relaciones diplomáticas y otras acciones de desestabilización, ha sido un fracaso incesante a lo largo de los últimos ocho meses.
Digo que ha fracasado, porque, a pesar del estrago humano y el desgaste político interno alcanzados, del minado a las relaciones exteriores de Cuba y la desfiguración completa de la imagen país vigente apenas en 2019, el resultado al que se aspiraba no se ha conseguido.
Más que defenestrar al gobierno cubano, se intentaba imponerle un cambio a la venezolana; o sea, dejarle las manos puestas en las palancas de mando, pero al precio de negociar la entrega del control real al ocupante estadounidense, otorgándole a este facultades sobre política interna y un sistema político refundado en sus propios términos: derecho de pernada en el acceso a los bienes naturales y a los construidos en las “décadas oscuras del castrismo”; sujeción de sus relaciones exteriores a su tutelaje; privilegios a los intereses del exilio cubano en toda esa transición y reordenando constitucionalmente el sistema, según un modelo capitalista acoplado a la lógica de su esfera de influencia incontestable.
Esta meta, en un plan de muy corto plazo, debía abrir la puerta a una nueva era, donde reinara la prosperidad, la democracia, los derechos humanos y otros bienes propios de un país libre, “donde iba a fluir la leche y la miel”, como dice la Biblia.
A pesar de lo que opinan algunos amigos míos, en la lógica de ese país imaginado, no tendría sentido la anexión, ni el regime change, o la vuelta a 1958. Porque, me pregunto yo, ¿para qué?
Porque ese proyecto implicaba una revolución a la inversa, que cambiara radicalmente el sistema mismo (no solo “el régimen político”) y restaurara el orden de ellos en las relaciones con Cuba. De manera que, si consiguieran todo lo anterior, tampoco tendría sentido restablecer, digamos, la Enmienda Platt. Porque, me pregunto otra vez, ¿para qué?
La política hacia Cuba según el GPS del acoso: rumbos en 2025-26
De mi época de estudiante, recuerdo varias teorías sobre política exterior norteamericana, coincidentes en que, mientras más jerarquía tenía un problema, más racionales eran las decisiones del aparato político. No solo porque los actores eran menos y con más rango, sino porque la necesidad de resolverlo era más alta, y por lo mismo, la pugna de intereses interburocráticos tendía a disminuir. Típicamente, las crisis de seguridad nacional demandaban ese tratamiento jerarquizado y urgente, especialmente cuando había poco tiempo para decidir.
En cambio, los problemas que no entrañaban una amenaza para la seguridad nacional, ni eran imprevisibles ni perentorios, podían estar expuestos a grupos de interés especial y a sus conflictos típicos, como los muy frecuentes en ese campo de batalla, pactos y maniobras ocultas que es el Congreso de los EEUU. Naturalmente, cuando las políticas dependen de esa tupida madeja, las políticas podían resultar mucho más incoherentes, circunstanciales y zigzagueantes.
Si con los lentes de aquellas teorías examináramos las políticas de EEUU hacia Cuba a lo largo de 2025-2026, encontraríamos algunos puntos clave para entenderla y caracterizarla, en vez de opiniones sobre su deber ser. A partir de ese ejercicio empírico es que se podría intentar eso que las ciencias sociales toman como piedra de toque: estimar pronósticos objetivos, digamos, probables.
Al revisar el trazo de la política de EEUU a lo largo de los 20 meses de Trump 2.0, veríamos más claramente sus focos, ciclos y lapsos significativos.
Esta línea de tiempo empieza con el gesto irrisorio de Biden, una semana antes de dejar la Casa Blanca, al sacar a Cuba de la State Sponsors of Terrorism (SSOT, Estados que Auspician el Terrorismo); decisión revertida instantáneamente por Trump aun antes de que se cumpliera legalmente —de manera que Cuba jamás llegó a salir de la lista negra.
Durante los cinco meses siguientes, la medida más registrable fue prohibir las visas a funcionarios cubanos y extranjeros involucrados en programas de cooperación, especialmente las misiones médicas internacionales.
