¿Existe una política de vivienda para la ciudad de La Habana?

Se supone que una “política” contenga los principios que orientarán la elaboración de los planes y programas de acción, así como los instrumentos jurídicos que enmarcarán la actividad tanto pública como privada. Una política establece principios rectores, prioridades, enfoques, mientras que un plan o un programa, además de los objetivos y resultados a alcanzar debe precisar la forma de alcanzarlos, es decir, como mínimo, secuencia de acciones, recursos necesarios y responsables. No son equivalentes. Las políticas deben preceder y guiar la elaboración de las normas jurídicas y los planes. No al revés.

Después de una búsqueda paciente, he logrado encontrar, por fin, un documento titulado Política de la vivienda en Cuba, elaborado por el Ministerio de la Construcción sin fecha de referencia (1). A pesar de su título, el contenido esencial del documento se limita a un cálculo de la demanda de recursos necesarios (materiales de construcción, fuerza de trabajo, sistemas constructivos, inversiones a realizar…) para “recuperar el déficit habitacional” en diez años (2). A renglón seguido aclara que “otros puntos abordados fueron: la prioridad en la entrega de viviendas, la tenencia legal, formas de pago y el precio legal subsidiado.”

La Política… culmina con un detallado programa de construcción y rehabilitación de viviendas por año y provincia, (¡valorado en más de 18 mil millones de pesos!), que desglosa la vivienda estatal y la autoconstruida y termina con un párrafo perentorio que inicia en los siguientes términos: “A los consejos de administración municipales del Poder Popular, les corresponde hacer cumplir la política establecida…”. No constituye una muestra muy convincente de la intención de incorporar a los municipios en la elaboración de políticas.

Pero lo que más llama la atención es que la Política… no contenga ningún principio sobre el enfoque a adoptar según se trate de zonas rurales, urbanas o ciudades grandes. La única distinción territorial en el documento se refiere (en la pág. 5) a que en las ciudades de La Habana y Santiago la proporción de vivienda estatal no será el 40%, como en el resto, sino el 60%. Lo que significa, de todos modos, que se prevé construir nada menos que 26,000 viviendas por esfuerzo propio en la capital. Esperemos que no se trate de viviendas uniplanta porque podrían ocupar (sin contar vialidad, espacios públicos y servicios correspondientes), un área superior a la de La Habana Vieja o la de Centro Habana. En la periferia, claro, lo que presionaría todavía más el sistema de transporte de la capital y requeriría de nueva urbanización.

Es obvio que los criterios de una política de vivienda deben particularizarse territorialmente, sobre todo en el caso de una ciudad grande como La Habana, con 716 mil viviendas y cinco siglos de historia a cuestas.

La Habana presenta problemas y características que poco tienen que ver con las ciudades pequeñas, los pueblos y menos con las zonas rurales. Solo algunos ejemplos (3):

• La proporción de viviendas con cubierta ligera, que es del 58% en el resto del país, en La Habana se reduce a un 11% (lo que significa, de todos modos, 75,000 viviendas con esas características, más que el total de las que tiene el municipio Plaza…). En todo caso, se trata de un fondo habitacional mucho más sólido, que requiere de acciones constructivas diferentes del resto del país.
• De los 854 edificios en estado crítico detectados en Cuba, 696 están en La Habana (81%), lo que significa unos 7,000 apartamentos en condiciones críticas (o, en otras palabras, que no pueden ser resueltos por esfuerzo propio…).
• De las 45,000 familias albergadas en el país, 44,000 son de La Habana (98%), lo que supone no menos de 130,000 personas viviendo en esas terribles condiciones.
• Por otra parte, las acciones de compraventa de vivienda se concentran en la capital en alrededor de un 85% (medido a través de los anuncios en Internet, ya que tampoco hay información pública sobre ello).
• La ciudad presenta el área urbanizada mayor del país (unas 35,000 hectáreas, en las que cabrían todas las otras cabeceras provinciales…), con costos infraestructurales y energéticos per cápita superiores a las otras ciudades debido a su extensión (22 km lineales entre Alamar y Santa Fe, así como entre el Morro y Santiago de las Vegas).

Todo lo anterior describe un perfil muy distinto del “promedio” del país, que es el que aborda la política de la vivienda en Cuba. La necesidad de una política de vivienda específica para la ciudad de La Habana no puede ser más apremiante.(4)

Sería imprescindible, al menos, emitir algunos principios relacionados:

1 La necesidad de disponer de tecnologías apropiadas para lograr las densidades adecuadas y la calidad arquitectónica que la ciudad merece. La Política… prevé una capacidad constructiva nacional de 59,000 viviendas anuales. La mayoría (85%) se basa en tecnologías inadecuadas para la capital: Sandino (30,000), Petrocasas (15,000), madera y guano (5000). Solo los sistemas FORSA (5100) y Gran Panel (4200) serían adecuados. Pero con ellos no basta. Hay que prever, asimismo, los materiales, equipos y oficios requeridos por el peso de la conservación y la rehabilitación en la ciudad (unas 670 mil viviendas entre ambos tipos de acciones).

2 Se requiere lograr una mayor diversificación de la oferta habitacional. No solo prever la entrega de la vivienda estatal en propiedad o su autoconstrucción, sino regularizar las cooperativas de producción y servicios para la vivienda, así como recuperar la construcción de vivienda social para el alquiler -ya sea estatal o cooperativa en régimen de cesión de uso- (es muy difícil que las parejas jóvenes puedan acceder al capital requerido para construir o comprar una vivienda). Habría que regularizar, igualmente, la utilización de viviendas para negocios por cuenta propia (talleres, comercio, gastronomía, alojamiento, etc.) y adecuar los proyectos y las regulaciones correspondientes. Por último, sería oportuno flexibilizar y ampliar las fuentes de financiamiento público y privado.

