Solicitud de Ley Integral contra la violencia de género en Cuba

“Asegurar una ley justa y comprensiva contra la violencia de género, es lo que ahora corresponde”. Así termina una Solicitud presentada al parlamento cubano hace dos años, el 21 de noviembre de 2019. La iniciativa llevaba cuarenta firmas.

La entrega formal del documento contribuyó a un proceso de visibilización sobre las violencias machistas, el papel de la sociedad civil, los caminos institucionales, la esfera pública, los feminismos. El tema estaba en agenda cubana desde los 1990. La Solicitud consideró ese camino y se amparó en los marcos normativos e institucionales cubanos, en la experiencia de otros países, en los debates feministas contemporáneos, en las estadísticas nacionales y en la necesidad de trabar alianzas entre las sociedades civil y política.

La solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular contempló tres puntos:

Incluir en el cronograma legislativo previsto en la disposición décimo tercera de la vigente Constitución de la República, la elaboración de una Ley Integral contra la Violencia de Género.
Constituir un grupo asesor cuya composición fuese de conocimiento público, integrado por personas con trabajo en el tema, que acompañase el proceso de redacción del proyecto de Ley. Solicitamos que en el grupo hubiese representación de distintas regiones del país y sectores sociales.
Recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Mujeres cubanas solicitan Ley Integral contra la Violencia de Género al Parlamento

Han transcurrido dos años de ese acto cívico, legal, legítimo y en varios sentidos inédito. Las violencias de género continúan siendo un problema en Cuba y el mundo. Las necesidades planteadas en el 2019 continúan presentes. A la vez, entre los noviembres de 2019 y 2021 ha pasado mucho. Probablemente el de las violencias machistas es uno de los terrenos que más polémica y conflictos ha verificado en la Cuba reciente. ¿Qué ha pasado y qué no ha pasado a dos años de la Solicitud? Aquí una lista incompleta:

