El 16 de diciembre de 2023 la presidencia cubana se hizo eco de noticias relacionadas con los feminicidios, un problema cada vez más inquietante para ciudadanía, Gobierno y especialistas.
La Fiscal General de la República comunicó entonces que al cierre de octubre de 2023 se habían contado 117 “muertes violentas contra mujeres”. En el mismo comunicado, trascendió que la Fiscalía cubana “presentó la propuesta de un Registro Administrativo Interoperable, que permita contar con información en tiempo real de la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género”. La iniciativa es parte de las acciones que pone en marcha el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), en cuyo contexto de implementación, además, se aguarda por la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral, propuesto por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social.
Además de la cifra relatada por la Fiscal, fue relevante que el dato se discutiera durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) como parte de la evaluación de las acciones para la atención a la violencia de género. Por primera vez en el seno de ese órgano dirigente se ventilaban cuestiones asociadas con estos crímenes.
No es casual. Las demandas de activistas y organizaciones civiles, junto a la participación ciudadana, han sido cruciales para el reconocimiento paulatino por parte de las instituciones, incluidas las político-ideológicas, sobre los temas de género en el país.
En la misma reunión se tocaron otros temas relacionados con la violencia de género: grupos de mujeres más afectados, brechas territoriales, falta de garantías laborales, necesidad de una mayor integralidad intersectorial, creación de más herramientas de monitoreo y más.
Pero una pregunta permanece: ¿hay un cronograma del Estado cubano basado en una agenda a corto, mediano y largo plazo para responder, con políticas y acciones directas, a los problemas que enfrentan las mujeres? Poco se sabe.
Conocemos del Programa de Adelanto para las Mujeres (PAM), citado antes, pero siendo una política de largo plazo y amplio alcance, ¿qué agenda periódica siguen para aterrizarla e implementarla a corto plazo? La Estrategia Integral contra la violencia de género ha sido otro instrumento de avance formal, entre algunas iniciativas, pero, ¿cómo se están llevando a cabo estas políticas?
La prensa cubre pronunciamientos coyunturales de representantes institucionales, pero no mucho más. No conocemos el plan para el presente año o los venideros.
La situación de crisis habla por sí misma. Las demandas, tangibles con solo desplazarse del centro de la capital a las periferias, o a las provincias orientales, ponen en el centro de la mira a las mujeres y requieren intervenciones urgentes y concretas.
Durante los últimos años, especialistas y activistas han escrito sobre la feminización de la precariedad en Cuba, es decir, sobre cómo las sucesivas crisis han afectado con mayor gravedad a mujeres y niñas. De ese diálogo bidireccional, entre el contexto de depresión económica y social y los análisis de género que se han hecho al respecto, pueden extraerse ejes imprescindibles a atender: ingresos económicos, empleo y cuidados; migración y mujeres; impactos diferenciados en mujeres rurales, negras y trans; y violencia de género.
Ingresos, empleo y cuidados
La ocupación en Cuba ha decrecido en casi un cuarto de millón de personas en los últimos años, según la Encuesta Nacional de Ocupación (2023). Sin embargo, este comportamiento no se experimenta con paridad entre hombres y mujeres.
Según la Encuesta, las mujeres predominan en la población no económicamente activa, representando el 63,7 % del total, y de esa cifra, el 30,7 % realiza los llamados “quehaceres del hogar” (trabajo no remunerado). Mientras, la ocupación total se encuentra representada por un 61,8 % de hombres y apenas el 38,2 % de mujeres.
La participación de las mujeres en el sector no estatal (donde se perciben mejores ingresos) con relación al total de ocupados decreció también, yendo de 19,1 % en 2020 a 18,3 % en 2022. Si se toma en cuenta el total de la ocupación de mujeres, el porcentaje del sector no estatal ha sufrido una caída de 15,4 % en 2020 a 13,3 % en 2022.
Estudios de años anteriores demostraron, además, que las mujeres cubanas tenían menos capacidad de ahorro, menos cuentas bancarias, recibían menos remesas del extranjero, eran menos dueñas de negocios en el sector privado y se encontraban sobrerrepresentadas en el empleo informal (léase donde no media contratación formal alguna, o sin autorización de licencias de trabajo por cuenta propia), comparadas con los hombres.
