Cuba actualizó este miércoles los mecanismos de financiamiento y protección de su sistema de pensiones mediante dos nuevas normas jurídicas que modifican las cotizaciones, amplían el reconocimiento de años de servicio y ajustan la base de cálculo de las prestaciones.
Sin embargo, aunque el texto prevé que las cuantías mínimas se revisen anualmente atendiendo a la inflación, no establece una indexación automática de las pensiones a la inflación vigente ni dispone un aumento general inmediato.
Las disposiciones fueron publicadas en la Gaceta Oficial número 97, de 18 de noviembre de 2026, y comprenden el Decreto-Ley 140/2026, del Consejo de Estado, y el Decreto 186/2026, del Consejo de Ministros. Ambas normas entrarán en vigor el 25 de noviembre de 2026, siete días después de su publicación.
Qué cambia en las pensiones
El Decreto 186 modifica el reglamento de la Ley de Seguridad Social y establece que la base de cálculo de las pensiones por edad e invalidez total se determinará a partir del salario promedio mensual de los cinco años con mayores ingresos, seleccionados entre los últimos 15 años naturales previos a la solicitud.
Para los trabajadores sujetos a regímenes especiales —incluidos los cuentapropistas, socios de mipymes, artistas, trabajadores marítimos y productores agropecuarios—, la base de cálculo dependerá de las contribuciones declaradas por el afiliado.
La norma incorpora una escala regresiva cuando los ingresos adicionales o las bases de contribución superan los 14 535 pesos mensuales. Hasta ese umbral se considera el 100 por ciento; al exceso entre 14 536 y 29 070 pesos se aplica el 60 por ciento; entre 29 071 y 43 605 pesos, el 40 por ciento; y por encima de 43 606 pesos, el 20 por ciento.
En consecuencia, una base de contribución más alta no se traduce necesariamente en un aumento proporcional de la pensión, debido a la reducción progresiva aplicada a los tramos superiores.
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Cotizaciones y pluriactividad
El Decreto-Ley 140 elimina los límites de las escalas de contribución en los regímenes especiales del sector no estatal. La escala deberá actualizarse en el último trimestre de cada año y podrá modificarse anualmente, salvo durante los cinco años previos al cumplimiento de la edad requerida para acceder a la pensión por edad.
Para los trabajadores por cuenta propia, socios de mipymes, cooperativas no agropecuarias y otros afiliados comprendidos en el Decreto-Ley 92, la contribución se fija en el 20 por ciento de la base seleccionada, que no podrá ser inferior al salario mínimo vigente.
Los trabajadores marítimos deberán aportar el 25 por ciento de su base de contribución. Los creadores, artistas y personal de apoyo tendrán una contribución individual del 8 por ciento, mientras que las entidades comercializadoras o representativas aportarán otro 12 por ciento.
Para los productores agropecuarios, la contribución será del 5 por ciento cuando la base no supere los 9 510 pesos, y del 15 por ciento cuando supere los 9 511 pesos. Los creativos de la comunicación social, los representantes cubanos de empresas comerciales extranjeras y los trabajadores contratados individualmente para laborar en el exterior aportarán el 20 por ciento de la base definida conforme a sus regímenes.
La norma también regula la pluriactividad. Quienes mantengan más de un vínculo laboral deberán afiliarse al régimen general o a los regímenes especiales correspondientes a cada actividad, y podrán contribuir por ambos empleos. Sin embargo, solo se acumularán las cuantías aportadas para la jubilación, no los períodos de tiempo trabajados simultáneamente.
Cuidados de familiares. Beneficios para jóvenes
Una de las novedades más relevantes es el reconocimiento de hasta diez años dedicados al cuidado de familiares en situación de dependencia como tiempo de servicio para acceder a la pensión ordinaria por edad. También podrán reconocerse los períodos de licencia no retribuida autorizados para esos cuidados.
El reconocimiento no será automático. Los solicitantes deberán presentar una declaración sobre el período y las tareas realizadas, un certificado del médico de familia avalado por el policlínico, documentación clínica, identificación del familiar atendido y, en algunos casos, una visita de comprobación de las autoridades laborales.
La legislación incorpora además un beneficio para jóvenes de entre 18 y 30 años desvinculados del estudio y el empleo que se incorporen a cursos de preparación. En esos casos recibirán un ingreso mensual equivalente al salario mínimo y el período de formación les será reconocido como tiempo de servicio.
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Inflación y pensiones mínimas
El Decreto-Ley 140 dispone que el Consejo de Ministros fijará anualmente las cuantías mínimas de las pensiones y prestaciones, atendiendo al desarrollo económico-social, las condiciones económicas y la tendencia de la inflación. La decisión deberá informarse a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
No obstante, las nuevas disposiciones no establecen por sí mismas un mecanismo de indexación automática de todas las pensiones a la inflación actualizada, ni un aumento general inmediato. La actualización de las cuantías mínimas dependerá de una decisión anual del Consejo de Ministros, sujeta a la evaluación de las condiciones económicas del país.
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Acreditación de años trabajados
El Decreto 186 también regula alternativas para acreditar períodos laborales cuando una persona no dispone de las certificaciones habituales necesarias para tramitar su jubilación.
En esos casos, los directores provinciales de Trabajo y Seguridad Social y la autoridad correspondiente de Isla de la Juventud podrán reconocer otros documentos oficiales, como nóminas, contratos de trabajo, expedientes laborales, registros de vacaciones y certificaciones emitidas por archivos estatales.
También podrán considerarse documentos relacionados con nombramientos, altas y bajas laborales, así como determinados registros y resoluciones que permitan comprobar períodos de servicios anteriores. La aceptación de estas alternativas dependerá del reconocimiento de las autoridades competentes.
Las nuevas disposiciones entran en vigor el 25 de noviembre de 2026. Los afiliados de los regímenes especiales deberán actualizar sus bases de contribución durante el último trimestre de 2026 y comenzarán a realizar los aportes conforme a las nuevas bases en enero de 2027.
Los trámites de pensiones por edad e invalidez total de los regímenes especiales iniciados antes del 25 de noviembre continuarán bajo las disposiciones normativas con las que comenzaron.
Las medidas buscan adecuar el sistema de seguridad social a las transformaciones económicas y sociales del país, caracterizadas por el envejecimiento poblacional, el incremento del trabajo por cuenta propia, la pluriactividad y el reconocimiento del trabajo de cuidado.
En 2025, Cuba tenía aproximadamente 1 774 310 personas jubiladas registradas en el sistema de seguridad social, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) citadas en noviembre del pasado año.











