Crear o comprar una mipyme: un mercado que no debería existir

Mientras el costo de abrir una mipyme ronda los 10 mil pesos cubanos, comprar una que esté operativa puede superar los 10 mil dólares. Las mipymes a las que “no les da la cuenta” pueden tener vida más allá del fracaso: cambiando de dueño. ¿Por qué? ¿Esto es legal? ¿Qué consecuencias tiene para el emprendimiento y la economía?

Una búsqueda rápida en grupos de venta de Facebook para emprendedores arroja ofertas de venta de mipymes en varias provincias. Una de gastronomía, en La Habana, por 3 mil USD; otra de la misma actividad, en Artemisa, por 3500; o una tercera de producción de panes en Matanzas, sin precio en la publicación.

Al mismo tiempo, varios son los interesados en comprarlas. Muchos de ellos buscan mipymes cuyo objeto social sea el comercio de bienes, una actividad muy lucrativa. Estas son las más demandadas y, en consecuencia, las más caras. Una mipyme de comercio puede venderse, fácilmente, en más de 10 mil dólares. Otros atributos atractivos son un objeto social amplio que permita ejercer múltiples actividades económicas.

Estamos ante la conformación de un mercado informal interesante. El “valor” principal del bien que es objeto de la transacción (una mipyme) no está solo en el dinero, la maquinaria o los contratos que pueda tener. El valor principal radica en que es una mipyme “con papeles”: está oficialmente aprobada, inscrita en el Registro Mercantil, en la ONAT, y tiene cuentas bancarias. En otras palabras, está lista para operar. ¿Cuál es la lógica detrás de esto?

Las aprobaciones de mipymes y cooperativas se han ralentizado notablemente, como muestra el gráfico más abajo. Respectivamente, en 2024 y 2025 solo se alcanzó el 29 y 22 % de las aprobaciones de 2023, el último año con un registro alto. Hay dos razones fundamentales detrás de esta tendencia:

• La crisis económica desincentiva el emprendimiento, provocando una reducción de la tasa de natalidad de las empresas.
• El procedimiento de solicitud y aprobación de mipymes no está funcionando.

Esta última es la causa principal detrás de la ralentización. El hecho de que se concreten transacciones de miles de dólares para comprar una mipyme prueba que el procedimiento administrativo tiene problemas: las solicitudes demoran meses —años, en muchísimos casos— y sufren la discrecionalidad de la autoridad que tramita. El 54 % de los municipios aún debe consultar al Ministerio de Economía y al Instituto de Actores Económicos para revisar las solicitudes presentadas en sus demarcaciones. En la práctica, el procedimiento se ha convertido en un embudo cada vez más estrecho, con un tapón al final.

Estos factores, unidos a los cortes eléctricos, la falta de infraestructura digital de las instituciones locales y el posible déficit de capacitación de algunos funcionarios, han alimentado el surgimiento del mercado informal de compra y venta de mipymes.

Sobre las causas y consecuencias de la burocratización del procedimiento he escrito reiteradamente antes. En resumen, paralizar o ralentizar la creación de empresas es perjudicial para la recuperación económica.

La compraventa de mipymes no es ilegal. Es un trámite notarial reconocido en el Decreto-ley 88/2024 como “transmisión de la condición de socio”. El dueño (socio) es propietario porque posee participaciones sociales, las cuales puede vender (transmitir), transfiriendo la propiedad de la empresa a una o varias personas. La naturaleza de las mipymes cubanas como sociedades de responsabilidad limitada (SRL) y la prohibición de poseer más de una mipyme dificultan una compraventa libre. Por eso, las ventas de mipymes se concretan cuando el socio es único o, si son varios, todos están de acuerdo en transmitir la propiedad a una persona externa.

El carácter informal está en el precio acordado. Si bien todas estas sociedades tienen un “valor” asociado al capital social declarado en sus documentos legales, el precio real de venta está inflado artificialmente por la barrera burocrática. Generalmente, este precio no se transparenta en los documentos notariales en el momento del trámite de traspaso. Las partes hacen la transacción usando tanto efectivo como cuentas bancarias en el exterior.

Aunque el mercado de compraventa crece, no sustituye que las mipymes también fallan y desaparecen. A inicios de 2026 había 337 mipymes y CNA extintas o en proceso de disolución, según el sitio web del Ministerio de Justicia. Las causas son múltiples: el negocio no prosperó y tuvo que cerrar, los socios entraron en un conflicto irreconciliable o la fiscalía instó la extinción por delito.

Ese número no es definitivo: hasta diciembre de 2025, el Gobierno cubano contabilizó 765 mipymes que, si bien no habían cerrado, estaban operando en pérdidas. Existe una tercera fuente de mipymes cerradas, más difícil de identificar: aquellas que han sido abandonadas por sus dueños tras quebrar, pero que siguen apareciendo como activas en los registros porque nunca se completó el trámite legal de cierre, muchas veces por falta de cultura jurídica.

Un mercado que no debería existir

La compraventa de empresas es, por naturaleza, una operación legítima y un mecanismo estándar de cualquier economía. Cuando involucra a una entidad con posicionamiento en el mercado, activos y reputación sólida, la transacción implica que el comprador adquiere una empresa madura y el vendedor obtiene el dinero necesario para crear otra empresa, reinvertir o simplemente retirarse.

El problema está cuando la compra es la única opción “rápida” para poseer una empresa, como está sucediendo en Cuba. La aparición de este mercado deja varias lecciones.

En primer lugar, su crecimiento artificial es consecuencia de decisiones equivocadas de la política pública. El comportamiento de los compradores y vendedores es la respuesta racional a una barricada burocrática sin racionalidad política o económica.

En segundo lugar, demuestra que las leyes económicas siempre eluden decisiones administrativas erróneas. Paradójicamente, las normas jurídicas que complejizaron las aprobaciones para “reforzar el control” han debilitado el ciclo de vida del emprendimiento y fomentado prácticas informales.

En tercer lugar, no es un mercado grande, porque su base está precisamente en la barrera a la entrada de nuevas mipymes al ecosistema, manteniendo una escasez relativa que infla el “valor” de las existentes. La barrera edificada deja a los emprendedores potenciales con tres opciones: desistir, esperar meses o acudir a la compra informal. Los precios de venta, prohibitivos para la mayoría, los empujarán a elegir entre las dos primeras.

Por último, y como todo mercado, su función es reasignar las mipymes existentes entre personas con interés de emprender, pero que enfrentan una vía legal demasiado demorada.

El mercado informal de compraventa de mipymes no es, ni de lejos, uno de los problemas principales de la economía cubana. Sin embargo, es una distorsión no reconocida en el Programa de Gobierno que atenta contra el desarrollo del emprendimiento. Este mercado informal no debería existir.

La solución es relativamente sencilla. Terminar de traspasar la facultad a los 168 gobiernos locales y ajustar el procedimiento, eliminando las consideraciones subjetivas del evaluador y estableciendo una revisión tipo lista de chequeo, de modo que todas las solicitudes que cumplan sean aprobadas de manera expedita. Una solución más pragmática sería traspasar la facultad directamente a las notarías, como dicta la práctica internacional.

En su etapa inicial de apertura (2021-2023), la limitación principal de los emprendedores residía en el financiamiento o los insumos; hoy, la barrera principal es el propio Estado a través del proceso de aprobación.