En paralelo, la crisis en los cuidados, tanto de menores de edad como de ancianos, acrecienta la fatiga económica, física y emocional de las mujeres; teniendo en cuenta la persistencia de los roles de género en los que ellas han sido las destinadas históricamente a velar por enfermos/as, niños/as y ancianos/as.
Desde antes de la pandemia, las solicitudes de matrículas en Círculos Infantiles (CI) sobrepasaban la poca disponibilidad institucional. En 2018, más de 48 mil solicitudes de madres trabajadoras a nivel nacional no eran atendidas por falta de capacidad y de personal. En ese entonces, existían en todo el país 1 096 CI, para una matrícula de alrededor 134 mil niñas y niños, lo que cubría solo el 18,5 % de la población infantil de uno a seis años. Solo en La Habana existían 183 salones cerrados por falta de personal debido al déficit de 181 educadoras y 2 379 auxiliares pedagógicas. No existen datos actualizados sobre esta situación.
Aunque desde 2017 la actividad de Asistente para la atención educativa y de cuidado de niños fue aprobada dentro del sector privado, los precios de contratación particular de ese servicio podían considerarse impagables para las familias más humildes, de menores ingresos y, a la vez, más necesitadas.
En una suerte de actualización del esquema de los cuidados institucionales, desde 2021 el Ministerio de Educación reguló la apertura de las Casitas Infantiles, una variante institucional de atención y cuidados a la primera infancia en entidades que, según sus posibilidades reales y materiales, puedan destinar fondos a su apertura.
Si bien es un paliativo, se encuentra lejos de ser la solución. En primer lugar, las iniciativas dependen de las condiciones económicas de esas entidades estatales en medio de la crisis estructural que vive el país. Segundo, resultarían beneficiadas solo las madres, padres o tutores vinculados laboralmente a esa entidad. Tercero, las Casitas Infantiles constituyen facilidades para el sector estatal, cuando es el privado el que ha experimentado un incremento significativo en el empleo de fuerza de trabajo; en 2022, de las personas sin vínculo laboral anterior que se incorporaron al trabajo, el 44 % fueron mujeres y el 29 % jóvenes. La gran mayoría lo hizo en el sector privado, para quienes ni los Círculos ni las Casitas Infantiles fueron una opción.
Cuba es además uno de los países de la región con mayor envejecimiento poblacional. Al cierre de 2022, el grado de envejecimiento reflejó un 22,3 % de población de 60 años o más; es decir, de 2 478 087 personas (casi 80 mil más que en igual período del año anterior).
No obstante, el envejecimiento en Cuba también se encuentra feminizado: mientras los hombres presentan una tasa promedio anual de 32,3 % de envejecimiento, las mujeres lo hacen con una tasa de 34,3 %, según el informe de Envejecimiento de la Población publicado por la ONEI (mayo, 2023).
Las mujeres cubanas envejecen más, lo que no significa que vivan mejor.
En 2022, alrededor de 221 mil personas mayores vivían solas en Cuba, la mayoría mujeres. De ese total, más del 82 % contaba únicamente con ingresos generados por salario o jubilación (es decir, bajos ingresos sin entradas de divisas, para una economía cada vez más dolarizada) y el 80 % tenía dificultades para vivir solo debido a distintas discapacidades. A su vez, el 8 % presentaba la necesidad de una cuidadora o cuidador a tiempo completo.
Desde 2016 la Encuesta Nacional sobre igualdad de Género (ENIG) demostró que las mujeres cubanas dedicaban 14 horas semanales más que los hombres a las tareas de cuidado o al trabajo no remunerado en el hogar.
Mercantilizar los cuidados, tanto de la primera infancia como de la vejez, no se traduce en garantizarlos. Los cuidados deben ser atendidos por el Estado de manera central y prioritaria, sin desplazar sus obligaciones y responsabilidades en este ámbito hacia el sector privado.
La crisis en los cuidados redobla o triplica la carga de desigualdad y pobreza de las mujeres cubanas: más desocupadas, sobrerrepresentadas en el empleo informal, con menos ingresos y a cargo de cuidados también precarizados.
