El Banco Central de Cuba autorizó este lunes a diez personas jurídicas del sector no estatal a utilizar criptomonedas para pagos transfronterizos, la primera vez que el Estado cubano concede este tipo de licencias operativas desde que reguló los activos virtuales en 2021.
Según la Resolución 4/2026 publicada hoy en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 46, las diez entidades —nueve mipymes privadas y la Empresa Mixta de Productos Sanitarios S.A. PROSA— solo podrán operar a través de proveedores de servicios de activos virtuales con licencia del BCC, exclusivamente para pagos fuera de la isla y vinculados estrictamente a su objeto social, sin que ningún otro uso quede permitido sin una nueva autorización expresa.
La Resolución 215 del BCC, publicada en 2021, estableció las normas a partir de las cuales el Banco Central regula el uso de activos virtuales en transacciones comerciales, así como el otorgamiento de licencias a proveedores de servicios de activos virtuales para operaciones relacionadas con la actividad financiera, cambiaria y de cobranzas o pagos en y desde el territorio nacional, un andamiaje que la Resolución 4/2026 convierte ahora, por primera vez, en permisos concretos para empresas privadas con operaciones al exterior.
Las condiciones impuestas no dejan margen de interpretación, pues cada entidad debe operar únicamente con los activos virtuales que su proveedor licenciado tenga habilitados, reportar trimestralmente al BCC un resumen detallado de montos y plataformas utilizadas, y solicitar prórroga con al menos 60 días de anticipación antes del vencimiento del permiso anual, bajo pena de revocación inmediata ante cualquier incumplimiento.
Cuba opera desde hace décadas bajo el embargo/bloqueo financiero estadounidense que la excluye del sistema bancario internacional convencional, lo que convierte cualquier mecanismo alternativo de pago en una herramienta con peso estratégico que va más allá de lo meramente comercial.
La gran interrogante para inversores, desarrolladores y empresarios ahora ya no es si se puede usar cripto en Cuba, sino bajo qué arquitectura jurídica se sustentan estas operaciones de liquidación, una pregunta que la nueva resolución responde para un grupo acotado de empresas con autorización expresa, plataformas supervisadas y trazabilidad obligatoria ante el Estado.
Las decisiones relativas a los activos virtuales tienen su origen en el lineamiento número 37 de la política socioeconómica del país para el período 2021-2026, que declara que debe avanzarse en el estudio del empleo de la criptomoneda en las condiciones de la economía cubana.
El perfil de las empresas autorizadas da algunas pistas sobre las prioridades del Estado, en medio de la peor crisis económica que atraviesa el país en décadas.
Banco Central de Cuba establece requisitos de licencias para operar con criptoactivos
Entre las nueve mipymes figura una dedicada a tecnología (Ingenius Tecnologías), una al comercio (La Calesa Real), una a mecánica (La Meknica) y una a la gastronomía (El Asadito). Mientras, la presencia de PROSA, empresa mixta del sector sanitario, apunta a necesidades urgentes de importación de insumos médicos, un rubro históricamente golpeado por las restricciones al comercio exterior.
Venezuela, Irán y Rusia han impulsado en los últimos años el uso de criptomonedas para sortear restricciones al comercio internacional, aunque con ecosistemas de adopción paralelos y supervisión laxa, un modelo opuesto al que Cuba ensaya ahora con licencias individuales, plataformas controladas y reporte periódico al banco emisor como ejes de un sistema que, si prueba su eficacia en estas diez empresas, podría expandirse gradualmente al resto del sector privado cubano.
En Cuba, el mercado de las criptomonedas se ha enfocado en resolver los problemas relativos a las remesas, la compra desde la Isla de productos y servicios internacionales hasta ahora vedados para los cubanos y, en algunos casos, el ahorro y la protección contra la devaluación de la moneda nacional cubana.
