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El discurso oficial sobre la participación de los cubanos en el exterior como actores del desarrollo en Cuba lleva años prometiendo avances que la arquitectura legal y la práctica cotidiana se encargan de desmentir.
El resultado ha sido, en muchos casos, decepción, retraimiento, desconfianza y oportunidades desperdiciadas en el peor momento del país.
Cuando el presidente Miguel Díaz-Canel convocó el pasado 2 de marzo a implementar “transformaciones urgentes”, incluyó entre sus prioridades explícitas “la promoción de negocios con cubanos residentes en el exterior”. Llevamos años escuchando lo mismo, pero con muy pocos resultados reales.
La economía cubana atraviesa su peor contracción en décadas, con un PIB per cápita que la CEPAL sitúa en el último lugar de América Latina —incluso por debajo de Haití—, y con una “población efectiva” que no llega a los diez millones de personas tras la oleada migratoria más intensa de su historia contemporánea.
Frente a ese cuadro, los más de tres millones de cubanos residentes en el exterior representan un potencial económico estratégico que el Gobierno cubano reconoce, pero al que no ha terminado de ofrecerle reglas del juego funcionales y confiables.
Mi experiencia como empresario que ha trabajado durante décadas intentando acercamientos entre la diáspora y la sociedad cubana me ha permitido madurar mis criterios, desde las experiencias prácticas que he vivido, sobre algunas decisiones económicas que tendrán que tomarse sin más dilaciones para poder rescatar el país.
Lo impostergable
Lo he dicho en varias ocasiones, especialmente después de que se aprobó la creación de mipymes en 2021. Lo he dicho en la Conferencia de La Nación y la Emigración, frente a las autoridades del país: lo primero es el reconocimiento e implementación del derecho de TODOS los cubanos a crear empresas en Cuba.
Para los residentes en el exterior no debe haber oportunidades solo como inversionistas en proyectos de otros o del Estado. El empresario, por naturaleza, quiere construir, gestionar y asumir el riesgo de su propio proyecto. No hay razón alguna para establecer este tipo de restricciones a los cubanos que residimos fuera de Cuba.
A este tenor, es ineludible garantizar la protección real a la propiedad privada. Los empresarios necesitan saber que lo que construyen, compran o desarrollan está protegido por la ley y no sujeto a cambios arbitrarios. Sin seguridad jurídica no hay inversión a largo plazo. La confianza económica empieza por la certeza de que los activos productivos están protegidos.
Otra decisión imprescindible es la de abrir plenamente el mercado inmobiliario. Hoy el desarrollo inmobiliario en Cuba se encuentra limitado por restricciones que impiden la acumulación de propiedades y el desarrollo de proyectos urbanos a gran escala.
Permitir que ciudadanos y empresas puedan adquirir múltiples propiedades, comprar terrenos, construir edificios y desarrollar proyectos residenciales, comerciales o industriales tendría un impacto económico inmediato. En todas las economías dinámicas, el sector de la construcción actúa como un multiplicador de actividad económica.
El acceso a la tierra como activo económico es fundamental. Otro gran cambio necesario. Los empresarios cubanos deben poder comprar tierras o contar con derechos de uso transferibles que puedan utilizar como garantía financiera. Sin acceso a la tierra como activo productivo, el crecimiento empresarial en sectores como la agricultura, la industria o el turismo queda severamente limitado.
Un paso fundamental es abrir el comercio exterior a las empresas privadas. Las mipymes deben poder importar materias primas, maquinaria y tecnología, así como exportar sus productos directamente a mercados internacionales. Depender de intermediarios estatales para realizar operaciones comerciales encarece los procesos y limita la competitividad.
El país también necesita desarrollar un mercado mayorista funcional. Muchas empresas privadas en Cuba enfrentan dificultades para adquirir insumos y materiales básicos. Un sistema mayorista permitiría a las empresas acceder a materias primas y productos intermedios de forma eficiente y a precios competitivos.
Otro elemento esencial es abrir el sistema financiero al sector privado. Las empresas necesitan acceso a crédito, financiamiento productivo, cuentas en divisas y sistemas de pago internacionales. Sin acceso a capital es imposible que las empresas puedan expandirse o invertir en nuevas tecnologías.
También será necesario simplificar radicalmente los procesos burocráticos relacionados con la creación y expansión de empresas. Crear un negocio, ampliar su actividad o realizar modificaciones operativas no debería requerir largos procesos administrativos. La eficiencia institucional es una de las condiciones básicas para el desarrollo empresarial.
A estas decisiones debe sumarse otra igualmente importante: combatir la corrupción administrativa, el favoritismo y la discrecionalidad en la toma de decisiones económicas. Cuando el acceso a permisos, contratos u oportunidades depende de relaciones personales o de privilegios informales, la confianza empresarial se erosiona y el desarrollo económico se distorsiona.
