Alina Herrera Fuentes
El pasado 17 de marzo se registraron protestas ciudadanas en varios puntos de Cuba, principalmente en Santiago, Matanzas y Bayamo. Las imágenes documentaron una participación importante de mujeres, algunas de ellas madres que, acompañadas de sus hijos, corearon entre la multitud “comida y corriente” y “libertad”.
Los largos apagones han regresado a Cuba en medio de una crisis que también es política. En este escenario en el que alimentos, medicamentos y bienes básicos escasean, las mujeres cubanas son, de nuevo, responsables por sortear el contexto y sostener a las familias.
Pero este no es un capítulo inédito. En 2022 localidades como Nuevitas y Caimanera protagonizaron protestas por la cantidad de horas que permanecían sin corriente eléctrica al día, apuntó la Fiscalía en su petición acusatoria. Varios manifestantes fueron encarcelados y judicializados.
Pero el antecedente de mayor impacto de las protestas de marzo de este año es, sin duda, el 11J de 2021. Miles de manifestantes tomaron las calles para protestar, azuzados por el efecto de los apagones. Hasta 2022, el Estado cubano había reconocido el procesamiento penal de 790 participantes de esa movilización.
No obstante, la peor crisis energética vivida en Cuba tuvo lugar en los 90, durante el llamado Período Especial, una especie de pesadilla del pasado que, al parecer, nos sigue pisando los talones.
Sobre aquellos años la investigadora y profesora Velia Cecilia Bobes escribió: “La llegada del Periodo Especial y sus políticas de ajuste han impactado a la mujer más severamente que a los hombres (…) la persistencia de la división inequitativa de roles al interior de la familia ha hecho que las mujeres hayan visto multiplicada su sobrecarga de trabajo, esfuerzos y preocupaciones y que la calidad de su vida se haya deteriorado más que la de cualquier otro grupo”.
Cuba no es el único país que ha percibido un impacto diferenciado de la crisis energética sobre las mujeres. La propia agencia ONU Mujeres ha insistido en la necesidad de atender las crisis y pobreza energéticas como problemas con especial repercusión para mujeres y niñas. La falta de corriente eléctrica genera cortes en el suministro de gas para cocinar y hace que los artículos electrodomésticos de cocción queden inutilizados.
Ante esa circunstancia, las familias buscan elementos que puedan combustionar para cocinar. Esto provocó más de 4 millones de muertes en 2012 por la contaminación del aire que se genera en las casas. Un 60 % de esas muertes corresponden a mujeres y niñas. En Sudáfrica, desde 2007 los cortes recurrentes de luz han golpeado con fuerza a quienes se ocupan de las tareas del hogar: las mujeres. Estos patrones se repiten en Puerto Rico, República Dominicana, países en conflicto armado o invadidos (Ucrania y Palestina).
En cuanto a Cuba, el país tiene hoy la misma capacidad de generación de electricidad que en 1994. Pasadas tres décadas y después de varias remontadas económicas, nos preguntamos por qué las mujeres siguen cargando con la peor parte.
Memorias de la oscuridad
Antes de los 90, la URSS y sus asociados del CAME proveían alrededor del 95 % del petróleo del que disponía Cuba. Con la disolución del campo socialista se cancelaron los acuerdos. Con la crisis económica devenida, unida al bloqueo estadounidense, era extremadamente difícil para Cuba obtener petróleo y comprarlo a los países exportadores, según afirma Joaquim Sempere en “El colapso energético en la Cuba de los años 90″.
La petrodependencia cubana no solo se manifestó en la desaparición del principal aliado, sino también porque la economía interna, incluida la agricultura, dependía del llamado oro negro.
Durante los primeros treinta años del Gobierno revolucionario se tractorizó la agricultura: antes de 1959 se contaban en el campo unos 9 mil tractores, mientras que en 1989 se contabilizaban 180 mil; multiplicándose casi por diez veces su número. La irrigación mecánica para ese mismo año se había duplicado y cubría el 26 % del suelo del país, mientras que el agua embalsada para fines agrícolas se multiplicó por 137, en comparación a antes de 1959.
Por esas condiciones, en la antesala del Período Especial la crisis de alimentos golpeó con dureza a las familias cubanas.