Diciembre 2019, el Presidente Miguel Díaz-Canel dijo, en la clausura de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que «en los próximos meses y años debemos aprobar nuevas leyes y prepararnos para legislar sobre temas trascendentes por su alta sensibilidad, que incluye algunos que han sido motivo de preocupación por diversas personas, relacionados con la violencia de género, el racismo, el maltrato animal y la diversidad sexual».
La Solicitud no fue aceptada y en el cronograma legislativo aprobado a finales de diciembre de 2019 –que debe transformar o crear más de un centenar de normas cubanas– no se incluyó una Ley Integral contra la violencia de género.
En lo sucesivo, medios de prensa oficiales han hecho publicaciones que presentan luchas feministas como estrategias de manipulación aupadas desde actores internacionales, o directamente el pedido de una Ley Integral contra la Violencia de género como un reclamo típico de feminismos liberales o arbitrarios para el momento cubano. Se construyó una narrativa excluyente entre abordar el problema transversalmente en otras normas jurídicas vs formular una Ley Integral. No obstante, la posibilidad de una Ley integral continúa orbitando en los pronunciamientos oficiales como posibilidad, aunque se considera un paso a futuro sin fecha por el momento.
Una vez iniciada la pandemia, la plataforma de la sociedad civil Yo sí te creo en Cuba, creada en junio de 2019, habilitó una línea de atención telefónica para brindar asesoría y acompañamiento a víctimas de violencia machista. Por la vía institucional, el Centro Oscar Arnulfo Romero, que ya contaba con una consultoría presencial, habilitó su servicio de atención durante la pandemia mediante un correo electrónico. También lo hizo el Centro Nacional de Educación Sexual y se anunciaron como disponibles los teléfonos habituales de la FMC y una línea de la Fiscalía General de la República.
La prensa estatal ha dado más cobertura y con más frecuencia a asuntos relacionados con las violencias de género y lo continúan haciendo, ver, por ejemplo, aquí y aquí.
En 2020 se aprobó una guía metodológica para atender vía telefónica las denuncias por violencia de género (tiempo después se dio a conocer que durante los primeros nueve meses de la pandemia el 60 por ciento de las llamadas registradas a la línea 103 solicitaron apoyo psicológico por situaciones de convivencia intrafamiliar y un 14 por ciento estuvieron relacionadas con la violencia de género).
A finales de año la plataforma de la sociedad civil Yo Sí Te Creo en Cuba inauguró un observatorio ciudadano de feminicidios en el país, donde se pueden consultar los casos identificados por ese colectivo.
En 2021 bajo la coordinación de la FMC se creó una aplicación para celulares¹ con un directorio de los números telefónicos para la atención de víctimas de violencia; la misma organización anunció el inicio de la Campaña Junt@s por la No Violencia; también se han coordinado talleres sobre el tema, se han promocionado estudios cualitativos, y se realizan espacios de debate al respecto con actores institucionales y en distintos territorios.
Desde la sociedad civil se crearon nuevos proyectos, más o menos presentes en el debate público al respecto, como el de Chicas Poderosas en Cuba, el servicio de comunicación Matria, Con/texto Magazine, Afrocubanas, Cimarronas. Asimismo continuaron funcionando otros, como la columna de OnCuba Sin Filtro, Semlac-Cuba e IPS en el campo de la prensa, y blogs como Negra Cubana Tenía que Ser y Lo Personal es Político.
Se han realizado al menos dos Mesas Redondas específicas sobre violencia de género en Cuba. Una de ellas, el 26 de noviembre de 2020 y la otra el 16 de junio del 2021. También un programa de Palabra Precisa estuvo dedicado al tema en 2021, y otro de Mirada sin Excusas.
El 2021 comenzó con la aprobación del Decreto Presidencial 198/2021 (GOC-2021-215-EX14), con el “Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres” (PAM) que considera a las violencias de género como entre sus ejes, aunque es uno de los menos desarrollados.
En marzo la FMC anunció la creación de un Observatorio de Género que debe recoger los registros actualizados de los feminicidios en el país. También se anunció la creación del Grupo Nacional de Trabajo para la Prevención y la Atención de la Violencia Intrafamiliar y se dio a conocer que durante el 2020 más de 1 200 personas solicitaron ayuda en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de la FMC, víctimas de algunas de las manifestaciones de violencia de género e intrafamiliar.
En mayo pasado la Secretaria General de la FMC y Miembro del Buró Político Teresa Amarelle, presentó frente a un grupo de trabajo del PAM, una propuesta de “Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar”. En junio se anunció su aprobación.
Un artículo publicado por el periodista estadounidense Tracey Eaton reiteró que el Aviso de Oportunidad de Financiamiento de la USAID en 2021 expresaba interés en proyectos que fortalecieran o promovieran la creación de redes intersectoriales en torno a temas relacionados con poblaciones marginadas y vulnerables, incluidos, entre otros, jóvenes, mujeres, LGBTQI+, líderes religiosos, artistas, músicos y personas de ascendencia afrocubana. El rastreo de los destinos de financiamiento del gobierno de Estados Unidos respecto a Cuba, muestra que asuntos relacionados con mujeres y población LGBTQI+, y específicamente los de violencia, son de interés dentro de sus programas de cambio de régimen. Eso forma parte del mapa complejo de la política cubana y es imprescindible tenerlo en cuenta. A la vez, no anula ni agota la legitimidad de los actores no institucionales que trabajan contra las violencias machistas.
El 5 de noviembre de 2021 fue noticia que se abrirán consejerías para atender a víctimas de violencias en distintos territorios coordinadas por la FMC.
Durante el 2021 se han publicado distintas versiones del nuevo Código de las Familias que debe llevarse a referéndum y que aborda con acierto asuntos relacionados con las violencias machistas en el ámbito familiar y otras formas de violencia, como la que supone el matrimonio infantil. Es de esperar que otras normas por venir consideren abordajes al mismo problema de las violencias de género en sus distintas manifestaciones, como la Ley de Salud Pública.
Durante 2020 y 2021 el cruce entre violencias políticas y violencias de género ha ganado visibilidad desde distintos frentes. Mujeres de la sociedad civil, opositoras o no al gobierno, han denunciado tratamientos violentos con marca de género durante detenciones policiales o interrogatorios. La reactivación de los “actos de repudio” como parte de los repertorios de gestión de los conflictos políticos, también han sido un espacio donde se verifica lo dicho, en ellos han participado representantes locales de organizaciones de masas, entre ellas la FMC. Asimismo, el ensamblaje entre violencia política y violencias de género en la forma de amenazas o ciberataques ha sido denunciado desde medios oficiales respecto a mujeres que son parte de instituciones u organismos del gobierno. Ese panorama verifica el problema como un asunto de la esfera pública y afirma la inevitabilidad de su abordaje dentro de las acciones tanto institucionales como de la sociedad civil.

