Macroeconomía: el orden de los factores sí altera el producto

Para el año 2023 los objetivos priorizados definidos por el Ministerio de Economía y aprobados por la Asamblea Nacional son los siguientes:

1. Avanzar en la estabilización macroeconómica del país.
2. Consolidar la restructuración del mecanismo de asignación de divisas de la economía.
3. Continuar avanzando en la recuperación de las capacidades del sistema eléctrico nacional y acelerar la introducción de las fuentes renovables de energía.
4. Avanzar en la reducción de las desigualdades.
5. Consolidar el proceso  de descentralización de competencias a los territorios.
6. Avanzar en la transformación integral de la empresa estatal socialista.

No está explícito que el orden de presentación exprese la prioridad que los mismos tienen, aunque, a mi entender, alcanzar cierto grado de estabilización macroeconómica resulta más que prioritario si se me permite la expresión. 

Lo que ocurre con la subida de los precios de algunos bienes (arroz, boniato, aceite, etc.) confirman la importancia de ese primer objetivo. 

La inflación ha hecho añicos la capacidad adquisitiva del ingreso (no sólo del salario) del cubano promedio, y ha convertido productos de primera necesidad en “bienes suntuarios”, haciendo que sea casi un lujo comerse un plato de arroz con boniato. 

Mientras, la distorsión cambiaria ha minado el rol de los precios relativos en la economía, generando señales muchas veces incorrectas a nivel microeconómico con costos en eficiencia, productividad y competitividad.

Un programa de estabilización macroeconómica si bien exige disciplina fiscal y monetaria, también exige recursos para propiciar las transformaciones económicas y del sistema productivo que lo hagan sostenible en el mediano plazo, y a la vez reduzcan todo lo posible los “costos” de la estabilización. 

¿Insuficientes recursos internos? Es cierto que Cuba no genera suficientes recursos internos para acometer un programa de la magnitud y profundidad que se necesita. El comportamiento de la formación bruta de capital así lo demuestra como se ve en el gráfico siguiente:

La relativa baja disposición de recursos internos y su poco entendible asignación a destinos que lejos de generar oferta impulsan el crecimiento de la demanda explica, al menos en parte, la necesidad de encontrar otras vías para obtener los recursos necesarios.

Si se atiende al comportamiento del comercio exterior no parece que pueda ser la fuente que provea esos recursos en las magnitudes que se necesitan, al menos en el corto plazo.

(*) Para hacer congruente las cifras se ha dividido entre 24 la columna correspondiente a 2021. Fuente: Anuario Estadístico de Cuba 2021, tabla 5.13. ONEI, 2022.

En el año 2021, por primera vez después de muchos años, el superávit del balance de servicios no alcanzó a compensar el déficit de la balanza de bienes, añadiendo más presión al manejo de la economía nacional. 

En su informe sobre los resultados de la economía en el 2022 el Ministerio de Economía anunció que las exportaciones alcanzaron los 8 717 millones de dólares, resultado que mejora lo alcanzado en el 2021. Los datos públicos en ese informe no permiten conocer si el saldo negativo del balance de bienes y servicios se redujo o pasó a ser positivo. 

De cualquier manera, en esa presentación se reconoce el déficit en divisas como la principal restricción de la economía nacional. Lo anunciado para el 2023 no parece que cambie sustancialmente la situación.

Un programa de estabilización macroeconómica requerirá, desde mi perspectiva, crear un mínimo de condiciones con anterioridad, pues la implementación del programa obligará a reducir y reasignar gastos y a encontrar fuentes de ingresos que den cierta holgura fiscal. La secuencia de su implementación se convierte en un elemento relevante para el buen resultado de ese programa. 

Y si bien es cierto que las autoridades han insistido en que no se aplicarán “políticas de shock” también lo es que, si atendemos a indicadores como la evolución del PIB, del empleo, del índice de precios al consumidor,  de la balanza comercial y de la situación de la deuda externa, es posible afirmar que la economía nacional está en shock desde hace varios años con implicaciones significativas en el orden social, a pesar de los recursos destinados a amortiguar dicha situación. 

Honrar la deuda externa utilizando activos existentes en un modelo de negocios que permita conservar  al menos en parte la propiedad de los mismos podría preceder a la puesta en práctica de ese programa. Ello contribuiría no sólo a generar liquidez y liberar recursos obtenidos en el comercio exterior, sino que también activaría el sistema productivo nacional y ayudaría a mejorar la percepción sobre el ambiente de negocios en el país.

Solo para ilustrar la idea. Existen en Cuba hoy más de 1 800 empresas estatales, de las cuales una parte son un costo neto para la economía y para el pueblo. Un programa de reconversión empresarial requerirá de capitales de los cuales ni esas empresas ni el Estado disponen. ¿Qué frena entonces poder acometer la reconversión industrial sobre la base de licitar activos por deudas? Es cierto que no todos los acreedores estarán dispuestos a aceptar dicho modelo, pero vale la pena probar.

¿Qué frena la posibilidad de permitir también a compatriotas que tuvieran los recursos para ello, que participen en esas licitaciones? ¿Qué impide darle participación en esas licitaciones a los colectivos de trabajadores?

Ocurre algo parecido con una parte de los hoteles que son propiedad estatal 100 %. Quizás la mayor utilidad que puedan ofrecer hoy, —cuando los niveles de ocupación son dos o tres veces menos que los de 2018— sea servir de activos en un proceso de negociación de la deuda externa que hoy asfixia a la economía nacional.

Sin dudas dentro de esas condiciones estaría fomentar una mayor apertura de la economía, facilitando los negocios con capital extranjero, pues aun los procedimientos establecidos siguen estando lejos de los estándares que se necesitan para que el “mercado cubano” sea más atractivo. 

Lo mismo habría que hacer con los “actores económicos”, en primer lugar la empresa estatal, que sigue esperando por la reforma verdadera y por el redimensionamiento imprescindible que la convierta en el motor principal de la economía nacional.

¿Cuántas empresas son verdaderamente rentables? ¿Y de las más de 1 800 empresas estatales cuántas exportan? ¿Cuántas son verdaderamente “fundamentales, decisivas” para nuestras aspiraciones de desarrollo? 

¿Hasta cuándo la economía nacional podrá seguir sosteniendo esas transferencias corrientes desde el presupuesto del Estado hacia el sector empresarial estatal?  

También a las mipymes, las cooperativas todas, los Proyectos de Desarrollo Local, los Trabajadores por Cuenta Propia. ¿Acaso no es necesario facilitarle  mucho más esos procesos?

Hoy, un tercio de toda la población laboral del país pertenece a este sector no estatal. Casi igualan en cantidad a los empleados en el sector empresarial estatal. Durante varios años fueron esos actores no estatales los que generaron la mayor cantidad de nuevos empleos. Al igual que las empresas estatales, sus potencialidades rebasan lo que el marco institucional les permite, ¿por qué no aprovechar esas potencialidades?

La economía nacional ha pasado por más de una experiencia donde errores de secuencia en la aplicación de programas y políticas económicas han dado al traste con buenos propósitos. La última de esas experiencias, la llamada “Tarea Ordenamiento” permite constatar al menos dos hechos. El primero: que el contexto en el que se implanta una medida/programa/política puede ser decisivo en su éxito o fracaso y, el segundo: que la secuencia correcta también suele tener un impacto decisivo en los resultados. En estos casos, el orden de los factores sí altera el producto.