La exintendenta del municipio de Puerto Padre, Maricela Alonso Ojeda, fue sentenciada a siete años de prisión por el delito de malversación, tras “desviar productos destinados a la venta en tiendas para su beneficio personal”.
Mientras, Mario Quirino Infante Sosa, identificado como partícipe, recibió una condena de seis años. Ambos cumplirán sus penas en un centro penitenciario designado por el Ministerio del Interior, de acuerdo con un reporte de Periódico 26.
La investigación determinó que Alonso Ojeda, aprovechando su cargo, sustrajo productos destinados al comercio minorista para su propio provecho, con la colaboración de Infante Sosa, quien se encargó de trasladar y vender los bienes.
Como medidas adicionales, el tribunal les prohibió ocupar cargos relacionados con la administración de recursos, ejercer derechos de sufragio y salir del país hasta cumplir sus sanciones. De acuerdo con el Periódico 26, los acusados y la Fiscalía pueden apelar la decisión mediante un recurso de casación.
La sentencia sobre la funcionaria de Las Tunas se conoce horas después de que el presidente Miguel Díaz-Canel pidiera a las autoridades cubanas respuestas “contundentes” contra los delitos en la isla.
El mandatario llamó particularmente a enfrentar “con total severidad” los hechos de violencia, agresividad y daño económico, así como al “combate directo” de las indisciplinas sociales y las ilegalidades que se multiplican en el país con la crisis económica como telón de fondo.
Díaz-Canel pide respuestas “contundentes” contra los delitos en Cuba
Sus declaraciones tuvieron como escenario la reunión gubernamental que dio inicio al segundo Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, que se extenderá hasta el próximo 29 de marzo.
En su intervención, citada por la prensa estatal, Díaz-Canel demandó la realización de “juicios ejemplarizantes”, fundamentalmente por delitos que han ocurrido en instituciones estatales.
Las autoridades y los medios oficiales llevan adelante una campaña contra la corrupción en medio de la severa crisis económica que padece el país y la ineficacia de las medidas gubernamentales para enfrentarla.
El caso más sonado en décadas fue el del exministro de Economía, Alejandro Gil, que a inicios de marzo de 2024 fue sometido a una “rigurosa investigación” luego de cometer “graves errores en el desempeño de sus funciones”. La noticia trascendió a poco más de un mes de su remoción del cargo.
Lo informado apuntaba a un presunto caso de corrupción como causa de la investigación en curso, con “graves imputaciones” reconocidas por el propio Gil.
“Desde el mismo inicio de estas actuaciones, el implicado ha reconocido graves imputaciones y en consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido y de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular”, apuntaba el comunicado firmado por Díaz-Canel, compartido por Cubadebate.
