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Autoridades federales de Estados Unidos anunciaron este miércoles en Miami la incautación y retención de 90 cargamentos de biodiésel, unos 615 mil galones valorados en 2,8 millones de dólares, que según la investigación iban a ser exportados a Cuba en “un intento deliberado para socavar las sanciones de EEUU”.
De acuerdo con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el destinatario era ENETEC S.A., una entidad que utiliza el Gobierno cubano. Del total, 71 cargamentos con cerca de 496 mil galones fueron incautados en Port Everglades, Florida, y otros 19, con unos 119 mil galones, permanecen retenidos en el Puerto de Houston, Texas.
En total, se trata de unos 2,3 millones de litros de biodiésel, equivalentes a unas 2 mil toneladas métricas o cerca de 14 600 barriles.
El biodiésel es un combustible renovable para motores diésel, elaborado a partir de aceites vegetales, grasas animales o aceite de cocina usado, que se transforman químicamente con un alcohol, por lo general metanol, mediante un proceso llamado transesterificación.
Este combustible podría servir lo mismo para abastecer camiones, maquinaria agrícola que grupos electrógenos y de generación distribuida.
La operación de incautación fue conducida por HSI junto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.
Según las autoridades, CBP detectó a principios de septiembre, a partir del análisis de datos comerciales y de inteligencia, envíos de biodiésel que salían de ambos puertos con destino a La Habana.
Los cargamentos podrían violar las leyes federales de exportación, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y las Regulaciones de Administración de Exportaciones.
El agente especial a cargo de HSI Miami, José R. Figueroa, precisó en conferencia de prensa que estas acciones no buscan interferir con la ayuda humanitaria legítima destinada a familias y trabajadores cubanos, sino con envíos sospechosos de beneficiar al Gobierno cubano a través de una entidad estatal.
“Es un intento deliberado para socavar las sanciones de EEUU y todo eso está en este momento bajo investigación”, apuntó José R. Figueroa, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.
“Nosotros estamos haciendo una investigación responsable y en este momento sí estamos listos para ofrecer la información con relación a Enetec, que es la entidad que fue sancionada, en su debido momento revelaremos más detalles”, comentó el agente.
Figueroa sostuvo que las autoridades estadounidenses “no quieren interferir con el comercio legítimo y, sobre todo, con las ayudas humanitarias”.
Las autoridades no identificaron a las empresas exportadoras en Estados Unidos ni han informado de arrestos o cargos.
Hasta el momento no ha habido una reacción oficial desde Cuba sobre la incautación.
ENETEC en la mira
ENETEC, mayorista de combustibles y lubricantes con sede en La Habana, figura desde julio en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC, al amparo de la Orden Ejecutiva 14404. El registro oficial de la OFAC fecha su designación el 13 de julio de 2026.
No es la primera vez que ENETEC aparece en una acción contra empresas del sur de Florida. En septiembre, el condado de Miami-Dade revocó la licencia de la empresa de envíos Lux Sky Cargo tras una remisión de agencias federales que señalaba sus negocios con ENETEC.
El condado también retiró la licencia fiscal a Vanguard Energy, que pretendía abastecer de combustible al sector privado de la isla en una operación que involucraba a CUPET.
Un canal legal en expansión, y bajo vigilancia
Esta incautación se produce mientras crece con rapidez la exportación autorizada de combustible a Cuba desde Estados Unidos.
En febrero, el BIS habilitó a las mipymes cubanas para comprar petróleo y derivados en el mercado estadounidense bajo la excepción de licencia de Apoyo al Pueblo Cubano, siempre que el uso sea privado y no beneficie al Estado.
Desde entonces, los volúmenes se han disparado, según datos de la Administración de Información Energética (EIA) publicados el 30 de septiembre. Estados Unidos exportó a Cuba 3,2 millones de barriles de productos petrolíferos en julio, la cifra mensual más alta desde 2017 y más de cuatro veces la de junio. El acumulado de enero a julio ronda los 4,9 millones de barriles.
