La agenda de gobierno de Donald Trump sufrió nuevos golpes este martes de manos de jueces federales.
Una jueza bloqueó indefinidamente la congelación de fondos federales por parte de la Administración Trump, al tiempo que otro magistrado hizo lo mismo con la orden del mandatario de suspender el sistema nacional de admisión de refugiados en Estados Unidos.
En el caso de la primera, la magistrada Loren AliKhan prohibió al Gobierno “implementar, dar efecto o restablecer bajo un nombre diferente” la directiva de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca de congelar la asistencia federal mientras revisaba el gasto.
“En términos más simples, la congelación estuvo mal concebida desde el principio”, escribió AliKhan.
“Los acusados querían pausar hasta $3 billones en gasto federal prácticamente de la noche a la mañana, o esperaban que cada agencia federal revisara cada una de sus subvenciones, préstamos y fondos para verificar su cumplimiento en menos de veinticuatro horas. La amplitud de esa orden es casi insondable”, añadió.
Una coalición de organizaciones sin fines de lucro desafió la directiva de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) el mes pasado. Aunque el memorando que dio origen a la demanda fue anulado, la coalición ha argumentado que la Administración republicana mantiene un interés en llevar a cabo la misma política como parte de sus esfuerzos más amplios para reformar drásticamente el Gobierno federal.
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Los demandantes
La demanda fue presentada por el Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro; SAGE, una organización de defensa pro-LGBTQ para adultos mayores; la Asociación Estadounidense de Salud Pública; y el grupo de pequeñas empresas Main Street Alliance.
Están representados por Democracy Forward, una organización que ha luchado con frecuencia contra Trump en los tribunales.
“Muchas organizaciones tuvieron que recurrir a medidas desesperadas solo para seguir operando”, escribió AliKhan. “La pausa puso en grave peligro programas críticos para niños, ancianos y todos los que se encuentran entre ellos. Debido a que el interés del público en que no se congelen arbitrariamente billones de dólares no se puede exagerar, los demandantes han superado con creces su carga aquí”.
Una coalición de fiscales generales estatales demócratas, liderada por la fiscal general de Nueva York Letitia James (demócrata), emprendió acciones legales contra la oficina de presupuesto de la Casa Blanca por la directiva.
El Departamento de Justicia apeló esas decisiones. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro (demócrata), también demandó a la Administración Trump, diciendo que el Gobierno federal todavía está suspendiendo las subvenciones a su estado ,a pesar de las órdenes judiciales en los otros dos casos.
A favor de los refugiados
Por su parte, un juez federal de Seattle bloqueó también este martes el intento de Trump de suspender el sistema nacional de admisión de refugiados en Estados Unidos.
La medida fue tomada en respuesta a una demanda presentada por importantes grupos de ayuda a refugiados y personas afectadas por la suspensión del programa, refiere un despacho de prensa, lo que supone otro parón a los planes antiinmigrantes de la administración republicana.
El juez de distrito Jamal Whitehead, designado por el expresidente Joe Biden en 2023, dictaminó que aunque el actual mandatario tiene una amplia autoridad para decidir quién entra al país, no puede anular la ley del Congreso que establece el programa de admisión de refugiados.
El magistrado afirmó que las acciones de Trump equivalían a una “anulación efectiva de la voluntad del Congreso” en este asunto, señala el despacho noticioso.
Argumentos del Gobierno
Mientras, el abogado del Departamento de Justicia, August Flentje, argumentó que la orden de Trump estaba dentro de su autoridad legal para negar la entrada a extranjeros cuya admisión al país “sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.
En contrapartida, el juez Whitehead consideró que esta autoridad no es ilimitada y que las acciones del presidente excedían sus límites legales.
La suspensión del programa había causado graves consecuencias para los refugiados y las organizaciones que los apoyan.
Muchos refugiados a los que se les había aprobado su ingreso a Estados Unidos vieron cancelados sus viajes con poca antelación, y familias que esperaban reunirse se vieron obligadas a permanecer separadas, añadió el despacho de la AP.
Además, las organizaciones de ayuda humanitaria, como el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados y la agencia judía HIAS, tuvieron que despedir a cientos de empleados debido a la congelación de fondos para el programa gubernamental.
Reacciones, antecedentes y futuro del caso
La decisión del juez Whitehead ha sido vista como un revés significativo para la Administración Trump, que podría rápidamente apelar la decisión, en tanto los defensores de los refugiados han celebrado la medida, destacando que los migrantes son una bendición para el país y no una carga.
Tshishiku Henry, un activista que trabaja en favor de los refugiados en el estado de Washington, expresó su gratitud hacia Estados Unidos por darle una “segunda oportunidad” después de huir de la guerra en la República Democrática del Congo.
En años recientes, el programa de admisión de refugiados ha sido objeto de controversia política.
Ya durante su primer mandato, Trump lo suspendió temporalmente y redujo drásticamente el número de refugiados que podían ingresar al país cada año.
La semana pasada, un juez federal en Washington D.C. se negó a bloquear inmediatamente las acciones del Gobierno de Trump en un caso similar presentado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.
Este caso enfrenta otra audiencia el próximo viernes y dado lo peliagudo de tales procesos, es probable que estos casos lleguen a la Corte Suprema, lo que podría tener implicaciones significativas para el futuro del programa de admisión de refugiados en Estados Unidos.
Trump escala en su ofensiva antiinmigrante
El Gobierno de Donald Trump anunció este martes que planea exigir a los millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos que se inscriban en un registro y proporcionen sus huellas dactilares, indicó un despacho de la agencia española EFE.
Los migrantes que no acaten esta exigencia pueden enfrentar un proceso penal con multas e incluso penas de cárcel, una escalada respecto a su condición migratoria actual, considerada un delito civil.
La medida, estimó EFE, busca en realidad presionar a millones de indocumentados que viven en Estados Unidos para irse del país por su propia cuenta, dado que la inscripción en el registro proporcionaría datos al Gobierno para su deportación, pero incumplirlo podría suponer penas de cárcel.
“El presidente Trump y la secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi) Noem tienen un mensaje claro para quienes están en nuestro país ilegalmente: Márchense ahora”, dijo la portavoz de ese departamento, Tricia McLaughlin, en un comunicado publicado por The New York Times.
Los padres de indocumentados mayores de 14 años también deberán inscribir a estos menores de edad en el registro.
Es poco probable que los migrantes se inscriban en este registro de Trump, dado que el mandatario ha prometido deportaciones masivas de los más de 11 millones de indocumentados que viven en el país.
Este registro tiene como base legal una ley en desuso aprobada durante la Segunda Guerra Mundial para que los migrantes indocumentados que llegaban al país se inscribieran, recordó EFE.
