Alina Herrera Fuentes
Cuba suma desde enero hasta la fecha 48 feminicidios verificados (incluido un transfeminicidio), según los observatorios ciudadanos de Alas Tensas y Yo sí te creo. La cifra, solo a mitad de 2023 ya supera el total registrado el año anterior (36 feminicidios). El aumento de los asesinatos por motivos de género es, además de notorio, preocupante.
Factores que pueden incidir en el ascenso de la cifra son: mejoras en el sistema de comprobación de los observatorios; aumento de los avisos por parte de la sociedad civil; mayor reconocimiento de estos hechos por la ciudadanía; más acceso a internet y las tecnologías de la información, etc.
No obstante, el hecho de que a mediados de año se haya superado en doce la cifra absoluta del año precedente indica que, amén de las variables relativas al conteo y registro eficientes, los hechos, por sí mismos, pueden haber aumentado.
Ahora bien, ¿por qué asistimos a un aumento en los crímenes de género? ¿Estamos ante una sociedad más violenta? ¿Hombres más violentos? ¿Qué factores inciden en la violencia social y por qué determinados cuerpos ocupan un lugar especial en la escala de la vulnerabilidad?
Para muchas personas resulta lógico que durante la crisis de la COVID-19 se hayan disparado las cifras de la violencia basada en género.
Las medidas de aislamiento y encierro derivaron en mayor tiempo de convivencia entre maltratadores y personas maltratadas, lo que propició hechos violentos. Sin embargo, para la mayoría no queda claro que, pasadas la pandemia y las restricciones de movilidad desde hace meses, Cuba experimenta un aumento de feminicidios.
El asesinato representa la punta del iceberg de los crímenes de género y refleja la acentuación de otros problemas que estructuran la sociedad cubana actual en su propia crisis.
Las crisis económicas tienen un costo muy alto, en particular para las mujeres y los cuerpos género-disidentes (personas trans, queer, etc.). Las variables que inciden son complejas; el aumento de la vulnerabilidad, el reforzamiento de lo individual ante lo colectivo y la poca implicación del Estado en la vida social son cuestiones básicas que explican el fenómeno.
Crisis y vulnerabilidad
Cuba se encuentra sumergida en una crisis solo comparable con el Período Especial de los años 90. Datos como la inflación, la subida constante de los precios (incluidos productos de primera necesidad) y la devaluación del salario, dan muestra de ello.
Según la ONEI, la inflación interanual subió un 45,36 % entre mayo de 2022 y mayo de 2023. El índice de precios al consumidor experimentó un aumento interanual de un 45,48 % (en los alimentos alcanzó un 66,5 %); mientras el salario medio apenas aumentó un 26,5 %.
No obstante, varios especialistas han argumentado que el cálculo oficial subestima la inflación, por lo que algunos estudios la ubican en un 500 % y otros más recientes en un 200 %.
La vida se ha encarecido drásticamente. Se ha desplomado el poder adquisitivo de los salarios. Además, las tasas de desocupación aumentaron, lo que indica que un número creciente de personas se desvincula del empleo formal (estatal y no estatal) y vive en la informalidad. Es posible que la reciente oleada migratoria también haya influido en el aumento de ese indicador. La ocupación ha decrecido en casi un cuarto de millón de personas 1 (Encuesta Nacional de Ocupación, ENO, 2023).
Los efectos de la crisis provocada por la pandemia continúan; aunque acentuados por medidas económicas desacertadas implementadas en los últimos años. No obstante, estos fenómenos no han impactado a todos los ciudadanos por igual.
Mujeres afrodescendientes en Cuba y la Tarea Ordenamiento (I)
Las mujeres predominan en la población no económicamente activa (PNEA), representando el 63,7 % del total. De la cifra, el mayor porcentaje lo tienen las mujeres que realizan trabajo no remunerado en el hogar, señalado como “quehaceres del hogar”, con un 30,7 %. Mientras, la ocupación total se encuentra representada por un 61,8 % de hombres y apenas el 38,2 % de mujeres.
Asimismo, la población económicamente activa (PEA) decreció en 2022 para las mujeres en 3,16 % respecto a 2020. Teniendo como referencia este último año, la participación de las mujeres en el sector no estatal con relación al total de ocupados decreció también, de 19,1 % a 18,3 % en 2022. Si se tiene en cuenta el total de la ocupación de mujeres, el porcentaje del sector no estatal (donde se perciben mejores ingresos) ha sufrido una caída de 15,4 % en 2020 a 13,3 % en 2022 (ENO, 2023). Además, las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores de actividad económica que menores salarios perciben como promedio.
Significa que hay cada vez más mujeres en casa, más mujeres desempleadas, en empleos informales, insertadas en trabajos de menor remuneración, en los sectores y actividades de menos ingresos, precarizadas y empobrecidas.
Estas condiciones de desventaja económica generan o refuerzan la dependencia. Además, acentúan los roles y las jerarquías de género.
Las vulnerabilidades sociales condicionan el lugar que ocupan las mujeres en la pirámide social, e intensifican la noción tradicional de sujetas desvalidas, inferiores y dependientes del hombre proveedor.
