Imaginemos por un momento que en Cuba hubiera tres partidos, nombrados Partido del Socialismo Renovado, Partido Revolucionario Cubano y Partido Fidelista. Imaginemos que los tres concurrieran a elecciones y gobernaran según el voto popular, con plataformas dedicadas a la construcción de un socialismo con énfasis diferenciados, pero definidamente anticapitalista y antiimperialista, por la justicia social, la equidad, la soberanía, el desarrollo social (no solo el crecimiento económico), la democracia de los ciudadanos, los derechos humanos, y muy especialmente, la dignidad de todos los cubanos.
Según este escenario, me pregunto cuántos en el resto del mundo considerarían a Cuba una república plenamente democrática o, por el contrario, seguirían juzgándola como carente de un pluralismo esencial, solo concebible en una “economía de mercado” a toda máquina, y con partidos antisocialistas y “de derecha”, incluyendo los afines con “la democracia americana”.
Imaginemos ahora que esos tres partidos están gobernando a Cuba en este momento, y que, en vez de turnarse en el poder según el ciclo electoral, comparten el mismo Consejo de Ministros y Consejo de Estado, se sientan en las reuniones del Comité Central y la Asamblea Nacional, y se ponen de acuerdo para gobernar de manera colegiada y tomar decisiones por consenso. Como es lógico, el proceso político se hace más lento y también más contradictorio. A un paso más demorado y ambivalente también contribuye que las nuevas políticas, aquí y en todas partes, sufren cierta degradación desde que se acuerdan y se enuncian, se formulan en regulaciones, y al final se implementan, para seguir un camino sujeto a interpretaciones, resiliencia e inercia burocrática, hasta que se aplican abajo.
Así las cosas, cuando una situación de crisis y emergencia nacional logra, típicamente, estrechar el rango del consenso, no hay más alternativa que implementar acuerdos pendientes y tomar otros bajo presión, rastrear su puesta en práctica hasta abajo, poniendo en la mira trabazones intermedias y agentes perturbadores locales, y usando todos los recursos del poder, desde la exhortación a la ciudadanía hasta la aplicación de la ley, incluida la coerción.
La publicación Cuba y su desafío económico y social (8 de septiembre, 2020), resumen de la “Estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19” ilustra una situación como la descrita en el párrafo anterior. Firmada por el Ministerio de Economía, afirma que “esta Estrategia nos conducirá a estar en condiciones más favorables para los análisis que se deben realizar en el 8vo. Congreso del PCC”. Responde, por cierto, a mi primera lucubración en torno al próximo evento del Partido, en esta misma columna, hace un mes.
Presentada en medio de la recurva de la pandemia, esta Estrategia Económico-Social (en lo adelante, ESES) resulta, sin embargo, algo más que un plan de emergencia para enfrentar los efectos de la COVID-19 dentro y fuera. Entre sus nueve “principios estratégicos”, expresamente entroncados con los dos congresos del PCC anteriores, sobresalen regular el mercado “por métodos indirectos” (entiéndase, no mediante edictos administrativos); reconocer el “papel dinamizador de la demanda interna” (o sea, del mercado); la “complementariedad de los actores económicos” (entiéndase, empresa estatal y privada, cooperativa agrícola y no agrícola, empresa extranjera, trabajadores por cuenta propia); aplicar “las formas de gestión y propiedad acordadas” y repartir (“redimensionar”) lo que le debe tocar al sector estatal y al privado, y su articulación respectiva.
En mi primer texto de esta serie sobre el futuro cercano comentaba la obvia necesidad de una sintonización entre documentos clave emitidos en distintos momentos, como la Conceptualización del modelo (2016) y la Constitución (2019). Recordé sus temas estratégicos y los de los Lineamientos (2011, 2016), en particular, la descentralización y la autonomía de los municipios, el espacio acordado (y pospuesto) al sector privado y cooperativo, así como la transformación (pendiente desde tiempo inmemorial) del estatal.
Apunté la revalorización de la salud, la educación superior, la cultura y la ciencia, apenas definidas como “servicios públicos” y “sectores presupuestados” (dígase, improductivos), en vez de fundamentos de la innovación y el desarrollo de todas las industrias y servicios. Mencioné la actualización del Código de Familia, lo más debatido en la consulta previa a la Constitución. Pregunté qué va a pasar con temas ignorados en todos esos documentos, como la emigración cubana, y otros apenas nombrados, como los sindicatos y demás organizaciones, con un papel crucial en una democracia socialista.
