I
En febrero de 2021 surgió America First Legal, un think tank conservador destinado, entre otras cosas, a ayudar/organizar a los fiscales generales republicanos en su confrontación contra el poder ejecutivo demócrata. Su presidente, Stephen Miller, es uno de esos halcones conocido por sus políticas de línea dura en materia de inmigración y por sus llamados a la guerra cultural según los términos al uso, denunciando en todo caso radicalismo donde solo hay apenas liberalismo.
Durante su etapa como asesor de Trump (2017-2021), Miller ganó notoriedad por chocar con otros funcionarios de la administración debido a las políticas de inmigración restrictivas y chocantes que presentaba al presidente, entre ellas una que en su momento causó bastante ruido ambiental: la prohibición de viajar a Estados Unidos de musulmanes (el llamado Musmlim ban, urdido junto a Steve Bannon) en medio de sus esfuerzos para acelerar los cambios de reglas o eludir los procesos burocráticos establecidos. Fue, asimismo, uno de los principales arquitectos y defensores de las separaciones familiares forzadas que implementó la administración Trump en la frontera sur.
De su autoría fue también la idea inicial de utilizar la autoridad de salud pública del Gobierno Federal como medio para lograr un objetivo largamente perseguido por los trumpistas: cerrar la frontera sur a los solicitantes de asilo, en violación de las leyes estadounidenses e internacionales. Luego de esa movida, las autoridades pudieron expulsar de manera sumaria a los migrantes sin brindarles la oportunidad de buscar protección. El 20 de marzo de 2020, bajo la presión de la Casa Blanca, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una orden de expulsión masiva de emigrantes bajo una disposición legal desde entonces denominada Título 42.
Esa política, apodada el “especial de Stephen Miller“ por un exfuncionario de la administración Trump, fue criticada desde el principio mismo por epidemiólogos y especialistas de salud pública. Pero con el cambio de administración, un grupo de expertos le pidió al presidente Biden poner fin a “una política científicamente infundada” que, dijeron, no ayudaba a prevenir la propagación de la COVID-19 y empeoraba las cosas”. Pero aún está vigente después de un zigzagueante proceso judicial. Y está siendo utilizada por la administración Biden hasta que se determine legalmente lo contario.
Lo cierto es que bajo la batuta de Miller la organización se vino a sumar a un sistema de entidades legales de tendencia conservadora a la manera de Judicial Watch y Alliance Defending Freedom e Immigration Reform Law Institute. Pero a diferencia de estas, America First Legal tiene un declarado sentido práctico: se centra en el derecho administrativo y la llamada “extralimitación ejecutiva”, una doctrina políticamente motivada y criticada por expertos constitucionalistas por desconocer la separación de poderes.
En otras palabras, Miller y sus “cuadros” se dedicaron a construir una institución que sirviera de apoyatura legal y funcionara como una American Civil Liberties Union (ACLU), pero al revés, para hacerle la vida imposible a la administración Biden y sus políticas, en especial (pero no solo) en el área de la inmigración. Como escribe el propio Miller en su página web:
America First Legal es la respuesta largamente esperada a la ACLU. Estamos comprometidos con una defensa inquebrantable de la verdadera igualdad ante la ley, las fronteras nacionales y la soberanía, la libertad de expresión y religión, los valores y virtudes clásicos, la santidad de la vida y la centralidad de la familia, y nuestra herencia legal y constitucional atemporal. A través de litigios y supervisión implacables, protegeremos a Estados Unidos primero, ahora y siempre.
Una revisión sumaria de su personal arroja, en efecto, que allí se han logrado reunir algunos nombres de la crema y nata del conservadurismo estadounidense al recibir el apoyo de entidades como el Instituto de Asociación Conservadora del exsenador Jim DeMint y de individuos como el fiscal del proceso de impeachment al presidente Bill Clinton, Ken Starr (1946-2022), quien formaría parte del primer equipo de defensa del juicio político contra Donald Trump.
Asimismo, se sumaron al empeño Gene Hamilton, un exabogado del Departamento de Justicia que funciona como vicepresidente y asesor general de la entidad, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows.
II
Menos de cien días después de iniciada, la administración Biden hubo de enfrentar demandas presentadas por fiscales generales estatales republicanos. Digamos que ya en enero de 2021 el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a la nueva administración tratando de impedir una moratoria de cien días a la expulsión de algunos inmigrantes indocumentados y alegando que la orden ejecutiva presidencial violaba tanto la Constitución como un acuerdo existente entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional.
Un poco más tarde, en marzo de 2021 Paxton presentó otra demanda junto con el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, contra la orden ejecutiva de Biden deteniendo la construcción del oleoducto Keystone XL, a la que se sumaron 21 estados republicanos.
Como se conoce, en 2015 el presidente Barack Obama lo había retrasado temporalmente, pero en enero de 2017 el presidente Donald Trump lo reactivó. Después de la orden ejecutiva de Biden revocando el permiso a TC Energy Corporation para desarrollar el oleoducto, finalmente en junio de 2021 la firma lo abandonó.
La figura de este ultraconservador republicano funciona como la sal de la tierra. Criatura nacida del Tea Party, en 2015 Paxton fue elegido por primera vez fiscal general de Texas y desde entonces ha sido ratificado en el cargo por los electores. Pero tiene un historial con peculiaridades un poco incómodas. En 2020, por ejemplo, varios asistentes suyos lo acusaron de “influencias impropias, abuso de poder, soborno y otros delitos potenciales”, aunque fue exonerado de cargos por un juez federal de Texas.
A principios de enero de 2021 Paxton se involucró en actividades como hablar en el mítin que Trump convocó antes de los sucesos del Capitolio. “No dejaremos de luchar”, dijo apenas minutos antes de que las turbas asaltaran el edificio federal en un intento por dar un golpe de Estado que, al final del día, provocaría la muerte de cinco personas, incluido un oficial de policía. Paxton afirmó después lo de siempre: que los asaltantes eran activistas liberales que se hacían pasar por partidarios de Trump.
Después de la victoria electoral de Biden, se unió a Trump en sus esfuerzos por anular los resultados. Presentó el caso Texas v. Pensilvania ante la Corte Suprema, dirigido a invalidar 72 votos electorales que hubieran permitido declarar ganador al perdedor de los comicios. La demanda terminó en un ruidoso fracaso, entre otras razones por incluir reclamos juzgados sin mérito en otros tribunales y que resultaron ser completamente falsos.
El pasado 25 de enero veinte estados republicanos presentaron una demanda en una corte federal de Texas contra el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Alejandro Mayorkas y otras agencias y funcionarios federales involucrados en inmigración alegando que no existe autoridad legal para implementar el programa de parole anunciado por la administración Biden veinte días antes.
El documento también sostiene que esos estados se verán perjudicados por la afluencia de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, los cuatro países comprendidos en el nuevo programa.
America First Legal es la institución que está detrás de esa acción, dirigida a suspender la entrada de 30 000 inmigrantes al mes procedentes de esas naciones. Y la encabeza, claro, Ken Paxton, nuestro hombre en Texas. Fue la primera movida.
La segunda, seleccionar al juez Drew Tripton.
Continuará….
