Corrupción y derecho

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La corrupción está de moda, aunque todos sabemos que es tan vieja como la sociedad política y la institucionalización del poder. Hoy casi todo el mundo está de acuerdo en que la corrupción no es un mal solo de los de abajo, sino de los de arriba, y en los foros internacionales y las grandes cumbres de jefes de Estado existe consenso sobre los daños que ocasiona. Realmente, entonces, lo que está de moda es reconocer la corrupción como un flagelo que se debe combatir, pero casi nadie ha aclarado el fundamento elemental de lo que se corrompe.

Parecería que la corrupción está relacionada con inconsecuencias económicas o el resquebrajamiento de las costumbres, la hoy llamada crisis de valores sirve para aclarar todo dilema ético; pero es muy raro que cuestionemos, cuando pensamos en la corrupción, la eficacia de la legalidad, el estado de derecho o, más simplemente, la legitimidad del ordenamiento jurídico del que somos parte.

Aunque la esencia de la corrupción esté en la iniquidad del orden social y el desorden moral que le es consecuente, no ha habido sistema político ni económico, incluido el socialista, que se haya liberado de ella. Y esto es lógico si entendemos la relación entre corrupción, administración pública y Estado, que en los socialismos ensayados hasta ahora siempre se ha caracterizado por una burocratización de la gestión del Estado y una exagerada centralización de las directrices políticas y económicas.

La corrupción depende de la injusticia social, las economías improductivas o caóticas y descontroladas, así como de la descoordinación entre la moral media de la sociedad y las normas jurídicas del derecho positivo. Esto no es más que decir que si el derecho no regula los valores universales que la sociedad acepta como propios, lo inevitable es una masiva displicencia –cuando no olvido– de lo que consagra la ley, por sus destinatarios.

Si el derecho es algo más que un conjunto de normas que nos coactan, si es educativo, sistemático, científico y coherente con la moral más común, entonces es más fácil apreciarlo como decisivo a la hora de entender la corrupción.

Toda alternativa al buen derecho es corrupción, siempre que el derecho sea válido, legítimo y viable, que no obsoleto o descabellado.

Para tener un derecho que sirva al pueblo es imprescindible que sea popular, suyo, hecho, modificado y controlado por él. No basta que el derecho valga, que haya sido competentemente construido sino que es necesario que se reconozca como útil y propicio a la felicidad.

Un Derecho prolijo no es un Derecho bueno. La abundancia en lo jurídico también puede querer decir obsesión reguladora, pero abarcar mucho no asegura un buen apretón. También es lamentable la escasez de normas eficaces, y su ambigüedad, y su oscuridad.

La sociedad cubana es ideal para entender el fenómeno de la hiperregulación sin buenos resultados. Los sabios romanos, fundadores de nuestro sistema de derecho, ya supieron que mucho derecho puede ser injusto si no se aplica con equidad y prudencia.

Cuando el derecho falta nos sentimos inseguros, cuando el derecho desborda las relaciones sociales que debió organizar hasta caer en zonas incomprensibles para los que lo recibimos, se convierte en letra muerta. Jamás ha salido ganando el derecho cuando ha entrado en fricción con normas anteriores a él o legitimadas por la realidad moral del pueblo.

El derecho debe ser democráticamente propuesto, discutido y aprobado. No hay república sin derecho popular ni sana legalidad sin democracia.

Un derecho ajeno, y extraño a la gente que lo recibe cotidianamente, es apreciado como algo salido de un Estado del que no se forma parte. La distancia que se toma en la modernidad entre el Estado y la ciudadanía tiene una clave importante en esta constante lejanía entre los creadores del derecho y sus principales sujetos reales.

Aprender a esquivar al derecho es aprender los caminos de la corrupción, por eso debemos darnos normas jurídicas que se integren a la vida social hasta el punto de que su cumplimiento pase desapercibido. Cuando el derecho se funde con la moral media de la sociedad no es casi nunca necesario hacerlo cumplir por la fuerza de los órganos jurisdiccionales.

La lucha contra la corrupción no se puede dar de espaldas al derecho. La injusticia no crea las mismas consecuencias que otras malas aplicaciones científicas. El derecho es una ciencia cuya vida tiene la característica de definir el curso de las más importantes relaciones sociales. Cuando creemos que el derecho no ayuda a vivir estamos escogiendo otra escala de valores, estamos creyendo que el Estado de donde sale es ineficiente y estamos casi siempre seguros de que la política que alimenta al derecho no es el camino hacia la libertad.

Los daños ocasionados al derecho afectan la percepción popular sobre el Estado, la política, la patria y otros componentes culturales más o menos cercanos a lo jurídico.

Es lógico que el pueblo, por ejemplo, diga que el derecho es el deporte del pueblo, invirtiendo una consigna oficial muy difundida, para demostrar su convicción de que con el derecho se puede hacer cualquier cosa. Es lógico porque la sociedad percibe rápidamente la elasticidad de la legalidad, que paradójicamente es siempre muy dañina a todo lo que aspire a ser legal.

Lo anterior se expresa con claridad en una tendencia universal a que la burocracia estatal gubernativa perciba al derecho como un obstáculo a la administración eficiente. Lo que los funcionarios más alejados de la verdadera legalidad llaman trabas al gobierno, no son más que los inapreciables medios de control de la ley y la democracia.

Erradicar la corrupción no puede ser, al modesto entender de este servidor, un esfuerzo contra algunas manifestaciones externas del mal, sino una sistemática búsqueda de eficiencia económica, justicia social, educación en y para la virtud, además de consolidación de un sistema jurídico que haga posible y útil seguir el rumbo del derecho, siempre que el derecho no sea un montón de normas para alejar a los seres humanos de la concordia y la felicidad.