Migración y mujeres
En los últimos dos años unos 533 mil cubanos llegaron a Estados Unidos (vías terrestre y aérea), cifra equivalente al 4,8 % de los 11,1 millones de habitantes. Alrededor de 17 mil pidieron refugio en México de enero a noviembre de 2023 (11 meses), y casi 12 mil ingresaron a Uruguay (2020 y 2021). Esto significa que, hasta el presente, el 38 % de las familias en Cuba tienen uno o varios de sus integrantes más importantes (hasta segundo grado de consanguinidad) residiendo en otro país.
“En términos de su composición, la población migrante cubana se sigue concentrando en edades jóvenes […] el grueso de esa migración sigue siendo una población en las edades productivas y reproductivas, entre los 19 y 49 años; con una creciente presencia femenina, y también de altos niveles de cualificación”. Así cita Cubadebate un informe del CEDEM de 2023.
La feminización de la emigración cubana no es un fenómeno nuevo. Especialistas señalan que el diferencial migratorio entre mujeres y hombres cubanos desde 1960 ha tenido una ligera preponderancia de las mujeres en los flujos externos. A partir de 1995, el diferencial de género se amplió desde el punto de vista cuantitativo, y hasta 2015 un 55 % de mujeres contra un 45 % de hombres emigraron hacia Estados Unidos por vías regulares.
No obstante, la feminización de los procesos migratorios externos se experimenta, no solo por superioridad cuantitativa de mujeres, sino por la manera en que ellas se integran a las rutas migratorias; por ejemplo, cuando emigran solas.
Históricamente, las mujeres han emigrado en compañía de sus parejas varones o con otros familiares, por lo que la gestión la decidían y protagonizaban los hombres. Sin embargo, migrar solas implica crear redes con otras mujeres, desplazarse con hijos e hijas, incorporarse a los cuidados con las infancias, etc. Es el caso de la presente ola migratoria.
Además, cada vez más mujeres cubanas acuden a las vías migratorias irregulares, con los riesgos que esto implica de cara a las violencias diferenciadas por género y a los peligros de las redes de trata de personas.
La feminización de las migraciones también influye en la composición de las familias trasnacionales y en las cadenas globales de cuidados. La maternidad y los cuidados tienen lugar durante las rutas migratorias y en los países de destino, sea de forma presencial o “a distancia”.
El efecto de la feminización de las migraciones externas impacta en el envejecimiento poblacional, teniendo en cuenta que las edades preponderantes en el perfil migratorio cubano corresponden a las etapas reproductivas. Esto afecta de igual manera a la baja tasa global de fecundidad (1,41 hijos por mujer según el Anuario Estadístico de Salud, 2023) y a la imposibilidad de alcanzar una tasa bruta de reproducción (una hija por mujer) que permita un mínimo de reemplazo generacional, inexistente en el país desde 1978.
Asimismo, esta feminización impacta a la sociedad cubana en los siguientes aspectos: 1) la sobrecarga para la mujer migrante, que se sigue ocupando y siendo responsable por sus dependientes en Cuba desde el exterior y 2) debido a esa responsabilidad por mantener a la familia, también son responsables por financiar la mercantilización de los cuidados a través de las remesas.
Mujeres rurales, negras y trans
Según el Informe Nacional Voluntario de Cuba frente a la CEPAL (2022), el sector rural registra 44 027 mujeres usufructuarias de la tierra (el 16 % del total) y 30 955 que son dueñas de tierra (el 32 % del total de propietarios). Solo el 20 % de los miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños son mujeres. A la agricultura urbana, suburbana y familiar están vinculadas apenas 378 580 mujeres, representando el 40 % de personas vinculadas en estas actividades.
Solo el 18,5 % del total de quienes se dedican a la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura son mujeres.
Las inequidades saltan a la vista, lo que da lugar a otras preguntas: ¿Cuántas son propietarias de vivienda, jefas de hogares solas, cuidadoras? ¿Cuánto es el ingreso promedio? ¿Qué posibilidades tienen de participar en la toma de decisiones familiares y comunitarias?
Por su parte, las mujeres negras en Cuba presentan más tasa de desocupación que las mujeres blancas; ocupan en mayor proporción puestos no calificados o de servicios; tienen menos acceso a la divisa; engrosan los números del empleo informal; siendo mayoría en la venta ambulante, en el cuidado de ancianos, en el cuidado de baños, en la limpieza de casas y negocios, etc.