Con la crisis energética, el transporte sufrió grandes estragos. La circulación de automóviles y autobuses se redujo en dos tercios entre 1989 y 1994, y a la mitad la de los trenes. El 70 % de las guaguas y el 50 % de las locomotoras quedaron inutilizadas. Esto condujo a la compra por el Estado cubano de más de un millón de bicicletas chinas para el sector trabajador fundamentalmente, así como la adaptación de carretas a tracción animal (para el transporte personal, público y hasta como ambulancias) y de autobuses de grandes dimensiones para el transporte colectivo en la capital (los llamados “camellos”). La población se vio conminada a desplazarse largas distancias caminando o en bicicleta, en un escenario en el que concurría la mala alimentación.
La matriz energética (conjunto de fuentes de energía disponibles) dependía en casi un 75 % del petróleo; la caída brusca de su suministro provocó constantes cortes de electricidad de entre 16 a 20 horas en el día.
Esto no solo fue perturbador para los hogares, sino además para las cadenas de refrigeración industrial y la distribución de alimentos perecederos. Se racionó el suministro habitual del gas para cocinar, que fue sustituido artesanalmente en las casas por cualquier elemento de combustión.
La crisis tuvo especial repercusión para las mujeres cubanas. Investigadoras que experimentaron las vicisitudes del Período Especial lo confirman. Al rememorar esa época, dijeron: “Cada mujer se ha vuelto una artífice para asegurar que toda la familia se alimente y —casi sin disponer de jabón y detergentes— asista a la escuela o al trabajo limpia y aseada” (“Mujer, período especial y vida cotidiana”, colectivo de autoras).
Si bien las tasas de participación económica de ellas fueron oscilantes entre 1990 y el 2000, con períodos de aumento y descenso, lo cierto es que durante el Periodo Especial muchas cambiaron de ocupación, migraron hacia los sectores no estatales emergentes, o se vieron en la necesidad de participar en actividades ilícitas o marginales como el mercado informal y la prostitución.
En el área de la salud, los derechos sexuales y reproductivos se vieron afectados de forma significativa. En 1996, del total de métodos anticonceptivos que se usaban predominó en un 47 % el uso de dispositivos intrauterinos (que evitaban el embarazo con una efectividad relativa, pero no las ITS); seguidos por las píldoras anticonceptivas, que no rebasan el 14 % del total; y el uso del preservativo solo cubrió el 5 % (aunque para ese año su uso había aumentado en cinco veces desde 1991 gracias a las campañas de prevención del VIH/SIDA).
El Período Especial también afectó el acceso a los estudios. En “La mujer joven: inserción y proceso social”, la investigadora María Isabel Domínguez destaca que, si bien las universidades registraron un predominio de mujeres en esa época, evidenciando la feminización de los grupos de profesionales (entre 1990 y 1995, el 57 % de todos los estudiantes universitarios del país eran mujeres, y en La Habana representaban el 61,6 %), esto ocurrió para aquellas jóvenes que vivían cerca de los recintos universitarios (a muchachas residentes en zonas alejadas las impactaba más la falta de combustible y transporte), eran hijas de profesionales y de piel blanca. No obstante, las jóvenes de altos niveles de instrucción sólo representaban la quinta parte del total de mujeres jóvenes insertadas en las fuerzas laborales; más de la mitad (mayormente racializadas y residentes de la periferia) no alcanzó calificación profesional y nutrieron los puestos no calificados o quedaron registradas como “amas de casa”.
La crisis de combustible y energía condicionó el recorte de plazas para ingresos a los estudios universitarios que se experimentó en aquellos años, junto a la ampliación de la enseñanza técnico-profesional especializada en construcción, agricultura y otras asociadas a las ingenierías. Esto provocó una alta deserción escolar de muchachas al terminar la secundaria básica, lo cual incentivó las uniones matrimoniales y la maternidad en edades tempranas; las mujeres se refugiaban en los “quehaceres del hogar”, según lo referido por Domínguez.
De acuerdo con lo apuntado en el estudio “Mujer, período especial y vida cotidiana”, no todos los territorios sufrieron la crisis por igual. Las mujeres residentes en provincias orientales se encontraban más distantes de los centros de mercado, las ofertas de empleo y las divisas. Las residentes en áreas rurales recibían menos subsidios y gratuidades por parte del Estado, por lo que la precarización fue doblemente aguda para ellas.
