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En Las Tunas, la provincia más golpeada del país por problema con el agua, nueve de las 142 estaciones de bombeo que funcionan con paneles solares han quedado inoperativas tras el robo de estas placas.
Los incidentes se concentran en varios municipios: cuatro en Puerto Padre, tres en Colombia, uno en Majibacoa y otro en Jobabo, señaló el periódico Granma.
Según explicó Mirta García Rojas, delegada de Recursos Hidráulicos, hasta ahora las investigaciones en coordinación con el Ministerio del Interior no han dado resultados.
“No se ha esclarecido ningún caso y, por consiguiente, tampoco se han podido recuperar los recursos sustraídos”, reconoció. La falta de reposición ha dejado las estaciones paralizadas.
Las instalaciones cuentan con operarios durante la jornada laboral, pero permanecen desprotegidas durante la noche.
La dispersión geográfica agrava el problema: muchas se encuentran en lugares apartados, lejos de núcleos poblados, lo que complica cualquier esquema de vigilancia estable.
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Ante esa situación, la funcionaria señaló que si bien se evalúa la creación de plazas de custodios, ninguna medida será suficiente sin la cooperación comunitaria.
“Siempre serán muy valiosos el apoyo y la actuación colectiva enérgica” para frenar los delitos, insistió.
El impacto es considerable: más de 48 000 personas de 144 comunidades rurales o de difícil acceso dependen de estas estaciones solares para abastecerse de agua.
Los robos no solo frenan un proyecto destinado a extender energías limpias, sino también comprometen el suministro básico de miles de tuneros.
Estos hechos reflejan un problema de mayor alcance: el aumento de la inseguridad y del robo de recursos en diversas provincias del país, un fenómeno que afecta tanto a programas sociales como a infraestructuras críticas, debilitando aún más un sistema de servicios públicos ya marcado por la escasez y el deterioro.