No es hasta el National Security Presidential Memorandum/NSPM-5 (Memorandum Presidencial de Seguridad Nacional, 30 de junio, 2025), un apretón que restringe transacciones financieras directas e indirectas con entidades vinculadas a las fuerzas armadas (GAESA) y el MININT, y refuerza la prohibición del turismo estadounidense, que la política anticubana vuelve a sacar la cabeza. Apenas dos semanas después, se amplía la lista de alojamientos prohibidos, así como de visas, castigando a funcionarios de terceros países e instituciones regionales de salud involucrados con las misiones médicas.
El NPSM-5 declaraba “restringir prácticas económicas que beneficiaran al régimen cubano o a sus agencias militares, de inteligencia o seguridad, hacer cumplir la prohibición legal del turismo a Cuba y apoyar el acceso a internet, la prensa libre, la libre empresa y los viajes lícitos”.
Una mirada ponderada sobre este primer año muestra que la hostilidad hacia Cuba se mantuvo, pero las medidas podrían describirse como más de lo mismo: EEUU sigue tarjeteando la cooperación médica y el turismo, dos fuentes principales de ingreso para Cuba, y aplicándoles nuevas vueltas de tuerca.
Las pausas que ocurren en esa escalada podrían interpretarse como de wait and see; o como si no se hubieran adoptado de manera resuelta a largo plazo; o como si otros temas prioritarios hubieran requerido mayor atención.
Pensando en operaciones más importantes que Cuba, se me ocurren varios frentes: contra la inmigración; intermediar en el conflicto Rusia-Ucrania; en la campaña de aniquilación israelí contra Gaza; alzar los aranceles contra China y sus propios aliados europeos, Canadá, México y otros latinoamericanos; la nueva prioridad geopolítica en el océano Ártico; el despliegue aeronaval en el Caribe y la amenaza contra Venezuela.
Explicar la política que se hace hacia Cuba en Trump 2.0, y en concreto de las acciones y las pausas en 2025, en las personalidades “obsesionadas con Cuba” dentro de la Administración resultaría inconsistente, tomando en cuenta el contraste con 2026.
Como se sabe, la plana mayor del trumpismo, los puestos clave en los órganos de seguridad nacional, que intervienen típicamente en las alzas y bajas de la política hacia Cuba, han permanecido prácticamente en las mismas manos en estos 20 meses.
El arreciamiento de esa política desde inicios de 2026, más que por personalidades, parece explicable por el metabolismo de la geopolítica, por encima de todo.
El detonante de ese cambio metabólico esta vez no fue una guerra en Centroamérica, un conflicto en el suroeste de África, un alzamiento de infiltrados en las lomas del Escambray, un estado de inestabilidad interno que preconizara una guerra civil, una supuesta base de submarinos rusos o una estación china de espionaje electrónico. Sino la operación político-militar contra Venezuela, su efecto en el aparato de seguridad nacional y su proyección incluso más allá del hemisferio.
Este acontecimiento, cuyas consecuencias no podían aparecer en ninguna bola de cristal estratégica de 2025, subió el perfil del recurso al intervencionismo por encima de lo preconizado en la Estrategia de Seguridad Nacional.
No hay que olvidar la repercusión que tuvo en su momento Playa Girón en la presencia de EEUU en el sureste de Asia, contribuyendo a ponerlo en la vía rápida de la invasión a Vietnam. Pensando en términos de big picture, la operación contra Venezuela el 3 de enero de 2026 fue esa splendid little intervention (Teddy Roosevelt dixit) que elevó la probabilidad de otras, animadas por la misma geoestrategia petrolera, o sea, Irán.
No es ningún misterio que la victoria a bajo costo de la operación en Caracas había significado también una enorme ganancia política para EEUU, dentro y fuera. Al tiempo que había dañado a viejos enemigos suyos, como por ejemplo Cuba, privándola inesperadamente del crudo venezolano.