La migración interna y, con ella, los problemas habitacionales, laborales y de subsistencia en los territorios receptores, que eran fundamentalmente urbanos, también se vio reflejado en esta época. Así, las mujeres migrantes fueron más proclives al ejercicio de actividades marginales y al trabajo sexual.
Durante los apagones rutinarios, las mujeres cubanas pasaban noches enteras abanicando a sus hijos e hijas, elaborando alimentos a duras penas, inventando mechones de luz para iluminarse, sustituyendo medicamentos en falta por cocimientos, remendando ropa, inventando compresas para la higiene menstrual tras la desaparición de las toallas sanitarias o similares de los mostradores de las farmacias, y un largo etcétera.
Tras la reducción del suministro de gas para cocinar, ellas se enfrentaron a la leña, al carbón o a cualquier elemento que hiciera fuego. Artefactos con luz brillante o keroseno eran empleados para la cocción de alimentos y causaron no pocos accidentes.
Muchas casas fueron vandalizadas y otras sacrificaron los marcos de sus ventanas para usar la madera como leña. Lo mismo sucedió con las traviesas de las vías de los trenes y con los manglares. Según los anuncios estadísticos de Cuba, el consumo de leña en los hogares se multiplicó casi por cinco entre los años 1991 y 1995: de 6,8 a 46,1 milímetros cúbicos.
En Cuba, en esa época experimentamos lo que sucedería a nivel mundial tras un colapso energético por el agotamiento del crudo; y las mujeres cubanas evidenciaron las grandes inequidades de género que implican las crisis.
La situación hoy
La crisis energética forma parte del presente de las cubanas. Las jóvenes de hoy no tienen registro de aquella Cuba luminosa, justa e igualitaria (en 1986 Cuba tenía un coeficiente de Gini entre un 0,22 y 0,25; y un índice de pobreza de 6,6 % de la población, ubicándola como una de las sociedades más equitativas a nivel global).
El deseo de las jóvenes de emigrar en busca de progreso se hace acompañar hoy de las memorias de madres, abuelas, tías y vecinas que sobrevivieron al preludio energético de lo que ahora les ha tocado protagonizar a las nuevas generaciones.
En treinta años hemos podido, como país, tomar conciencia de que sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energía renovables podría ayudarnos a alcanzar una soberanía energética. Estando entre las prioridades de la agenda económica, deberían concentrarse más esfuerzos en su implementación. Sobre todo cuando desde 2006 se sabe que la energía obtenida de fuentes renovables es la única salida posible y comenzaron a instalarse los grupos electrógenos.
En el Período Especial el margen de operaciones para alcanzar este objetivo era prácticamente nulo, pero durante la última década el Estado ha usado las fuentes de energía renovables (FRE) para sustituir la petrodependencia.
En 2014 se aprobó la implementación de una política trascendental para prevenir nuevas crisis como la que se vive. Me refiero a la Política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía (2014-2030), respaldada por el Decreto Ley 345 de 2019 “Del desarrollo de las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía.”
La Política tiene como objetivo elevar la eficiencia energética y el desarrollo de las FRE para, entre otros propósitos, reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), mitigar los efectos adversos del cambio climático y promover un desarrollo económico menos dependiente del carbono. Buscaba dar cumplimiento a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 (PNDES), en específico al Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS 7), referente a garantizar el acceso a “energía asequible, fiable, sostenible, moderna y no contaminante”.
En su desarrollo participan organismos estatales como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) liderados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
La implementación de la política ha arrojado algunos datos relacionados con la situación nacional respecto a la generación de energía y, además, ha permitido calcular proyecciones. Se prevé que de una generación de electricidad de 820 GWh al cierre de 2019 se crezca a 9 961 GWh para el año 2030. Ello significaría un incremento de las FRE en la generación desde un 4 % hasta un 37 %.
La meta contempla una serie de objetivos concebidos para transformar la matriz de generación energética, planteados de la siguiente forma en la Política:
- Transformar la estructura de las fuentes energéticas empleadas incrementando la participación de las FRE;
- Reducir la dependencia de los combustibles fósiles de importación para la generación de electricidad;
- Elevar la eficiencia en la generación y el consumo ahorrativo de electricidad y;
- Elevar la sostenibilidad medioambiental.
