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Las políticas migratorias de la Administración Trump han provocado la deportación o el intento de deportación de numerosos estudiantes universitarios extranjeros, e incluso de residentes permanentes legales.
La Asociación Nacional de Asesores de Estudiantes Extranjeros informó que al menos 1.800 estudiantes de 280 universidades se han visto afectados por estas acciones. A algunos les cancelaron sus registros en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) por infracciones menores, como multas por exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol u otras faltas similares. Pero la mayoría ha sido afectada por lo que el Gobierno denomina “activismo propalestino” o “antisemitismo”.
La Administración Trump ha perseguido a estudiantes que participaron en protestas de solidaridad con Gaza en distintas universidades, siguiendo una orden ejecutiva firmada por el presidente en enero de 2025. El secretario de Estado, Marco Rubio, invocó una cláusula de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 para tomar medidas contra estudiantes considerados “adversos” a los “intereses nacionales”, mayoritariamente sin pruebas de actividad delictiva o apoyo al terrorismo.
La confrontación con las universidades es una de las aberraciones más recientes de la Administración Trump. Aunque ha habido casos de concesiones, como el de la Universidad de Columbia —cuyas circunstancias no podemos abordar aquí por razones de espacio—, las universidades afectadas han presentado alrededor de cien demandas contra el Gobierno.
Jueces federales de estados como Massachusetts, Michigan y California han emitido órdenes para detener las deportaciones y han criticado la ausencia del debido proceso.
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Muchos centros educativos han reportado un temor generalizado entre los estudiantes internacionales. Algunos han llegado a autodeportarse para evitar ser detenidos y expulsados. En general, se les ha aconsejado contratar abogados y continuar sus estudios durante las apelaciones legales.
Por otra parte, grupos de libertades civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU) han condenado las deportaciones y las violaciones de los derechos protegidos por la Primera Enmienda. Argumentan que atacar a estudiantes por su discurso político sienta un precedente peligroso y han señalado la falta de evidencias y la utilización de razones inventadas por parte de la Administración.
Tres casos
Mahmoud Khalil
Palestino, residente legal, casado con una ciudadana estadounidense. Estudiante de posgrado en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de Columbia, se desempeñó como negociador principal para la campaña de Desinversión del Apartheid en dicha universidad. Fue arrestado sin orden judicial y trasladado al Centro de Detención LaSalle en Jena, Luisiana.
La Administración Trump alegó que su conducta tenía “consecuencias adversas para la política exterior”, acusándolo de apoyar a Hamás y fomentar el antisemitismo, cargos que él y su equipo legal niegan.
El 11 de abril, un juez de inmigración en Luisiana lo declaró deportable con base en un memorando del Secretario de Estado, pero un tribunal federal de Nueva Jersey suspendió esa deportación en espera de una impugnación.
Sus abogados defienden que su arresto viola sus derechos de la Primera Enmienda. Su caso ha generado protestas y ha sido apoyado por grupos judíos como J Street y Jewish Voice for Peace, así como por la ACLU.
Fuentes pro-MAGA lo presentan como defensor de Hamás y el terrorismo, mientras que sus partidarios, incluidos profesores y compañeros judíos, lo describen como un pacífico defensor del diálogo.
No se han presentado cargos penales en su contra y su equipo legal sigue luchando en tribunales federales.
Juez federal bloquea deportación de activista palestino de la Universidad de Columbia
Rumeysa Ozturk
Turca, estudiante de doctorado en la Universidad Tufts, detenida por “activismo propalestino”. El 25 de marzo fue arrestada por ICE en Somerville, Massachusetts, acusada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de “participar en actividades de apoyo a Hamás”. Sus abogados sostienen que esta acusación carece de evidencia y se basa en su coautoría de un artículo de opinión en The Tufts Daily.
El texto, publicado el 26 de marzo de 2024, criticaba la respuesta universitaria a resoluciones estudiantiles sobre la guerra en Gaza, solicitando el reconocimiento de la situación palestina y la desinversión en empresas vinculadas a Israel.
Fue arrestada por seis agentes vestidos de civil, algunos enmascarados, y trasladada a varios centros de detención, violando una orden judicial que prohibía su traslado fuera de Massachusetts sin previo aviso.
El Gobierno no pudo presentar cargos penales. Un informe del Departamento de Estado no encontró vínculos con terrorismo ni antisemitismo.
