El Gobierno de EE.UU. mantuvo a Cuba en la categoría más baja de su informe anual sobre la trata de personas, al tiempo que destacó el impacto de su presión diplomática contra las misiones médicas cubanas en el extranjero.
El 2026 Trafficking in Persons Report, publicado por el Departamento de Estado, sostiene que La Habana redujo sus esfuerzos para combatir la trata en materia de prevención, protección de las víctimas y persecución de los responsables. La isla permanece en el nivel 3, el más bajo de la clasificación estadounidense, desde 2019.
Como en informes anteriores, Washington señala las misiones médicas y otros programas estatales de exportación de servicios profesionales como ámbitos en los que, según su evaluación, existen prácticas de trabajo forzoso y explotación laboral de las que se beneficiaría el Gobierno cubano.
El documento estima que unos 18 mil trabajadores cubanos participaban a comienzos de 2026 en misiones gubernamentales en 52 países. La cifra representa una caída frente a los alrededor de 26 mil contabilizados el año anterior.
Según el Departamento de Estado, las autoridades cubanas retienen entre el 50 % y el 95 % de los salarios asociados a esos contratos.
Estas cifras y acusaciones forman parte de la evaluación estadounidense sobre las condiciones laborales de los profesionales cubanos en el exterior, una interpretación que La Habana ha rechazado reiteradamente.
Además, el informe apunta contra las autoridades cubanas por presuntamente someter a reclusos a trabajos forzados en diversos sectores productivos y vuelve a mencionar a cubanos “reclutados fraudulentamente” para luchar por Rusia en Ucrania, reseña el Nuevo Herald.
EEUU mantiene a Cuba en lista negra de países que no luchan contra trata de personas
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— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) October 8, 2026
Presión sobre los países receptores
Uno de los elementos destacados en la política estadounidense hacia Cuba es la presión ejercida sobre gobiernos que mantienen acuerdos de cooperación médica con la isla. Washington sostiene que esos programas constituyen una fuente de ingresos para el Gobierno cubano y afirma que sus gestiones diplomáticas han contribuido a limitar su continuidad.
En los últimos meses, varios países han cancelado, suspendido o modificado sus convenios con La Habana. Entre ellos figuran Guatemala, Honduras, Bahamas, Jamaica y Guyana, cuyos acuerdos terminaron o dejaron de funcionar en sus condiciones anteriores.
La salida de los profesionales cubanos de Honduras, anunciada en febrero, y la retirada de la brigada médica de Jamaica, en marzo, fueron presentadas por el Gobierno cubano como decisiones adoptadas bajo presión estadounidense. En ambos casos, La Habana defendió la contribución de sus profesionales a los sistemas sanitarios de esos países.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó entonces a Washington de ejercer “feroz presión” y “chantaje” para que los gobiernos de América Latina y el Caribe pongan fin a la presencia de las brigadas médicas de la isla. Según el ministro, esa política pretende reducir una de las principales fuentes de ingresos de Cuba y perjudica también a las comunidades que reciben esos servicios.
No obstante, no todos los países han roto sus convenios con la isla. Algunos, como México, Venezuela y la región italiana de Calabria, han mantenido la presencia de los galenos cubanos, mientras otros, como la ya mencionada Jamaica y más recientemente Uruguay, han decidido pagar directamente a los profesionales contratados.
La Habana ha rechazado reiteradamente las evaluaciones estadounidenses sobre sus misiones médicas y ha defendido el perfil “humanista” y “solidario” de esta cooperación. A la par, aunque al momento de esta nota no se había pronunciado aún sobre el nuevo informe estadounidense, el Gobierno cubano ha afirmado tener una política de “tolerancia cero” ante la trata de personas.