He analizado en otra parte las implicaciones geopolíticas del golpe de Caracas para las relaciones EE. UU.-Cuba. Me limito a agregar aquí que, aunque el secuestro del presidente Maduro había conllevado un daño colateral a la economía ya maltrecha de la isla, su impacto político para esas relaciones fue muchísimo más grave.
Aquel éxito evocaba otros eventos y pautas de la Guerra Fría, especialmente la penetración de fuerzas armadas, gobiernos y organizaciones políticas de izquierda en diversos países. En relación con Cuba, la fórmula de encontrar “un disidente” (un traidor) en las filas castrocomunistas había sido muy popular en la CIA y el NSC de JFK (1961-63) y LBJ (1963-68). Uno capaz de asesinar a Fidel y dar un golpe palaciego; tomar las riendas de la Revolución, y regresarla al buen camino.
Tan obsesiva había sido esa idea, que el asesor de Seguridad Nacional de JFK, McGeorge Bundy, le llegó a escribir un memo al presidente (lo leí, incrédulo, en un archivo de papeles desclasificados en la Biblioteca JFK), donde le decía: “We need to find any dissident in the Castro government —even Fidel himself”.
Una mirada retrospectiva sobre el guion de la política de EEUU hacia Cuba en 2026 puede servir para contrastar algunas de estas hipótesis.
Parafraseando a Wayne Smith, se diría que Venezuela surtió sobre la Administración Trump el mismo efecto que la luna llena sobre los hombres lobo.
De ahí que decretaran una súbita emergencia nacional relacionada con Cuba, que justificara una declaración de cerco energético total a la isla (Orden Ejecutiva 14380, 29/01/2026), apoyada en su recurso predilecto, la imposición de aranceles a productos procedentes de países que le vendieran o suministraran petróleo a la isla, directa o indirectamente.
Aunque la Corte Suprema, pocos días después, falló contra el uso por el ejecutivo de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), invocada por Trump para castigar o amenazar a cualquier país con medidas económicas por su cuenta, la “emergencia nacional” y el boicot energético a Cuba se mantuvieron como si fuera harina de otro costal.
La escalada de esta guerra económica 2.0 aplicaba paralelamente un recurso novedoso: afirmar que se estaba negociando con “figuras clave” dentro del régimen cubano, e incluso al punto de estar alcanzando un acuerdo, en los términos de EEUU.
Esta prestidigitación diplomática tuvo el efecto de alarmar a muchos, particularmente en la selva oscura de las redes, pero también en medios intelectuales e incluso entre analistas, convencidos de que un coronel del MININT, nieto de Raúl Castro, estaba negociando con Washington el destino de nuestras relaciones, “a nombre de la Revolución”.
Este juego de manos no logró, sin embargo, que el gobierno cubano hiciera concesiones a priori, ni accediera a aceptar precondiciones, antes de sentarse a negociar de verdad.
Dado que esa pseudodiplomacia no tuvo frutos, salvo en contribuir a la confusión ya existente y espantar a terceros en sus relaciones económicas con la isla, tres meses después de declarado el boicot, este siguió atormentando la existencia de los cubanos en la isla y diversificándose.
Así que, a partir de mayo, se iniciaría una escalada distinta y diferente, no solo en concentración de sanciones, sino en su alcance, más allá de “los represores” (MINFAR, MININT) y sus “colaboradores”; de los “intereses oficiales”; de la “base de apoyo del régimen” que supuestamente era su blanco.
Establecida al margen de las Cuban Assets Control Regulations (CACR, Regulaciones para Controlar Activos Cubanos), la Executive Order 14404 (EO, Orden Ejecutiva 14404, 1/5/2026) imponía sanciones a personas y entidades extranjeras vinculadas no solo a energía, sino a defensa, minería/metales, servicios financieros y seguridad, así como a aquellas instituciones financieras que realizaran transacciones con “personas bloqueadas”.
Unos días después, el castigo al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) se extendió a personas y entidades que fueran sus socios comerciales o financieros en cualquier lugar del mundo. Bajo esta telaraña de antiguas regulaciones y sucesivos decretos presidenciales, instituciones como el ICAP, los CDR y el propio presidente de la República, fueron incorporados a la lista negra de condenados.