Si se toma la ESES como esa sintonización y actualización de formulaciones anteriores, encontraremos, en medio de ideas e intenciones repetidas antes, algunos énfasis y enunciados nuevos. Como muestra, tomemos lo que se dice del sector privado, es decir, empresa privada, cooperativa y trabajo por cuenta propia.
Curiosamente, en este documento resulta recurrente el término privado, en lugar del genérico no estatal. Plantea dar “pasos para la constitución de micro, pequeñas y medianas empresas, que podrán ser privadas, estatales o mixtas”, establecer “un mecanismo que permita a los productores privados financiar con moneda libremente convertible”, ofrecer servicios “del seguro destinados al sector privado, que brinden protección a sus activos, a la labor productiva, y a los trabajadores del sector” y facilitar “acuerdos de negocios” entre privados y empresas estatales. Asimismo, habla de “mayor flexibilidad en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, para que este pueda adaptarse al nuevo escenario económico y social”.
Resulta significativa no solo la frecuencia, sino la visión cualitativamente diferente en la formulación del rol de las cooperativas “no estatales”. Se reconoce la necesidad de “normas jurídicas que agrupen todo tipo de cooperativas (…) para la eliminación de las actuales restricciones, en particular las relacionadas con la cantidad de socios y su alcance territorial”, y de “alianzas entre el sector empresarial y el cooperativo”.
Por primera vez en un documento oficial, se concibe, por ejemplo, dar “pasos para la constitución de nuevas cooperativas en sectores priorizados en la economía”, facilitar que “cooperativas de diverso tipo” permitan liberar de ciertas funciones a los organismos de la administración central del Estado, a fin de que “se concentren en sus funciones estatales”. Asimismo, “avanzar, como parte del desarrollo de las cooperativas, en las informáticas u otras formas de gestión no estatal, que posibilite mayor producción de aplicaciones y servicios informáticos”, así como “incorporar[las] a la elaboración y evaluación de los estudios de factibilidad [de las inversiones]”.
Concebir las cooperativas, y el sector privado en general, como forma de gestión “para la innovación, recuperación y fabricación de piezas de repuesto”, el desarrollo de software y telecomunicaciones, o de control administrativo en organismos públicos no solo es un salto respecto a su adopción para servicios en cafeterías y peluquerías, sino en la visión de una economía mixta realmente integrada.
Aunque en diversas publicaciones académicas1 estas ideas sobre cooperativas, pymes y trabajo por cuenta propia se han publicado y debatido desde hace muchos años, el alcance de un sector privado más allá de paladares, taxis, hostales y otros servicios puntuales es una novedad en documentos oficiales. Como se sabe, antes de los actuales modelos chino o vietnamita, la articulación de las pymes manufactureras y de servicios con el sector estatal cubano fue parte de su socialismo durante nueve años, hasta el 13 de marzo de 1968, en que casi 60 000 fueron nacionalizadas. Ahora bien, lo que los anglos llamarían el litmus test de este sector privado, su papel real en el desarrollo cubano de hoy, radica más bien en la incorporación del “capital humano”, es decir, el aprovechamiento de la fuerza laboral calificada, cuyo aporte a “la cadena de valor” podría superar con mucho al de las maquiladoras chinas o dominicanas.
Más importante probablemente que la consagración de una economía con múltiples actores, como la descrita en la ESES, resulta la descentralización y la autonomía de los municipios, por su impacto para el conjunto de la sociedad. Aunque los debates públicos sobre el borrador constitucional en 2018 no le dedicaron el espacio que tuvieron otros temas más candentes, esa sección de la nueva Constitución (Título VIII. Órganos locales del Poder Popular) fue ampliamente corregida y aumentada, es decir, transformada, en términos esencialmente políticos.
El significado de la autonomía municipal y la descentralización, como todo lo que entraña redistribución del poder, resulta estrictamente político. Ahora bien, este no se limita a devolverle al municipio su papel en el gobierno real y la toma de decisiones sobre lo local, a revivir el exangüe Poder Popular en sus bases, a facilitar la participación ciudadana y a fomentar el “sentido de pertenencia” de trabajadores y ciudadanos, del que mucho se habla. Sin gobierno local autónomo no hay “liberación de fuerzas productivas”, enclavadas por lo general en un espacio cuyos medios las nutren; ni creación de empleo sin necesidad de recursos asignados desde el centro o el extranjero; ni soluciones a los problemas del entorno; ni manejo eficaz del presupuesto; ni enfrentamiento a desastres naturales; ni control de la corrupción o la propagación de epidemias, como se ha demostrado en los últimos seis meses.
