El inicio del curso escolar en el condado Miami-Dade fue un desastre. El sistema informático que debía servir para las clases virtuales nunca funcionó adecuadamente y los primeros tres días fueron un caos. Además, no disponía de la seguridad requerida. Un estudiante, ya detenido, logró jaquearlo al menos en doce ocasiones.
Conocido como K12, el sistema costó 15 millones de dólares y fue introducido por iniciativa del superintendente escolar, Alberto Carvalho, con la participación del Departamento de Educación de Florida, pero sin cumplir con las reglas de una licitación pública o de la aprobación de la Junta Escolar. Una situación totalmente irregular porque las autoridades estatales de educación no pueden interferir en las actividades de los sistemas escolares de tres condados: Miami-Dade, Broward y Palm Beach.
Pero ahora se supo que la empresa propietaria del programa informático K12 Inc. hizo tras la aprobación del contrato una donación de 1,5 millones de dólares, el 10% del contrato, a la Foundation for New Education Initiatives, Inc., creada por Carvalho, para supuestamente mejorar el sistema escolar del mayor distrito de Florida. El superintendente ha dicho que la donación sirvió para regalar tarjetas de débito de cien dólares para estimular a los maestros a utilizar el sistema informático.
El contrato fue cancelado cuando el sistema no funcionó, pero la donación no ha sido devuelta, confirmó el distrito escolar.
Ahora las autoridades estatales han abierto una investigación sobre estos fondos. El superintendente asegura que todo fue legal.
Ann de las Pozas, directora ejecutiva de la Fundación, emitió un comunicado a través del distrito escolar: “Acogemos con beneplácito la revisión de la Oficina del Inspector General (OIG) de una contribución en beneficio directo y exclusivo de los maestros, cuyo arduo trabajo y dedicación durante estos tiempos difíciles no pueden ser ignorados. Tenemos plena confianza en el liderazgo y la objetividad de la OIG y cooperaremos plenamente en este asunto”.
La Fundación no era muy conocida en el sur de Florida. En su sitio web dice que “apoya las iniciativas educativas de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade. Juntos estamos trabajando para brindarles a nuestros estudiantes oportunidades educativas de clase mundial, pero no podemos lograr nuestros objetivos solos”.
Sin embargo, este viernes anunciaba la próxima realización de una actividad para nada relacionada con la educación infantil: una prueba virtual de vinos. La “clase” será impartida en un viñedo chileno para estudiar su historia y la de la familia propietaria. “Esto es una locura. Solo se le puede ocurrir al superintendente”, comentó una dirigente del sindicato de maestros.
En la reunión mensual esta semana de la junta escolar, la presidenta Perla Tabares Hantman, una protectora de Carvalho, sacó a relucir el tema. “Sabes que me preocupa esto”, dijo dirigiéndose al superintendente.
Carvalho respondió: “esto no se está procesando como nómina. No requiere negociación colectiva y desde el principio es una donación de reconocimiento”.
Sin embargo, la explicación no satisfizo a los cinco miembros de la junta. “Siempre digo que a veces no es lo que es, sino lo que parece. Los $1.5 millones que se reciben de un proveedor que en ese momento tenía un contrato pendiente por $15.3 millones en la mesa, eso genera preguntas”, dijo el vicepresidente de la junta escolar, Steve Gallon.
Pero no fue más allá. La reunión se dedicó a planificar la reapertura de las clases físicas a fines de mes y la organización de alumnos y maestros.
“Actualmente nuestro enfoque sigue siendo la provisión de un entorno de aprendizaje seguro, protegido y saludable después del regreso físico de nuestros estudiantes a la escuela. Aunque me preocupa a mí y a los miembros de la junta este asunto [la donación], ahora en manos y bajo la investigación de la Oficina del Inspector General” de Florida, dijo Gallon.
En carta enviada a la Junta, la inspectora general, Mary T. Cagle, apuntó que la forma como se llevó a cabo la donación amerita una investigación para aclarar sus circunstancias y su transparencia. “Tenemos preocupaciones que deben ser estudiadas”, dijo la alta funcionaria estatal.
Hoy viernes su oficina y la del superintendente no quisieron pronunciarse sobre el asunto.