3 Adaptar el diseño y la arquitectura a la evolución demográfica perspectiva (rápido envejecimiento, menor natalidad, familias mucho más pequeñas), así como a la capacidad financiera de los usuarios y a las particulares condicionantes bioclimáticas. Es necesario recuperar el carácter original del programa del arquitecto de la comunidad (el del proyecto participativo con las familias), así como el ejercicio libre de la profesión de arquitecto (hoy enmascarada en la figura de “decorador”), recuperar la convocatoria de concursos para la adjudicación de los proyectos e involucrar a fondo a las universidades técnicas en el programa de la vivienda(5).

4 Lograr un enfoque integral de la política de la vivienda con el de la planificación y la gestión urbana, en particular en la preparación de las urbanizaciones y en la reparación de infraestructuras relacionadas con las viviendas: no se puede estar abriendo las calles todos los días sin una elemental coordinación entre organismos, ni construir vivienda sin urbanizar previamente el territorio. Debe asegurarse, por otra parte, la certificación (técnica y del Consejo Popular de la zona) de la calidad de las obras y las terminaciones, evitando las reiteradas chapucerías y malgasto de materiales y exigiendo al inversionista y a los constructores las responsabilidades correspondientes.

5 Alcanzar un mayor control de la especulación “encubierta” en las transacciones inmobiliarias y de los incipientes procesos de gentrificación por medio de instrumentos fiscales adecuados (recuperación de plusvalías urbanas, por ejemplo) o de la activación de los ya previstos, como el impuesto a la propiedad inmobiliaria a partir de ciertos parámetros mínimos de superficie construida o de valor.

6 Recuperar las parcelas vacantes y, sobre todo, los edificios estatales ociosos o sin un uso adecuado, evaluando la posibilidad de ser recuperados para uso habitacional. En los días posteriores al tornado en La Habana pudo constatarse la existencia de un importante potencial, cuando numerosos organismos entregaron edificios no utilizados.

7 Avanzar los más rápidamente posible en la culminación del catastro de la ciudad, la automatización y publicación de los registros y la simplificación de los trámites relacionados con la vivienda.

8 Constituir un presupuesto de inversiones de la ciudad y para la ciudad, a partir de una contribución territorial reforzada (mayor al 1%) o de otros mecanismos fiscales (tasas, contribuciones… existe una numerosa experiencia al respecto en muchas ciudades del mundo).

9 Prestar una atención prioritaria a la regularización de los barrios precarios de la ciudad donde existen unas 20,000 viviendas (que no son mencionadas ni una sola vez en el diagnóstico elaborado para la “Política”).

10 Especificar la política por cada municipio de la ciudad -aprobándola y comunicándola públicamente- tomando en cuenta las diferencias que existe entre zonas tipo “sopa de bloques” como Alamar, municipios muy densos como La Habana Vieja o Centro Habana o los que presentan características semirrurales como Arroyo Naranjo o el Cotorro.

He mencionado tan solo diez principios, como ejemplo, de temas que debieran ser abordados en una política de vivienda para la capital. No pretendo agotar el tema, sino tan solo mostrar el camino que será necesario recorrer para lograr una efectiva política de vivienda.

Un ultimo comentario. El día 29 de marzo de este año la prensa nacional reportaba que el presidente Diaz Canel había declarado: “Por último, al igual que sucede con el Programa de Agricultura Urbana y Suburbana, se comenzarán a publicar trimestralmente en la prensa nacional los resultados que en cada provincia y sus municipios se vayan obteniendo en el cumplimiento del Plan de construcción de viviendas”. ¿Por qué no logro encontrar la publicación de tales resultados?

Notas:

(1) Solo es posible acceder a él a través del buscador de la página web del MICONS), introduciendo el término “política”. Se trata de un texto bastante escueto, de unas 2,500 palabras, más de la mitad referidas al diagnóstico de la situación actual, acompañado de unas treinta tablas numéricas. Llama la atención que se hayan ignorado dos publicaciones oficiales de gran interés como el “Perfil de la vivienda”, elaborado en 2014 por el Instituto Nacional de la vivienda y ONU-HABITAT y el más reciente (marzo 2018) “Alineación de la vivienda en Cuba y la Nueva Agenda Urbana” firmado por el Instituto de Planificación Física y ONU-HABITAT, mucho más amplios y abarcadores que la “Política” mencionada.

(2) En la reunión de diciembre de 2018 el Ministro de la Construcción anunció el inicio del programa en el año 2019.

(3) La mayoría de las cifras que se mencionan se han extraído del documento mencionado del Ministerio de la Construcción: “Política de la vivienda en Cuba.”

(4) Está claro que no solo la ciudad de La Habana requiere de una política específica. De hecho, todos los municipios del país debieran definir y aprobar su propia política de vivienda. Esa debería ser una de las prerrogativas de los gobiernos municipales. Y también hubiera sido aconsejable que constituyera la base de la elaboración de una política nacional (que no es la suma de las municipales, pero sí debe tenerlas en cuenta).

(5) Muchos de estos temas han sido estudiados en tesis de grado, de maestría y de doctorado y duermen la noche de los tiempos en los archivos de la CUJAE (hoy IPSJAE)… lo que apoya los insistentes llamados del presidente Díaz-Canel a la incorporación de la universidad a la solución de los problemas.