Dr.C Juan Triana Cordoví
Un par de meses atrás una caja de pollo podía alcanzar los 12 500 CUP y un litro de aceite de girasol podía costar 1 500 CUP. En la actualidad, todavía hoy, es posible comprar esa caja de pollo entre 6 000 y 7 500 CUP; y el aceite de girasol, entre 550 y 700 CUP.
No hubo ningún milagro, tampoco hubo que desgastarse en infinitas reuniones ni consumir recursos en visitas y controles. Fue solo el incremento de la oferta y de la concurrencia de muchas pymes importadoras de “productos finales” que, sin ponerse de acuerdo, compitiendo entre ellas mismas, hicieron que el precio en pesos cubanos descendiera en esa magnitud.
Para poder vender ese pollo, las pymes deben antes contratarlo y pagar al menos el 50 % a la firma del contrato; deben comprar al menos un contenedor que carga unas 25 toneladas, entre 1,4 y 1,5 dólares por kilogramo.
Significa que esas pymes a las que se les culpa de la “manía de importar productos terminados” deben adelantar al menos la mitad de esos 37 500 USD, esperar mínimo un mes, pagar el resto del importe al recibo del contenedor y luego vender ese pollo dolarizado en pesos cubanos.
Para volver a obtener dólares, a falta de un mercado de cambio oficial, transparente y confiable, esas pymes recurren a “operadores informales” —que podrían ser formalizados— que les facilitan lo que, por las razones que sea, el sistema bancario cubano no es capaz de facilitar.
Debería existir algún tipo de sensor capaz de detectar cuándo una medida, política económica, decreto-ley, orientación, indicación, tiene un carácter regresivo en términos económicos tanto en el corto como en el largo plazos. Debería existir además un instrumento que lo complementara y pudiera impedir que la medida fuera aplicada y entrara en vigor. Lamentablemente, ninguno de los dos existe.
Solo queda confiar en la sabiduría, la experticia, la capacidad de análisis, la sagacidad y el sentido común de quienes están a cargo y de los que, sin estar formalmente a cargo, pueden influenciar el proceso de toma de decisiones. Ocurre que los hechos siguen siendo tozudos y parecen no querer colaborar con los diseñadores de las políticas económicas.
El debate que tiene lugar hoy en Cuba motivado por la controvertida Resolución 111/2023 emitida por el Banco Central de Cuba (BCC), a la cual siguió de inmediato el anuncio por el Ministerio de Comercio Interior de un grupo de normas sobre el comercio minorista, el uso del efectivo y la aspiración de que en seis meses no se utilice efectivo en el comercio (por cierto, no conozco ningún país del mundo, ni siquiera aquellos que han alcanzado el mayor desarrollo del comercio, que haya logrado prescindir del uso de efectivo) rebasa con creces las medidas que lo originaron.
En realidad el debate aborda asuntos mucho más esenciales, tales como la capacidad del Estado y el Gobierno para conducir y lograr rebasar una crisis que dura ya varias décadas; el tamaño y la viabilidad del sistema empresarial estatal; el rol del sector privado en la economía y la sociedad cubana; la calidad y la coherencia de las instituciones, entendidas como las reglas de juego; la asignación eficaz y coherente de los escasos recursos de los que el país dispone en función de las urgencias estratégicas; la diatriba entre producción nacional e importaciones —un viejo dilema reverdecido en esta nueva coyuntura, etc.
Resulta casi imposible encontrar nuevos ángulos para examinar la Resolución del BCC, de tanto que se ha escrito sobre ella. Intentaré sintetizar lo que me parece son los principales consensos, algunos más públicos que otros, aunque sin duda no podré abarcarlos todos:
- Sobre la necesidad de la bancarización: creo que ningún economista discrepa de la necesidad de lograr niveles crecientes de bancarización, como tampoco discrepa de los bajos niveles de bancarización existentes en Cuba.
- Sobre las ventajas que teóricamente se le reconocen: seguridad, eficiencia y ahorro, transparencia, inmediatez, capacidad de pago, funcionamiento permanente. Todas, de alcanzarse, son innegables.
- Sobre el argumento dado por el BCC para tomar la medida: aquí también existe consenso, en el sentido de que resulta imposible ignorar la poca disponibilidad de efectivo en poder del sistema bancario, lo cual le obstaculiza cumplir parte de sus funciones y atender las demandas de dinero efectivo de la población y las empresas. Sin embargo, también existe consenso en que otras razones auparon la decisión y que de alguna manera esta tiene un trasfondo político dirigido a reducir/limitar/entorpecer la dinámica de las pymes y de otros actores no estatales.
- Sobre el momento en que ha sido tomada esta medida: existe consenso en que se repite el mismo error que se cometió con el Ordenamiento; se ha hecho en el momento equivocado y sin las condiciones mínimas necesarias para reducir los impactos negativos.
- Sobre la capacidad de las oficinas del sistema bancario cubano: aquí no solo un grupo grande de economistas, sino toda la población que acude a las oficinas e incluso funcionarios de los bancos, han reconocido que la demanda de servicios bancarios hace mucho tiempo ha sobrepasado la capacidad del sistema bancario cubano de satisfacerla. De igual manera, han reconocido el atraso tecnológico que padecen esas oficinas y la carencia de personal para atender a la población.
- Sobre la infraestructura tecnológica que debe soportar esta transformación: aquí el consenso generalizado, sustentado en la realidad cotidiana, es que el sistema bancario se verá desbordado por el crecimiento exponencial de las operaciones y la imposibilidad/incapacidad de las empresas estatales responsables de garantizar esa infraestructura de proveer nuevas facilidades tecnológicas de inmediato. Imagino a las cubanas y los cubanos que viven en territorios muy apartados, donde tener 3G es un milagro.
Luego, en la Mesa Redonda del lunes 7 de agosto, altos funcionarios del Banco Central de Cuba confirmaron la falta de condiciones de todo el sistema bancario cubano y a la vez dejaron de abordar los temas más sensibles derivados de la innovadora resolución, como si el sistema bancario viviera en un universo y las cubanas y los cubanos vivieran en otro diferente de aquel.
Lo otro que llama la atención es que una decisión de tal envergadura no haya sido primero discutida en la recién finalizada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, consultada con expertos, sometida a un exhaustivo análisis de consecuencias en las instancias correspondientes de esa organización.
Al menos un grupo de colegas, economistas de diferentes edades, coincidimos además en que la bancarización forzada tendrá efectos negativos de corto y mediano plazos; reducirá la oferta de bienes, alimentará la inflación, tanto porque depreciará más el peso cubano como por la reducción de la oferta, de la concurrencia y de la competencia; promoverá una mayor informalidad en el sector monetario de la economía y generará nuevos canales informales de financiación; empujará hacia arriba la dolarización; reforzará la incertidumbre y también contribuirá a una mayor concentración de la riqueza.
Como efecto boomerang impactará negativamente en aquellas empresas estatales que han desarrollado algunos negocios con el sector no estatal. Debe esperarse además el cierre de pequeñas y medianas empresas y la reducción de la dinámica de apertura de nuevos negocios.
Por todas las razones mencionadas es una medida regresiva. Vaya manera de “avanzar” hacia la prosperidad.
Mientras escribo estas líneas, 8 de agosto de 2023, el peso cubano en el banco tiene un 10 % de devaluación en relación al peso físico. Es el primer gran logro del Banco Central.
Como en otras ocasiones, no solo chocamos con la misma piedra una y otra vez: lo perverso es que parezca que se disfruta haciéndolo.