De acuerdo con el último censo de población y viviendas (2012), los hogares encabezados por mujeres solas (divorciadas, separadas, solteras y viudas) representaban el 62,8 % del total de jefes de hogares solos; pero atendiendo al color de la piel, las mujeres negras concentraron una proporción del 49,1 % de jefas de hogares solas, contra el 40,9 % y el 39,5 % de mujeres mestizas y blancas, respectivamente. Esto supone un esfuerzo redoblado por reproducir la vida y proveer.
Son familias negras las que predominan en condiciones de vida con hacinamiento, en casas-habitaciones más pequeñas, en viviendas improvisadas, con peor infraestructura, menor acceso al agua y mayor uso de baños compartidos (Censo de población y viviendas según el color de la piel, 2016).
Entre los datos que más llaman la atención está que la tendencia a la longevidad no se manifiesta igual entre las mujeres negras, que tienen una esperanza de vida al nacer de 76,78 años, por debajo de mujeres y hombres blancos. La situación empeora si hablamos de mujeres racializadas que residen en zonas rurales.
De ahí la relevancia de cuando coinciden la condición de mujer rural y racializada: la tasa de fecundidad infantil y adolescente; la tasa de mortalidad materna; la deserción escolar en edades tempranas; las uniones y/o matrimonios infantiles (con más de 10 años de diferencia con sus parejas) tienen los peores indicadores en las provincias orientales (donde se concentra la mayor población negra del país) y en zonas rurales.
El escenario empeora para las personas y mujeres trans. Cifras de 2017 describían así el panorama: el 2,8 % de la población trans era graduada universitaria; el 39,9 % se encontraba vinculada al estudio o al trabajo; un 43 % buscaba empleo; el 47,8 % recibió agresiones físicas por parte de sus parejas durante el año anterior al estudio; y el 57,8 % fue víctima de violencia sexual.
Violencia de género y feminicidios
Las 117 muertes violentas de mujeres referido al inicio de este texto contiene algunas imprecisiones. Primero, no se sabe con certeza el período en el que se cometieron esos crímenes, solo que ocurrieron “hasta octubre de 2023” y se interpreta que, habiéndose comentado en la última reunión del año del CC del PCC, haga alusión a ese año en específico.
Segundo, las muertes violentas de mujeres no son necesariamente crímenes de género, pueden producirse en otras circunstancias como accidentes o robos con fuerza, por poner ejemplos. La nota de la Presidencia de la República no hace la distinción.
En la misma sesión se ofrecieron otros datos de sumo interés y que confirman lo narrado a lo largo de este texto:
- En cuanto a los feminicidios: las provincias de mayor incidencia fueron La Habana y Matanzas (Occidente) y Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo (Oriente); el 75% ocurrió en viviendas compartidas con las parejas; y 70 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como resultado de los hechos.
- En cuanto a violencia intrafamiliar y de género: 9 579 familias se encuentran en situaciones de violencia; en ellas conviven 16 116 mujeres y niñas; de esa cifra, el 60 % son racializadas (de entre 15 a 35 años), con promedio de escolaridad de noveno grado, y varias se encuentran desvinculadas del trabajo o son “amas de casa”.
En resumen, en gran medida, las condiciones de desigualdad de género, raciales y territoriales definen la incidencia de las violencias de género y los feminicidios. Revertir este conglomerado de causas (imposible de describir en pocas páginas) conlleva una voluntad política e institucional a toda marcha.
Está demostrado que las desigualdades cuestan vidas, tanto como la lentitud y tibieza institucionales para combatirlas.
Por ello, presento a continuación el esbozo mínimo de una agenda de género, entendida como el conjunto de acciones gubernamentales que considero deberían responder a las problemáticas que acentúan la desigualdad en Cuba y ponen en riesgo la vida de las mujeres y personas de la diversidad en el corto y mediano plazo. Ellas estarían derivadas de un programa más abarcador, como lo es el Programa de Adelanto para la Mujer (PAM), ya existente y en implementación. De ese modo, considero que urgen:
- Sistemas y redes de cuidado para la primera infancia y la tercera edad, con respaldo estatal y de acceso universal (rescatar los programas de Círculos Infantiles en distintas formas de gestión; los círculos de abuelos; los asilos de ancianos, etc.)