“Pensar como país” supone hacerlo con las 168 cabezas locales donde ese país existe realmente. Por ejemplo, acceder a “fondos en cuentas bancarias para financiar proyectos de desarrollo local, que administren los consejos de la Administración municipales”, cuyos ingresos puedan reinvertirse el año entrante, y hacer rentable al municipio, para que crezca más allá de un ente recolector de impuestos. En otras palabras, no solo asegurar “el autoabastecimiento municipal de productos agropecuarios”, sino hacer valer “las estrategias de desarrollo municipal y planes de ordenamiento territorial y urbano”, y ponerlas en manos del Poder local y sus instituciones.
Son elementos de una revolución en el papel activo del municipio, reconocidos en el documento: la aprobación de inversiones de determinada escala; encargar el mayor abastecimiento de insumos estratégicos, como los materiales de construcción, a “planes locales de producción”, “utilizar de forma más eficiente los recursos de los gobiernos locales u otras actividades que se puedan potenciar, con fondos presupuestarios para el desarrollo del país”.
En oposición a los muchos daños causados por la pandemia, habría que contabilizar su impacto político en la conciencia y en las instituciones públicas, en el gobierno y en los gobiernos. Así que, además de “fortalecer la atención primaria, abrir consultorios del médico y la enfermera de la familia” y disponer de “mayor resolutividad de los policlínicos”, se ha vuelto prioridad “fortalecer las áreas de terapia intensiva municipales y su acreditación, así como las unidades de cuidados intensivos”.
Pero el saldo de la COVID-19 no se limita al papel decisivo de los gobiernos locales, ni a la prueba de fuego a la que ha sometido a la salud púbica cubana, a agrandar y consolidar su imagen dentro y fuera. Su efecto mayor en la política económica y en la mentalidad de los que la conciben se podría expresar en el grado de revalorización de la salud y la ciencia, así como de la educación superior y la cultura, como motores de la innovación y el desarrollo. ¿Hasta qué punto ha sido así?
Además de comprobar con horror que no he logrado abordar los principales temas pendientes, según me juré al empezar este texto, me doy cuenta de que también tengo muchas preguntas sobre lo expuesto. Después de haber sometido al lector a una lluvia de entrecomillados, que deben haberlo agobiado un poco, adivino que no tiene que ser un escéptico para preguntarse sobre la viabilidad y determinación de estas formulaciones. Además del síndrome de Pedro y el Lobo (¿esta vez sí será?), hay ausencias estratégicas en la Estrategia.
Por ejemplo, se menciona la necesidad de la “estabilidad monetaria y cambiaria” como elemento de la “estabilización macroeconómica”, pero no se dice una palabra sobre la unificación, a pesar de que especialistas del Banco Central la han abordado recientemente.
Por otra parte, el municipio no es una panacea. Los elementos de una cultura política institucional acumulada por décadas, la reproducción de “hábitos de mando” y de administración que se confunden con gobernar, la formación de cuadros y la educación de los dirigentes no son el mejor de los mundos posibles. Finalmente, descentralizar el poder no es lo mismo que desconcentrar decisiones. La municipalización de la política tiene por delante grandes desafíos de práctica y de mentalidad que vencer, ninguno de ellos resueltos por un articulado constitucional ni un plan de política económica, por muy progresivos y audaces que se vean.
Para quienes toman la implementación de las pymes, la ampliación del sector privado y la estructuración de un mercado coherente como las llaves de una economía próspera, la luz al final del túnel se vuelve cada vez más azul, como los objetos del espacio exterior que se vienen acercando. Para los que entienden la transición a otro socialismo como una ecuación formada por factores disímiles, tanto dentro de la sociedad civil como dentro del Estado y sus diversas instituciones, se trata de una función mucho más compleja y contradictoria.
Para los políticos, la cuestión consiste, hasta cierto punto, en calcular costos y beneficios, como para los médicos escoger cuál terapia aplicar a cuál patología. La diferencia es que los cirujanos saben exactamente dónde y cómo operar, sobre un cuerpo que está quieto, anestesiado. La cosa no es tan sencilla para quienes trazan la política económica, o cualquier otra. Predecir resulta casi siempre un pronóstico reservado.
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Nota:
- Temas # 54 (2008), sobre Cooperación y participación; # 75 (2013) sobre Economía social y solidaria; # 89-90 (2017), sobre La pequeña escala como estrategia de desarrollo.