Las economías que logran crecer de forma sostenida son aquellas donde las reglas se aplican de manera transparente y uniforme para todos, sin ventajas selectivas ni arbitrariedad institucional.
A estos cambios necesarios se suma una cuestión estructural que el país tendrá que enfrentar: la transformación de muchas empresas estatales que hoy operan con bajos niveles de productividad. En numerosos países que han atravesado procesos de reforma económica, estas empresas han sido transformadas mediante privatización total o parcial, asociaciones con capital privado o la participación de trabajadores en su gestión mediante modelos cooperativos.
La experiencia internacional muestra que estas transformaciones pueden revitalizar sectores completos de la economía cuando se realizan de forma gradual y transparente.
Lo que enseñan China, Vietnam y otros muchos países
China, Vietnam y otros muchos países que han desarrollado sus sociedades con economía de mercado y un enfoque social redistributivo, ofrecen ejemplos interesantes. Consiguieron éxito pasando de economías altamente centralizadas al lograr transformarse en sistemas más dinámicos y eficientes sin renunciar a la planificación y al papel regulador/redistribuidor del Estado.
En el caso de Vietnam, el proceso comenzó con las reformas económicas conocidas como Đổi Mới a finales de los años ochenta. El gobierno vietnamita reconoció oficialmente la existencia de múltiples formas de propiedad y permitió la creación de empresas privadas. Pero uno de los elementos más importantes del proceso fue la relación con su diáspora.
Vietnam adoptó una serie de medidas concretas para atraer nuevamente a los vietnamitas que vivían en el exterior. Se aprobaron leyes que permitían a estos ciudadanos invertir en empresas dentro del país, participar en proyectos inmobiliarios y abrir negocios con relativa facilidad. También se establecieron mecanismos para repatriar capital y transferir tecnología.
Además, el gobierno vietnamita facilitó el retorno temporal o permanente de profesionales emigrados, incentivando su participación en sectores estratégicos como la tecnología, la industria y el comercio internacional. Muchos empresarios vietnamitas que habían construido negocios en Estados Unidos, Europa o Australia regresaron para invertir en el país cuando percibieron que existían condiciones estables para hacerlo.
China adoptó una estrategia similar. Gran parte de la inversión inicial en sus zonas económicas especiales provino de empresarios chinos establecidos en Hong Kong, Taiwán y el sudeste asiático. Estos inversionistas fueron los primeros en apostar por el crecimiento del país porque conocían la cultura, entendían el mercado y tenían vínculos culturales y emocionales con su desarrollo.
Este es un patrón común: el regreso del capital de la diáspora fue uno de los primeros motores del crecimiento económico.
El papel de la diáspora cubana
Cuba posee una ventaja extraordinaria en este sentido. La diáspora cubana es una de las comunidades emigradas más emprendedoras del hemisferio. Centenares de miles de cubanos han construido empresas exitosas, desarrollado redes comerciales internacionales y acumulado experiencia empresarial en algunos de los mercados más competitivos del mundo.
Ese capital humano y financiero podría desempeñar un papel decisivo en la transformación económica del país si existieran las condiciones adecuadas que ya mencioné arriba.
Repito: los cubanos residentes en el exterior deben poder invertir libremente, adquirir propiedades, participar en proyectos empresariales y proteger legalmente sus activos dentro de Cuba. También es necesario facilitar mecanismos que permitan transferir capital, tecnología y conocimiento empresarial.
La diáspora no es solo una fuente de remesas. Es una comunidad con capital, experiencia empresarial y acceso a mercados internacionales.
Muchos países han descubierto que el retorno económico de su diáspora fue el primer paso hacia una nueva etapa de crecimiento.
Cuba tiene frente a sí esa misma oportunidad.
Al mismo tiempo, digo que cuando hablamos de la diáspora, hay que partir de una realidad básica: quien regresa no lo hace solo con capital, experiencia empresarial o acceso a mercados. Regresa también con sus ideas, sus convicciones y su manera de ver el mundo.
Es inevitable que muchas de esas visiones no coincidan con las visiones del Gobierno o con las de quienes han vivido siempre dentro de la isla. Eso no debería sorprender a nadie.
En China, en Vietnam y en muchos otros lugares quedó demostrado que el desarrollo económico no exige uniformidad de pensamiento. Exige algo mucho más simple y mucho más difícil: respeto mutuo y la capacidad de convivir con una visión que nos permita entre todos reconstruir el país. Las diferencias de criterio no nos convierten en adversarios ni en enemigos. Son parte natural de una nación que vive dentro y fuera de sus fronteras.