En valor, las exportaciones sumaron 156,8 millones de dólares en el mismo período, según cifras del Censo divulgadas por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.
Lo incautado representa menos de la mitad de un día de importación del récord de julio, que promedió unos 104 mil barriles diarios, por lo que no constituye un golpe relevante al suministro.
En paralelo, el Gobierno cubano ha autorizado a más de un centenar de actores económicos a comercializar combustible al por mayor.
Esa coexistencia entre importadores privados y entidades estatales como ENETEC es lo que las autoridades estadounidenses vigilan y controlan.
El Nuevo Herald dijo que, sin embargo, en este caso no está claro quiénes eran los compradores reales de los envíos en Cuba, “ya que Enetec es una agencia importadora cuya función es gestionar el despacho de aduanas, el almacenamiento y la entrega a los usuarios finales”.
Una fuente anónima vinculada a una de las empresas que estaba realizando estos envíos dijo que “el combustible se destinaba en última instancia a empresas privadas en Cuba, no al gobierno”.
“El combustible siempre se destina a una entidad privada autorizada u otro usuario final autorizado en Cuba. Enetec nunca es el usuario final ni adquiere la propiedad del producto”.
Debida diligencia
La debida diligencia (due diligence) es el conjunto de verificaciones que una empresa o institución realiza antes de cerrar una operación comercial para evaluar los riesgos legales, financieros y reputacionales de su contraparte.
Una de sus piezas centrales es el procedimiento conocido como KYC (Know Your Customer, “conozca a su cliente”): comprobar la identidad real de quien compra o recibe una mercancía, quiénes son sus dueños y beneficiarios finales, de dónde procede su dinero y a qué destinará el producto.
Esa verificación permite distinguir a un importador privado autorizado de una entidad estatal sancionada por la Administración Trump o de una empresa pantalla que actúa en su nombre.
El pasado viernes, la Guardia Costera informó que el 5 de septiembre abordó en el Caribe el buque Grace, que fue escoltado hasta Progreso, México, donde la Marina mexicana halló combustible en sus tanques de lastre. A principios del verano había abordado y detenido el Jaira Provider, también señalado por transportar combustible hacia la isla.
Al mismo tiempo, una restricción de la OFAC vigente desde el 30 de septiembre obliga a los bancos bajo jurisdicción estadounidense a bloquear las cuentas de emprendedores privados cubanos abiertas al amparo de la autorización anterior. Pocas mipymes llegaron a tener esas cuentas, pero la medida añade incertidumbre a un sector que depende de pagos en el exterior para importar.
“La confianza se construye con transparencia”
Hugo Cancio, empresario cubanoamericano y fundador/director de OnCuba, remitió a nuestra redacción su opinión sobre este caso. El también dueño de Katapulk, marketplace que comercializa combustibles hacia Cuba mediante una licencia específica del Departamento de Comercio, pone sobre la mesa la responsabilidad compartida de todos los actores de la cadena.
“El sector privado en Cuba necesita combustible para trabajar, producir y prestar servicios a la población. Precisamente por esa necesidad, las autoridades cubanas tienen la responsabilidad de verificar quiénes participan en ese comercio: qué empresa suministra y exporta desde Estados Unidos, quién está detrás de ella y qué empresa cubana importa y recibe los productos. Esa verificación debe ser rigurosa y transparente, tanto para el combustible como para cualquier otro producto que entre al país”, afirmó.
“Las autoridades estadounidenses también tienen responsabilidades sobre las operaciones que salen de su territorio. Y las compañías navieras forman parte de esa cadena de control: deben verificar, dentro del ámbito de sus obligaciones, la documentación, las partes involucradas y el destino declarado de las cargas, y actuar ante señales de irregularidad. Su participación es fundamental para proteger la legalidad de este comercio”, añadió.
