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La muerte este miércoles de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda donde había vivido durante 71 años en Madrid, pone fin a una batalla judicial y humana que trascendió su caso particular para convertirse en uno de los símbolos más poderosos de la lucha por el derecho a la vivienda en España.
Hospitalizada desde el día de su desalojo, Maricarmen falleció sin llegar a beneficiarse del acuerdo que, tras una intensa presión social, le habría permitido regresar al hogar que consideró suyo durante toda una vida.
La noticia fue comunicada por el Sindicato de Inquilinas, organización que la acompañó durante los últimos años de un proceso marcado por litigios, intentos de desalojo y movilizaciones ciudadanas, indicó un despacho de la agencia EFE.
En un comunicado firmado junto a su familia y su representación legal, la entidad lamentó que la solución alcanzada llegara “demasiado tarde” y calificó de “absolutamente evitable” el desenlace de un proceso que describió como “torturante”.
Su fallecimiento se produce apenas dos semanas después de un desahucio que conmocionó a buena parte de la opinión pública española y desencadenó una ola de movilizaciones pocas veces vista en torno a la cuestión de la vivienda.
Una vida entera en un mismo hogar
Maricarmen, cuyo nombre completo era María del Carmen Abascal, llegó al inmueble familiar del barrio madrileño de Ibiza en 1956, cuando su padre alquiló la vivienda. Desde entonces prácticamente no abandonó aquel piso.
Allí vivió junto a sus padres y su hermano, vio morir a sus progenitores y conservó fotografías familiares, colecciones de porcelana, cuadros y recuerdos acumulados durante siete décadas. Y allí quería morir.
Tras una vida laboral de 34 años como secretaria del consejo de administración de una empresa farmacéutica, se jubiló en 1998. Con una pensión cercana a los 1400 euros mensuales, continuó pagando puntualmente el alquiler y los gastos asociados a la vivienda.
El conflicto comenzó cuando los propietarios del inmueble, adquirido años atrás por una sociedad mercantil, reclamaron la finalización del contrato al considerar agotadas las posibilidades legales de subrogación derivadas del régimen de renta antigua. Desde entonces se abrió una larga disputa judicial que se prolongó durante casi siete años.
Durante ese período se exploraron diferentes fórmulas para evitar el desahucio, incluyendo propuestas para actualizar la renta o adquirir la vivienda, sin que prosperaran las negociaciones.
El caso que prendió la mecha de una movilización nacional
Lo que inicialmente parecía un litigio más entre propietarios e inquilinos acabó convirtiéndose en un catalizador de un malestar mucho más amplio.
La imagen de una mujer octogenaria, en silla de ruedas, obligada a abandonar la casa donde había pasado prácticamente toda su vida, provocó una reacción ciudadana inmediata.
Miles de personas comenzaron a identificar en su historia los problemas que afectan a amplios sectores de la población: alquileres inaccesibles, escasez de vivienda asequible, procesos de gentrificación y creciente presión inmobiliaria en las grandes ciudades.
El lema “Todos somos Maricarmen” apareció rápidamente en pancartas, camisetas y redes sociales. Su caso dejó de ser únicamente suyo para convertirse en una representación colectiva de la fragilidad habitacional que denuncian numerosos movimientos sociales en España.
Incluso después del desahucio, desde el hospital, Maricarmen envió mensajes de apoyo a quienes continuaban movilizándose en las calles. Su voz, debilitada por el deterioro físico, siguió apelando a la resistencia y a la defensa de derechos que consideraba fundamentales.
Las movilizaciones comenzaron en Madrid y pronto se extendieron a otras ciudades. Manifestaciones multitudinarias recorrieron calles y plazas mientras surgían acampadas permanentes inspiradas en movimientos de protesta anteriores.
La Puerta del Sol, uno de los espacios emblemáticos de la movilización ciudadana española, volvió a convertirse en punto de encuentro para quienes exigían medidas urgentes frente a la crisis habitacional.
Según el Sindicato de Inquilinas, los acontecimientos posteriores al desahucio marcaron “un antes y un después en la historia de este país”. La organización destacó que las protestas contribuyeron a situar el debate sobre la vivienda en el centro de la agenda pública y política.
La presión social fue de tal magnitud que el Gobierno terminó aprobando medidas extraordinarias para responder a la situación, aunque posteriormente algunas de ellas fueron derogadas por la derecha en el Congreso. Paralelamente, organizaciones sociales impulsaron nuevas campañas de presión y llegaron a convocar una huelga general vinculada a las reivindicaciones sobre vivienda.
Más allá de los resultados legislativos concretos, el fenómeno puso de manifiesto la creciente centralidad del problema habitacional en España y la capacidad de movilización de una ciudadanía que ve cada vez más difícil acceder o mantenerse en una vivienda a precios asumibles.
La mujer que repetía una y otra vez que lucharía “hasta el final” deja ahora una consigna que sus compañeros de movilización consideran un legado político y moral: “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”.
Igualmente, confesó también que no era religiosa. “Los de abajo somos todos iguales”, dijo. Pero cada noche, antes de dormir, daba las buenas noches, por este orden: a Dios, a sus padres, al papa Francisco y a la familia que ha perdido. Al final de su vida, tenía dos sueños. Morir en casa y descansar en el mar Cantábrico, resaltó el obituario del periódico El País.