En esa red de correlaciones y tramas de desigualdad desatadas por las crisis socioeconómicas que ha atravesado el país suele experimentarse un retroceso social en la escala de valores y en los avances relacionados con la emancipación de las mujeres, tanto en lo público como en lo doméstico.
La salida de los espacios conquistados, como el mercado laboral, el empleo formal, el trabajo en el campo o en los oficios compromete la autonomía económica, menoscaba la igualdad real e impacta en los ideales de igualdad de las sociedades.
La “dueñidad”
El retroceso incide en un viejo conocido, que nunca se ha largado de las relaciones jerárquicas de género, pero se ha visto amedrentado bajo contextos de menos desigualdad social: el fenómeno de “la dueñidad”.
La antropóloga y feminista Rita Segato ha acuñado el término como uno de los eslabones más difíciles de romper en las relaciones jerárquicas de género. Mientras más dependientes y vulnerables seamos las mujeres, mayor será la posibilidad de dominio y control sobre nuestros cuerpos, y mayor el sentido de dueñidad sobre nosotras.
Los feminicidios son castigos de moralidad masculina, de disciplinamiento y subordinación contra el cuerpo de las mujeres y disidentes de género de manera general. Los feminicidios son crímenes aleccionadores que envían, aún sin proponérselo, un mensaje social: “La maté, porque era mía”.
De ahí que la autonomía/autodeterminación económica (en el campo o en la ciudad, de manera individual o colectiva, en su contexto urbano-occidental o comunitario) sea una de las piedras angulares de que las mujeres puedan: 1. tomar decisiones sobre sus vidas, 2. salir de círculos de violencia, 3. participar activamente en la vida social de su comunidad y transformarla, y 4. mantenerse con vida.
Por ello las crisis económicas pegan tan duro contra los pocos avances que en materia de igualdad de género haya podido experimentar un país. Y desencadenan, a su vez, oleadas de crímenes de género. Es el caso de Cuba.
Crisis y masculinidad
Mucho se ha repetido en el contexto latinoamericano y caribeño que las crisis desatadas por los sistemas neoliberales no solo han feminizado la pobreza, sino que además han precarizado los mandatos de masculinidad.
Las crisis estructurales, si bien afectan de manera particular y con mayor intensidad a mujeres y cuerpos feminizados, inevitablemente amplían el empobrecimiento de otras franjas sociales que sucumben ante planes o medidas económicas esporádicas y paliativas. En ellas, los varones comprueban la imposibilidad de cumplir con el mandato social de proveer, de ser “dueños”, de asegurar la vida próspera de su familia o de demostrar la realización de su masculinidad en términos de “poder” frente a sus pares.
En Cuba, expertos señalan que, en efecto, la generalización de la pobreza se hace cada vez más evidente y que deben tomarse medidas urgentes al respecto. Si la población económicamente activa para las mujeres cayó un 3,16 % en 2022 en comparación con 2020, para los hombres la caída fue de casi un 5 %.
Ante la severidad de las crisis (económicas, sociales, culturales, de valores) y a medida que se reducen los espacios en los que practicar los mandatos de masculinidad, los cuerpos de las mujeres los sustituyen para refrendar la jerarquía masculina.
El cuerpo-territorio de las mujeres, en contextos de decadencia generalizados, vuelve a convertirse en el reservorio simbólico de la masculinidad, donde el hombre pretende encontrar un reducto en el que demostrarle a la sociedad que no ha perdido el vigor de la escala social a la que pertenece.
La imposibilidad de exhibir potencia económica, moral e incluso intelectual; las dificultades para ser dueños de recursos y patrimonio conduce a los varones a no encontrar formas de reafirmar sus roles y su pertenencia a la corporación masculina. Lo que resta es el uso de la violencia para restituir su posición.
No quiere decir que sea un problema exclusivo de varones empobrecidos; sino que en un contexto general y colectivo de precariedad y crisis todas las personas se encuentran imbuidas en esas dinámicas de interacción social. No se trata de correlaciones que haya que verificar caso por caso; el fenómeno nos envuelve a todos y todas. Nadie puede ser extraído totalmente de tejidos sociales corrompidos por la pobreza, ni mantenerse aislado de sus efectos colectivos. La (im)posibilidad material crea sentidos, paradigmas y antivalores para todas las capas sociales.
La combinación entre vulnerabilidad-dueñidad-masculinidad en épocas de crisis, se potencia. Y, así, las violencias de género terminan en feminicidio.
Crisis e instituciones
Una ley contra la violencia basada en género y sexualidad y contra las discriminaciones diversas hace falta en Cuba. Mediante las normas jurídicas pueden crearse tejidos legales que se adhieran a los tejidos sociales por su parecido y necesidad. Pero no es el único recurso posible, ni sería suficiente.
Hacen falta programas sociales, políticas públicas que ayuden a paliar la crisis para todas las personas y grupos, y también para sectores específicos marcados por vulnerabilidades históricas. Es el caso de las mujeres y las disidencias sexuales y de género.