Hasta el momento se han podido medir muy pocos resultados. Uno de ellos es que la proporción de personas que viven en hogares que emplean combustibles y tecnologías limpias para cocción e iluminación aumentó del 27,9 % en 2015, al 44,1 % en 2019.
Hasta ese año, el mayor crecimiento de la capacidad instalada de FRE lo ha experimentado la tecnología solar fotovoltaica debido a los menores costos de inversión y a la disponibilidad del recurso de la radiación solar en todo el país. El resto de las tecnologías, como hidroeléctricas y bioeléctricas, no ha variado su capacidad en los últimos cinco años.
El aporte de las FRE a la generación de electricidad tuvo un discreto crecimiento en cuatro años, de 704 GWh en 2015 a 820 GWh en 2019, fundamentalmente provocado por el incremento de las fuentes hidroeléctrica y solar fotovoltaica. No existen datos más actualizados disponibles para consulta.
En 2020 se incorporó la primera central bioeléctrica con una capacidad instalada de 62 MW, la que contribuiría con aporte de energía anual al país cercana a los 350 GWh. Se prevé que esta tecnología aporte la mayor contribución de energía eléctrica entre todas las FRE en el año 2030, concentrando el 46,5 % de la energía generada. La solar fotovoltaica y la eólica, de conjunto, deben tener una contribución similar a la bioeléctrica en 2030.
Por su parte, en el año 2000, el 94,5 % de la población de Cuba tenía acceso a energía eléctrica; en 2015, se logró un 99,5 % de electrificación y desde el año 2018 este indicador alcanza casi el 100 %. Se ha descrito como la principal población beneficiaria del Programa a la rural, a la que se le instalaron 15 924 módulos solares fotovoltaicos y que, como vimos, es una de las más afectadas por la crisis del crudo.
Son proyecciones no solo necesarias sino vitales para el país y para las mujeres cubanas. Sin embargo, la población sigue teniendo la percepción de que los actuales cortes de luz por la crisis del combustible son comparables con los del Período Especial. La Política para el desarrollo de las FRE no ha demostrado cambios sustanciales para el país, ni para las mujeres cubanas.
En marzo pasado, llegó a haber apagones de 6, 12 o 18 horas diarias en la mayor parte de los territorios del país, con mayores afectaciones en provincia. La situación se ha ido normalizando progresivamente a partir del suministro ruso de petróleo.
Durante el estallido social referido al inicio de este texto, aumentó considerablemente la cocción de alimentos con leña y derivados del petróleo como el kerosene o la luz brillante. Estas alternativas afectan la salud de las mujeres, las expone a riesgos, lesiones o muerte por accidentes y, en general, la calidad de vida se deteriora.
Las crisis no son imparciales en cuanto al género. Mujeres, adolescentes y niñas cargan en sus espaldas el peso de los roles domésticos y de cuidados, que se transmiten de generación en generación y que se han convertido en una expectativa social. De ahí el lema feminista de “si las mujeres paramos, se para el mundo”.
¿Quiénes tienen el encargo de elaborar los alimentos, lavar los platos, limpiar la casa, mantener la higiene, educar y ayudar con las tareas a los niños, prepararles la merienda, velar por su salud y bienestar? En resumen, ¿quiénes son las encargadas de reproducir la vida? En una grandísima mayoría, las mujeres.
La escasez de combustible afecta —más aún— el acceso a educación y empleo; así como las relaciones familiares y reproductivas; también potencializa la marginalización de las cubanas, como ocurrió en el Período Especial.
Si en los periodos en que la generación de electricidad se ha mantenido estable las mujeres nos desplazamos en el espacio público (calles, parques, avenidas, barrios, senderos) tomando precauciones para evitar pasajes oscuros y prevenir violencias callejeras, en tiempos de apagones muchas veces la opción será no salir de casa, así sea ante una emergencia, lo cual limita la circulación en el espacio público y el normal desarrollo de la vida.
La desigualdad de género en las crisis existe y se acentúa. Plantea amenazas para la salud (física y mental) y la seguridad de mujeres, niñas y cuerpos feminizados. No en vano son mujeres las que protagonizan protestas barriales reclamando agua potable, luz eléctrica y comida.