La extensión de las “sanciones” a la empresa estatal CUPET (11 de junio, 2026), sin ninguna relación con las FAR o el MININT, ya que sirve combustible mayoritariamente a ciudadanos, taxistas y transportistas privados, solo puede responder al propósito de negárselo a todos en la isla. Un mes después (23 de julio, 2026), otra vuelta de tuerca abarcaría a empresas dedicadas a finanzas y servicios médicos.
Ese requinto en dirección del bloqueo generalizado confirmó su razón de ser, con el apretón más reciente contra el Banco Exterior de Cuba y otras empresas petroleras y mineras (3 de septiembre). Y se coronó al fin de este mes, cuando las “regulaciones sobre control de activos” (CACR) se cerraron sobre los intercambios educativos y culturales, las transacciones bancarias indirectas, y el acceso que supuestamente tenían las empresas privadas cubanas (mypimes) a los bancos de EEUU.

La quintaesencia de una política concebida hace 60 años
¿Por qué ese repunte de medidas en junio, julio y sobre todo septiembre?
¿Será pura coincidencia las 176 medidas aprobadas en junio de 2026, el mayor paquete de reformas económicas, organizadas en 23 ejes que incluyen banca privada, apertura al capital extranjero, reforma salarial, descentralización y cambios en subsidios y planificación?
Si el enemigo principal son los oficiales de las FAR o el MININT, la dirigencia o la burocracia del gobierno y el PCC, ¿cómo es que todas esas nuevas executive orders (EO) y extensiones de las assets control regulations (CACR) afectan a servicios médicos, empresas no pertenecientes al sector militar, universitarios y artistas, y significativamente, empresas privadas?
Hace un par de semanas, un viejo amigo me envió el borrador de una ponencia, que iba a presentar en un evento organizado anualmente por cierta asociación en Miami, donde se suele formular y debatir el futuro de Cuba. La encontré muy interesante y provocadora, y como he tenido la oportunidad de discutir sobre ese futuro con diversos auditorios, imaginé el debate que iba a propiciar. Se lo comenté, y él, con su habitual bonhomía, se sonrió y me contestó que había encontrado una palabra en inglés que definía la esencia de la política de EEUU hacia Cuba: immiserate. Y me propuso que lo aceptáramos como neologismo.
Con mi manía de editor, recurrí al diccionario de la Real Academia, y encontré que miserabilizar tenía carné de identidad en español, con el mismo significado que en inglés: convertir algo o a alguien en miserable. De paso, encontré también que, en inglés, immiseration se asocia a la conocida tesis de Marx sobre la depauperación de los trabajadores, como base de la riqueza de la clase alta.
Comoquiera que sea, miserabilizar recoge mejor que depauperar la lógica que anima la política de EEUU actualmente en curso contra Cuba y los cubanos.
Aunque hacía apenas quince meses, el NPSM-5 (junio, 2025) declaraba “apoyar el acceso a Internet, la prensa libre, la libre empresa y los viajes lícitos”, hoy resulta obvio que el verdadero objetivo es castigar, reduciendo a la miseria, a todos aquellos que acepten convivir y mantenerse dentro de un orden como el que existe aquí; aun a quienes quieren transformarlo, democratizarlo, reformar su economía y su sistema político, extender sus libertades y derechos; a maestros, estudiantes, académicos, emprendedores, agricultores, artistas, intelectuales, trabajadores. Y de paso, reprimir a todos aquellos que en EEUU o en otros países quieran relacionarse con nosotros.
Miserabilizar para aislar y someter. A fin de cuentas, quintaesencia de una política concebida hace 60 años, que ahora se aplica sin afeites ni peluquerías, en el estilo de este gobierno.
¿Cambiará en algo cuando, dentro de un mes, los que votaron por ellos puedan elegir a un Congreso que les imponga algunas riendas? ¿Servirán esas riendas para que desistan de miserabilizar a Cuba?
La verdad es que no lo sé. Aunque lo dudo.