Hace más de dos años se aprobó el Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres (PAM); pero de las políticas que anuncia se tienen pocas noticias. La Estrategia Integral contra la violencia de género y en el escenario familiar será insuficiente si no se modifica la estructura institucional en las diferentes instancias.
La Federación de Mujeres Cubanas, por ejemplo, a pesar de ser una organización vinculada al Presupuesto Central del Estado, ha visto reducidos sus fondos por lo menos desde la Ley de presupuesto de 2022. Desde el primer artículo, inciso k, se contempló como objetivo principal “reducir, de manera importante” la asignación de la reserva del fondo central destinado a organizaciones. No obstante, su falta de jerarquía institucional (ya que no es Ministerio) la relega en la distribución del financiamiento del Estado al sector de las organizaciones que ha sufrido esas reducciones (Ley del Presupuesto del Estado para 2022).
De cara a la crisis, no es lo mismo ser una organización invitada a la confección de un plan, que ser el Ministerio encargado de implementar una política pública en alianza con otras instancias. Para el éxito se necesitan, además, recursos financieros.
Las leyes caen en letra muerta sin el respaldo institucional y presupuestal acordes a los problemas que pretenden atender esas normas jurídicas.
No disminuirán los feminicidios si no se disponen acciones y programas que atiendan: brechas económicas, de acceso a los recursos, salariales, de empleo; crisis de los cuidados (los círculos infantiles son insuficientes desde hace décadas; las guarderías privadas, muchas veces, impagables para familias empobrecidas); el problema de la vivienda; la crisis de alimentos, de medicamentos y la escasez de métodos anticonceptivos; el desamparo que acarrea la informalidad (donde se encuentran sobrerrepresentadas las mujeres racializadas, migrantes y trans) y la falta de garantías del sector no estatal (cuentapropista, cooperativista, privado).
Además, persisten problemas específicos que influyen en la violencia y los crímenes de género, abordados en otros trabajos.
Por los canales oficiales se ha reiterado la inclusión de sanciones penales más severas para quienes cometan asesinato por razones de género, imponiéndose las penas de privación perpetua de libertad y de 30 años de privación de libertad a los feminicidas.
Pero el derecho penal y el punitivismo carcelario no recomponen el tejido social, no inciden en la autonomía de las mujeres, no disminuyen la pobreza, no afectan los mandatos de masculinidad, ni desmontan las jerarquías disciplinantes de género. El derecho penal castiga a un sujeto en específico, pero su alcance no llega a transformar las causas que provocan el aumento de crímenes de género, a pesar de que ese castigo trae cierto sabor de reparación y justicia a las familias.
Si la cárcel fuera la solución, después de tantos siglos de práctica carcelaria, ya no tendríamos criminalidad. No obstante, hasta para articular una respuesta punitiva de esa magnitud se requieren recursos y presupuestos que perfectamente pueden destinarse a otras políticas de mayor impacto preventivo. Y la prevención significa que cada vez ocurran menos muertes, y no solamente encerrar a los culpables.
El Observatorio de género, otra de las políticas anunciadas en el PAM, finalmente ha sido publicado y tenemos acceso a una base que concentra datos de interés sobre brechas y desigualdades entre hombres y mujeres cubanas.
Es más amplio que un observatorio de feminicidios, algo valioso. No obstante, el Observatorio no hace mención a la población trans/travesti y la base del conteo de los feminicidios son sentencias de “procesos judiciales resueltos por los tribunales” por delitos de asesinato en base al género.
Lo segundo provoca malformaciones en las estadísticas oficiales. Los conteos de feminicidios se basan en hechos (según sus características, la investigación policial, la carátula del expediente, de la causa, y hasta del informe médico-legista), y no en sentencias; los hechos se inscriben en un año natural, mientras los procesos judiciales pueden tomar más tiempo o resolverse fuera de ese año natural; que la referencia sean sentencias impide la comparación fidedigna de la tasa con otros años (no basados en sentencias) y hasta con las tasas de otros países (basadas en hechos).
Además, otros actores de la institucionalidad cubana también se encuentran golpeados por la crisis: la policía, los órganos de investigación, la atención hospitalaria, las fiscalías, los tribunales, y demás. Estos se encargan de prevenir y, en última instancia, de preservar una vida en peligro inminente. La prevención de mayor alcance y a largo plazo corre por cuenta también de otras instituciones y actores: las escuelas, las universidades, las instituciones culturales y de divulgación, los ministerios; pero se encuentran igualmente afectados por la crisis.
El aumento de los feminicidios en Cuba no se explica mediante el discurso de la violencia y el “debido” castigo severo. Se explica por los niveles de desamparo, de empobrecimiento, de marginación, de inoperancia y/o ralentización de las instituciones. Por la falta de programas y políticas concretas. Por la falta de un tejido legal con perspectiva de género e interseccional que coadyuve a contener la espiral de las desigualdades. Las leyes obligan a los actores institucionales a cumplir sus roles y pueden servir como instrumento pedagógico.
En contextos de “sálvese quien pueda”, las mujeres y los cuerpos feminizados siguen siendo los que más pierden, los que expresan con sus muertes la profundidad de una crisis.
Nota:
1 Exactamente 231.364 personas.