El 9 de mayo de 2025, un juez federal de Vermont ordenó su libertad bajo fianza, permitiéndole regresar a Massachusetts mientras su proceso migratorio continuaba.
Jueza federal de Massachusetts bloquea deportación de estudiante universitaria turca
Mohsen Mahdawi
Palestino, estudiante en la Universidad de Columbia, conocido por su activismo en protestas contra la guerra. Residente legal por más de diez años, fue detenido por ICE en Vermont al presentarse para obtener la ciudadanía estadounidense.
Ha defendido los derechos palestinos, condenado el antisemitismo y promovido la paz, incluyendo acciones conjuntas con estudiantes israelíes. Fue presidente de la Asociación Budista de Columbia, lo que refleja su compromiso con la no violencia.
El 30 de abril, un juez federal ordenó su liberación por falta de pruebas que lo vinculen con peligro o riesgo de fuga, señalando paralelismos con el macartismo.
El 19 de mayo se graduó de Columbia, recibiendo una ovación de pie, y desde entonces ha ayudado a fundar un Fondo de Defensa Legal para inmigrantes en Vermont.
Contra Harvard
El enfrentamiento entre Harvard y la Administración Trump comenzó cuando la universidad rechazó las exigencias gubernamentales para cambiar sus políticas de contratación y admisión, eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión y vigilar la orientación ideológica de estudiantes extranjeros.
Harvard defendió que “el intento del Gobierno de coaccionar y controlar a la universidad ignora los principios fundamentales de la Primera Enmienda, que protegen la libertad académica, y viola leyes y reglamentos federales”.
El 22 de mayo, la Administración Trump intensificó el conflicto al impedir que Harvard acepte estudiantes internacionales, acusándola de “fomentar la violencia y el antisemitismo”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la medida alegando incumplimiento de requisitos básicos de información y afirmó que Harvard había creado un ambiente inseguro permitiendo que “agitadores antiamericanos y proterroristas agredan a estudiantes judíos”. Además, Noem acusó a Harvard de colaborar con el partido comunista chino y entrenar a miembros de un grupo paramilitar chino, acusación inédita y controvertida.
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Según la medida, Harvard ya no puede matricular estudiantes extranjeros y los actuales deben transferirse o perderán su estatus legal.
La reacción de Harvard no se hizo esperar. Casi inmediatamente presentó una demanda calificando la medida de “represalia” y alegando que violaba la Primera Enmienda y las protecciones constitucionales del debido proceso.
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“La acción del Gobierno es ilegal”, repitieron. “Nos comprometemos plenamente a mantener la capacidad de Harvard para acoger a nuestros estudiantes y académicos internacionales, provenientes de más de 140 países, que enriquecen enormemente a la universidad y a este país”.
Y añadieron: “Estamos trabajando con rapidez para brindar orientación y apoyo a los miembros de nuestra comunidad. Esta represalia amenaza con causar graves daños a la comunidad de Harvard y a nuestro país”.
Una jueza federal (de nuevo)
El viernes 23 de mayo por la mañana, la jueza federal Allison Burroughs, de Boston, bloqueó temporalmente la decisión de la Administración Trump, ordenando una suspensión hasta que se realice una audiencia el 29 de mayo. La magistrada consideró que Harvard sufriría un daño irreparable sin esta suspensión y que era necesario preservar el statu quo. Y dictaminó: ” una orden de restricción temporal está justificada para preservar el statu quo en espera de una audiencia”.
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En la medida contra Harvard se ven, quizás con mayor claridad que en otras, la marca de fábrica y los constructos típicos de la ideología populista del movimiento MAGA. La idea-base consiste en que Harvard y otras “universidades élite” son bastiones del “pensamiento de extrema izquierda” y de “actividad “subversiva”. Levantan estas cuestiones para presentar a las universidades como receptoras “indignas” del dinero de los contribuyentes. Pero por absurdo que parezca —y sin dudas lo es—, encuentra caja de resonancia entre estadounidenses rurales y urbanos que nunca han ido a una universidad.
Un cubano del siglo XIX escribió una vez que “en política lo real es lo que no se ve”. Están atacando la libertad de expresión y la independencia del pensamiento, dos elementos que no combinan con el esquema de dominación que tienen en mente. Meten las manazas, sin pudor alguno, en las partes intocables del sistema. Esta vez tienen todas las de perder. Veremos.
