|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha constituido un grupo de trabajo interagencial para examinar posibles cargos penales federales contra funcionarios o entidades del gobierno cubano, en lo que configura la escalada más significativa de la presión legal de Washington sobre La Habana en décadas.
La iniciativa, coordinada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida e integrada también por representantes del Departamento del Tesoro, apunta a posibles delitos vinculados al narcotráfico o la violencia, según informaron fuentes conocedoras del asunto al Washington Post.
En una entrevista con CNN este mismo viernes, Trump afirmó que “Cuba va a caer bastante pronto” y que el país “quiere hacer un trato tan desesperadamente”, encargando al secretario de Estado Marco Rubio la gestión de esa eventual negociación.
Rubio, por su parte, ha moderado notablemente su discurso en las últimas semanas: si durante años fue la voz más dura del Congreso contra La Habana, hoy habla de exigir “reformas”.
En declaraciones ante la prensa durante la cumbre de CARICOM en San Cristóbal el 25 de febrero, dijo: “Si quieren hacer esas reformas dramáticas, que abran el espacio para la libertad económica y eventualmente política del pueblo cubano, obviamente Estados Unidos estaría encantado de ver eso”.
Analistas señalan que entre los temas que barajan los negociadores de ambas partes figura, precisamente, qué protecciones, incluida la inmunidad ante posibles procesamientos, podrían ofrecerse a los actuales gobernantes de Cuba en una eventual transición.
Según reveló Axios, el secretario de Estado Marco Rubio ha mantenido conversaciones discretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro. Tales contactos tuvieron también durante la cumbre de CARICOM.
Por su parte, los congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida se mueven en sentido contrario. En una carta fechada el 13 de febrero, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis solicitaron formalmente al presidente Trump que el Departamento de Justicia considerara acusar a Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.
En esa acción murieron tres ciudadanos estadounidenses —Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña— y el residente permanente Pablo Morales. Los congresistas pidieron además evaluar la emisión de una alerta roja de Interpol contra el exgobernante.
Florida reabre la investigación
Dos semanas después de esa carta, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la reapertura de una investigación criminal a nivel estatal contra Raúl Castro por los mismos hechos.
Uthmeier explicó que el expediente había sido abierto años atrás, pero que la Administración Biden “cerró este caso y, por alguna razón, no quiso que siguiera adelante”. “Esa investigación continuará. Mantenemos una excelente relación de trabajo con el Gobierno federal”, declaró durante una conferencia de prensa en Miami.
Un elemento central del caso es una grabación de 12 minutos en la que el propio Raúl Castro reconoce haber dado la orden de derribar las aeronaves, obtenida de una reunión del Partido Comunista de Cuba.