- Acciones afirmativas (incluidas las cuotas) que favorezcan el empleo y la inserción de mujeres y personas trans en el sector no estatal, y que eviten la discriminación y el aislamiento social a través del otorgamiento de determinados incentivos (fiscales, económicos o de otro tipo, tanto para empleador o empleada) para esas personas.
- Ampliar las actividades autorizadas para ejercer en el sector no estatal, incluyendo varias profesiones derivadas de estudios superiores (porque sabemos que las mujeres concluyen carreras universitarias en mayor proporción que los hombres).
- Ampliación de los derechos y garantías laborales en el Código de Trabajo para las trabajadoras del sector no estatal.
- Otorgamiento de rentas básicas o algún tipo de subsidio para mujeres y familias empobrecidas (racializadas y rurales).
- Políticas públicas focalizadas en las desventajas de género en general, que viven de manera particular las mujeres racializadas y rurales (se incluyen temas de vivienda, entrega de parcelas, etc.)
- Creación de refugios para mujeres en situación de violencia de género, y políticas que dispongan la extracción del hogar del agresor.
- Programas de atención a niñas, niños y adolescentes que queden huérfanos tras la ocurrencia de feminicidios.
- Capacitación persistente y sistemática a policías, jueces y fiscales en materia de violencia de género.
- Habilitación de línea exclusiva de ayuda para violencia intrafamiliar y de género (la que existe actualmente no es exclusiva para estos casos).
- Desarrollo del Programa de Educación Integral de la Sexualidad en todas las escuelas a todos los niveles, que se encuentra suspendido desde 2020.
- Desarrollo de Programas de Masculinidades en instituciones del estado, centros escolares y universitarios, en centros de trabajo, en las comunidades, que ayuden a sensibilizar y desmontar patrones de comportamiento machistas y racistas.
- Desarrollo de Programas contra el Racismo mediante acciones directas con el mismo alcance que el punto anterior.
- Publicación y actualización sistemática de datos, censos y encuestas sobre desigualdad de género, violencia basada en género y feminicidios bajo principios de transparencia y rendición de cuentas públicas, desagregados por indicadores como: color de la piel, territorio, edad, identidad de género, discapacidad, etc. (para la elaboración de este texto fue necesario acudir a cifras de 2012, 2016, 2017 y 2018, porque no hay encuestas ni censos más actualizados sobre el tema).
- Promover la participación de víctimas, familiares de víctimas y organizaciones de acompañamiento en la elaboración, desarrollo y aplicación de políticas públicas relacionadas con la violencia de género.
- Creación de una Dirección de Atención Permanente en la actual Federación de Mujeres Cubanas (FMC), para mujeres racializadas y rurales, que permita la participación de estos grupos en el levantamiento de los problemas que los aquejan y en el diseño de las estrategias de acciones para su solución.
- Creación de un Ministerio de Mujeres y Diversidades (con divisiones especializadas para mujeres racializadas, rurales y diversidades).
- Reconocimiento institucional de organizaciones y activismos de mujeres, feministas y de las diversidades que forman parte hoy de la sociedad civil cubana.
- Aprobación de una Ley contra la violencia de género y de una Ley de igualdad y en contra la discriminación (que incluya las identidades de género, el antirracismo y todas las formas de discriminación). Esto es indispensable para crear soluciones y métodos alternativos a las salidas punitivistas carcelarias de las leyes penales, con sanciones de 30 años de privación de libertad o de privación perpetua de libertad que no socavan las causas reales de la criminalidad.
Cuba cuenta con un legado histórico invaluable en cuanto a participación política de las mujeres, su integración económica y social y la conquista de derechos humanos que todavía hoy cuesta mucho alcanzar en otras latitudes y que debe aprovecharse para la implementación efectiva de políticas de género. También es un país que aún no ha sido arrasado por el crimen organizado trasnacional (incluyendo el secuestro organizado y las redes endógenas de trata de mujeres), el tráfico de drogas, el paramilitarismo y las guerras irregulares o las pandillas, como sucede en muchos de los países de nuestra región.
No obstante, no hace falta esperar para poner en marcha acciones emergenciales como las comentadas. Las mujeres cubanas han trabajado de forma tenaz durante largas décadas para no convertirse en las olvidadas, ni en números por muertes violentas; lo han hecho para lograr vidas dignas de ser vividas.
