Luego de años de lucha de grupos políticos y sociales, la legalización del aborto en Argentina pareciera no afrontar tantos obstáculos para convertirse en realidad.
Así lo sienten los 71 diputados de distintos partidos que el martes presentaron el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una iniciativa que en otras seis ocasiones no prosperó en el Congreso argentino y que esta vez logra su mayor adhesión. En los últimos años se frustró en varias ocasiones el debate en instancias previas a su llegada al pleno del recinto por falta de un apoyo mayoritario.
La diputada izquierdista Victoria Donda dijo que existe la sensación compartida de que esta vez el proyecto va a llegar al pleno de la cámara baja para ser votado al presentar la iniciativa en un anexo repleto de legisladoras que llevaban un pañuelo verde anudado al cuello, representativo de los defensores del derecho al aborto.
En la actualidad, la legislación argentina lo permite en casos de violación o peligro para la vida o la salud de la mujer gestante. No obstante, según agrupaciones pro abortistas, muchos hospitales públicos no realizan la práctica en los casos no penados por la ley.
El debate se instaló con más fuerza que nunca en el Parlamento luego de que en los últimos años el reclamo cobró impulso en círculos políticos y sociales.
El propio presidente argentino Mauricio Macri, que no apoya el aborto, instó días atrás a los legisladores a debatir libremente su legalización.
Donda, del partido Libres del Sur, está entre los 71 diputados oficialistas y opositores firmantes de la iniciativa que señala que “en el ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”.
Afirma también que las mujeres tienen derecho al aborto en los sistemas privados y públicos de salud en un plazo máximo de cinco días desde su requerimiento.
“Esta ley tiene el nombre de las mujeres que perdieron la vida haciéndose un aborto clandestino. La última es María Campos. Tenía cinco hijos”, dijo Donda entre los aplausos de miembros de organizaciones pro abortistas que gritaron: “¡Anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!”.
Analía Bruno, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, afirmó que el debate es “auspicioso” y corona décadas de lucha. Bruno indicó que desde la restauración de la democracia en 1983 luego de la última dictadura militar, más de 3,000 mujeres fueron “condenadas a muerte”, por haber abortado de forma insegura.
En las inmediaciones del Congreso, cientos de manifestantes portaban pancartas en las que sostenían que la religión no debe condicionar el debate.
Las voces a favor y en contra del aborto libre y gratuito atraviesan transversalmente todo el arco político. Dentro del oficialismo, altos funcionarios han manifestado su oposición y otros han expresado públicamente su apoyo pese a la aún fuerte influencia que ejerce la Iglesia católica.
El jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que luego de “de haber escuchado el corazón” de sus hijos en las ecografías, le “cuesta pensar que eso no es vida”. Sin embargo, también se mostró partidario de debatir y que “se puedan respetar las distintas posiciones”.
Esta es la séptima vez que se presenta una iniciativa de esta índole y según sus defensores es muy posible que llegue al pleno de la cámara para su eventual votación. Sin embargo, en el Senado las posibilidades son menores debido a que está integrado por legisladores más conservadores.
Fabio Quetglas, de la Unión Cívica Radical–de la alianza oficialista Cambiemos–se mostró confiado en que el proyecto conseguirá el aval de las cuatro comisiones de diputados en las que tiene que ser debatido antes de llegar al recinto en unos dos meses.
El legislador, firmante de la iniciativa, destacó en declaraciones a The Associated Press que “la movilización social que ha empujado a las instituciones a discutir este tema lleva 30 años”.
Según un informe de 2016 del Ministerio de Salud, en Argentina se realizan entre 370,000 y 522,000 abortos por año, “cifras estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos”.
La Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sostiene a su vez que 49,000 mujeres son hospitalizadas al año por complicaciones relacionadas con prácticas abortivas inseguras y las más afectadas son las de origen humilde.
Nicaragua y El Salvador son los únicos países de América Latina donde el aborto aún está completamente penado.
AP / OnCuba
