La paradoja de los cascarones vacíos

El Gobierno cubano anunció recientemente la reducción de la cantidad de ministerios de 27 a 21. Sin embargo, desde hace años el tamaño de los organismos públicos ha sufrido una contracción notable. No por iniciativa de la política pública, sino por causa de problemas estructurales. Actualmente, la cantidad de empleados en el sector público es la más baja en décadas. No obstante, la administración pública no parece ser más eficiente ni la percepción sobre la burocracia parece haber mejorado. Enfocar la reestructuración del Estado en el tamaño no parece ser la solución a estos problemas.

No es la primera vez que el Gobierno intenta la reducción del aparato público. “(…) Sabemos que sobran cientos de miles de trabajadores en los sectores presupuestado y empresarial; algunos analistas calculan que el exceso de plazas sobrepasa el millón de personas y este es un asunto muy sensible que estamos en el deber de enfrentar con firmeza y sentido político”. Esta frase la pronunció en abril de 2010 el entonces presidente Raúl Castro, en un discurso donde criticó el fenómeno de las “plantillas infladas”, no solo en el Gobierno sino también en el sector empresarial del Estado. Eran los meses previos a la discusión de los Lineamientos y al intento de reforma económica que se llamó “actualización del modelo económico”.

Si bien tomó casi toda una década, en 2018 el país finalmente llegó al millón de plantillas reducidas. Desde entonces hasta la fecha, incluso, los puestos de trabajo en el sector presupuestado en particular sufrieron una contracción adicional del 36 %. Sin embargo, tampoco en la etapa 2018-2026 se recuerda una mejoría en la percepción de la burocracia o la eficiencia del ejecutivo que pueda ser asociada al tamaño del sector. Pensemos en un trámite cotidiano: en general, siguen siendo tediosos e innecesariamente complicados.

Actualmente, apenas un millón de cubanos están empleados en el sector presupuestado. De ellos, aproximadamente 250 mil laboran en el sector de Administración Pública y Defensa, donde se incluye el Gobierno. Esta última fracción del número se desconoce exactamente, pero es ahí donde se concentra fundamentalmente el impacto de la medida de modificar las estructuras ministeriales. Estos números, aunque ilustrativos, no cuentan toda la historia.

Paradójicamente, hemos transitado de un exceso de cantidad a un doble déficit: de cantidad y de calidad. Los ministerios, a día de hoy, parecen cascarones vacíos. Los lectores de esta columna que trabajen en ellos, o quienes tengan algún tipo de cercanía laboral o familiar, saben que no exagero. Oficinas vacías, inmensos pasillos desolados, trabajadores de la tercera edad sobrerrepresentados, trabajadores jóvenes apenas visibles, puestos de trabajo que se ocupan intermitentemente, bajas de personal constantes… Mientras esto sucede en el Gobierno central, los gobiernos provinciales y municipales sufren igual o peor.

¿Cómo sucedió esto? En primer lugar, el fenómeno se ha dado en un marco más amplio de contracción de la fuerza laboral del país. O sea, de 2010 a 2024 se perdieron 900 mil ocupados en la economía, una reducción de 5 millones a 4.1 millones, según los datos oficiales de la ONEI. Aquí influyó la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, pero la ola migratoria de los últimos cinco años ha desangrado al país de su fuerza laboral, especialmente joven y calificada.

En segundo lugar, el sector privado ha absorbido una parte significativa del empleo estatal. Inicialmente, como parte de la estrategia del Gobierno de reducir plantillas, se incentivó el cuentapropismo, que superó las 600 mil licencias otorgadas en 2018. A partir de 2021, con las políticas para expandir el sector privado, que incluyeron el surgimiento de las mipymes, algunos empleados del sector estatal encontraron incentivos superiores para “mudarse” al emprendimiento o al trabajo no estatal. Así, se han multiplicado antiguos cuadros de entidades estatales que hoy son dueños de sus propias mipymes privadas, funcionarios públicos que fundaron negocios o se unieron a emprendimientos existentes, etc.

En la trampa de contar ministerios

El problema, entonces, no parece estar en cuántos ministerios hay, sino en cómo funcionan y para qué existen. Reducir estructuras mediante fusiones administrativas (por ejemplo, se especula sobre la unión de las carteras de Economía y Finanzas) puede generar ahorros en papel, pero no necesariamente transforma la lógica de gestión si no viene acompañado de un rediseño profundo de funciones, procesos e incentivos.

En la práctica, la burocracia cubana no sufre solo de tamaño, sino también de una pérdida progresiva de capacidad: menos personal, motivación, profesionalización y menos alineación entre desempeño y recompensas. Los salarios en el sector presupuestado en general son fijos desde hace varios años, consumidos por una inflación que no ha dejado de crecer en el último quinquenio. Apenas recientemente se adoptó la posibilidad de pagos extra a los empleados que ejecutan funciones de las plazas no cubiertas. Sin dejar de ser positivo, porque se trata de una remuneración incrementada, el pago doble de un salario devaluado no alcanza para suplir la falta de incentivos.

En ese contexto, la reestructuración debe enfocarse en cambiar la mentalidad —de control a gestión por resultados—, redefinir qué funciones deben mantenerse en el nivel central y cuáles pueden descentralizarse hacia municipios en el marco de la descentralización de competencias, y diseñar mecanismos claros para reabsorber o reconvertir a los trabajadores desplazados. 

En esto último, el movimiento natural parece ser hacia el sector “no estatal”, pero este también sufre las propias contradicciones de la política pública: la burocracia en la aprobación de mipymes difícilmente pueda apoyar la ocupación de los empleados estatales desplazados.

Pasar de 27 a 21 ministerios, tal como está anunciado, puede quedar en un simple cambio cosmético si no está acompañado de una redefinición profunda del tipo de Estado que necesita la Cuba de hoy. El Estado puede achicarse, pero mantenerse igual de burocrático. Este proceso puede convertirse, además, en una oportunidad para trasladar personal subempleado del sector no productivo al empleo directo en el sector productivo, pero ello requiere de políticas paralelas que garanticen la integralidad de la política económica. 

Habrá que dar el beneficio de la duda a la medida hasta tanto llegue la norma jurídica que detalle el cómo y el cuándo.

De cualquier forma, el éxito de esta medida no debería medirse por cuántos edificios gubernamentales se vacíen o cambien de nombre. El foco fundamental es mejorar la capacidad del Estado para regular y facilitar. Reducir el tamaño es el dato y, hacer que funcione mejor, el verdadero relato.