Tras la avalancha de dudas, cuestionamientos y confusiones generada por una disposición gubernamental sobre la instalación de paneles solares en viviendas, era presumible que las autoridades rectificaran lo normado dada la crítica situación energética del país. Y así sucedió.
Al parecer, la presión ciudadana, alimentada por contradicciones comunicativas y la falta de claridad oficial sobre lo dispuesto, hizo al Gobierno dar marcha atrás a lo que a todas luces era una medida impopular en momentos en que los apagones se eternizan en la isla.
La confirmación del cambio de rumbo llegó este miércoles a través de fuentes oficiales. No se trata de una rectificación total, sino de una flexibilización que libera a muchas personas de los engorrosos trámites previamente establecidos, pero que mantiene la exigencia en algunos casos.
La decisión fue colegiada entre el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU) —responsable de la polémica disposición inicial—, la Oficina Nacional para el Control y el Uso Racional de la Energía (ONURE) y la Empresa Eléctrica, detalla el Periódico 26 de Las Tunas y confirma en sus redes la periodista Yuni Moliner, que ha venido dando cobertura al tema.
Lo dispuesto y lo cambiado
Aunque desde que se desató la controversia —a raíz de unas declaraciones a la televisión de un funcionario de Baracoa— comenzó a circular un desmentido que remitía a normativas del sector energético, lo cierto es que la exigencia del permiso para instalar paneles solares era real.
La medida la emitió semanas atrás el INOTU tomando como base un decreto ley de 2014. A partir de la interpretación del mismo, el montaje de paneles en una vivienda “no es un mantenimiento; es una acción constructiva que modifica la estructura y la imagen de la ciudad”, explicó al Periódico 26 Tania Vázquez Góngora, subdelegada de la entidad urbanística en Las Tunas.
Algo similar ya le había dicho el director municipal del INOTU en Matanzas, Julio César Hernández Santana, a Yuni Moliner. De acuerdo con el funcionario, para instalar paneles en una casa era necesario “un trámite similar a una licencia de construcción”, el cual requiere de un grupo de procedimientos, entre ellos una “remisión al arquitecto de la comunidad” y la “evaluación técnica del lugar de instalación”. Por demás, el autorizo tendría un costo de 68 pesos.
Instalación de paneles solares en Cuba: permisos, normativas e incoherencias en la comunicación
Después de la corrección hecha esta semana, ahora solo se necesitará permiso para instalar en casas ubicadas en los centros históricos, debido a su impacto en el ornato público, o en edificios multifamiliares, donde, como se mencionó antes, debe haber acuerdo entre los vecinos.
Para el resto de los casos, la gestión queda a “la libre voluntad del ciudadano”, refiere el medio tunero, según el cual también se decidió no imponer multas a quienes ya tienen paneles instalados y se cancelaron los trámites de solicitudes de permisos que estaban en curso.
Por su parte, en su más reciente publicación, Moliner añade que “a quienes ya tienen paneles instalados se les realizarán visitas de asesoramiento técnico para corregir posibles problemas de montaje”, a partir de un enfoque “educativo y de acompañamiento, con el objetivo de fomentar la expansión de la energía fotovoltaica”.
Una “victoria pírrica”
La flexibilización de lo dispuesto inicialmente resulta, sin dudas, un alivio para quienes ya no tendrán que enfrentarse al entramado burocrático —con sus demorados tiempos e implicaciones—, si bien todavía no pocos cubanos tendrán que tomar ese tortuoso camino por residir en las zonas o edificaciones que no fueron exentos ahora.
No obstante, persisten lógicas insatisfacciones con la manera en que se tomaron y comunicaron estas medidas en un contexto de severa crisis energética, y también interrogantes comprensibles sobre la forma en que transcurrieron los hechos, polémica mediante, y las implicaciones de lo dispuesto.
Para el Periódico 26, “la contraorden en la exigencia del permiso para las viviendas particulares podría interpretarse como una victoria, quizás pírrica, para el sentido común”. Sin embargo, al mismo tiempo se pregunta qué hubiera pasado si la ciudadanía no se hubiera manifestado de la forma en que lo hizo, y también si resulta “conveniente dejar las cosas como están”.
Al respecto, alerta que la instalación de paneles solares “sin control, o al menos sin que los organismos regulatorios sepan que existen, podrían generar accidentes, incendios por baterías mal ubicadas o conflictos vecinales eternos”. A su juicio, montar estos dispositivos “probablemente sin toda la supervisión necesaria, sería peligroso”.
Moliner, por su parte, hace énfasis en algo sobre lo que ya OnCuba había llamado la atención: el aspecto comunicativo y la falta de claridad desde un inicio por parte de las autoridades. En su opinión, lo sucedido demuestra que se subestimó “el papel de la comunicación en tiempos de crisis”.
“No basta con tener una buena intención regulatoria; si el mensaje inicial es confuso, fragmentado o mal gestionado, el resultado es incertidumbre. Y en escenarios como el actual, la incertidumbre pesa más que cualquier regulación”, concluyó su última publicación sobre el tema.