Resumo aquí algo de lo que ha pasado durante los últimos dos años. Los hitos listados no tienen la misma entidad. En algunos casos son anuncios y aún no es pública la información, lo cual limita la evaluación del alcance de los pasos y la posibilidad de calibrarlos. Otros son procesos en curso. No obstante, el conjunto muestra un campo en disputa donde continúan verificándose acciones de distinto alcance, a veces complementarias, a veces paralelas y a veces en contraposición, para tramitar políticamente el problema.

Llegado este punto, durante el 2022 es necesario y exigible que:

Efectivamente empiece a funcionar el observatorio de feminicidios de la FMC, que hasta el momento es un anuncio, y se den datos oficiales de los casos y las tasas. Al término del 2021 continúa trabajándose con una tasa de feminicidios íntimos del 2016, desactualizada e incompleta.
Se haga pública la Estrategia Integral aprobada así como sus vías de ejecución, y plazos de rendiciones de cuentas respecto a sus resultados. Lo mismo en relación las acciones que se realicen dentro del PAM.
Se revisen con urgencia los procedimientos de atención de la fiscalía, pues los datos públicos (fragmentados y difíciles de rastrear) informan problemas de gravedad. Por ejemplo, durante la mencionada Mesa Redonda de junio pasado se dio a conocer que hasta el cierre de abril de este año poco más de 200 denuncias sobre mujeres por violencia habían llegado a la Fiscalía y que solo el 36% de los casos se habían resuelto. Presumiblemente el 64% de los casos no habían tenido solución o su solución no había sido favorable para las mujeres. Esos datos no coinciden con las tendencias globales que informan que los por cientos de denuncias falsas son mínimos y que muchas veces se llega a la denuncia después de largos o agudos procesos de violencia.
Se incorpore a las estrategias y acciones institucionales la obligatoriedad de crear refugios (estatales o en alianzas público – comunitarias – sociedad civil) para mujeres en situación de violencia machista y sus hijos e hijas.
Se incluyan a las mujeres en situación de violencia machista como grupo prioritario en los programas de vivienda y dentro del programa de revitalización de los barrios, de reciente creación.
Se incluya en la Estrategia Integral y en el resto de los programas para el abordaje del problema, los cruces entre violencia política y de género.
Desde la sociedad civil se impida la instrumentalización de las causas de las mujeres y poblaciones LGTBIQ+ por parte de las agencias federales estadounidenses, dentro del ensamblaje del diferendo Estados Unidos – Cuba.
Se interrumpa la narrativa criminalizadora de los activismos feministas no institucionales, que sin pruebas ni sentido son clasificados en bloque como emisarios de la política estadounidense. Lo anterior no solo desenfoca la importancia de las víctimas sino que se alía a la política arbitrariamente polarizadora que tanto está afectando a Cuba. Además, lo mismo instrumentaliza las luchas feministas para perjuicio de la sociedad entera.
Se priorice la programada nueva Ley de Asociaciones, que permita formalizar espacios, proyectos y colectivos de la sociedad civil que en este momento tienen que funcionar en la ilegalidad o la alegalidad. Ello permitiría, además, producir alianzas con las instituciones y otros ámbitos de la vida social.
Se avance con prisa y sin pausa en el camino de una Ley Integral contra la Violencia de Género.

La justicia es, también, reconocimiento, y lo que se ha avanzado hoy en Cuba en el campo de las violencias de género es resultado de un trabajo a muchas manos, se asuma o no, se visibilice o no. Los feminismos, por su parte, han sido históricamente espacios incómodos para la política rígida, conveniente, para cualquier letanía obtusa, venga de donde venga; que lo sigan siendo es, cuando menos, deseable. Los feminismos están, estamos aquí, para volver lo que parece políticamente imposible en políticamente inevitable. La Ley Integral contra la Violencia de género es y debe ser eso.

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Nota:

¹ Al momento en que se escribe este texto la aplicación no aparece disponible online.