El Tribunal Supremo de España dictaminó que la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la llamada Ley de Nietos se aplique también a quienes residen actualmente en el país, y no solo a los inscritos en el censo de españoles que viven en el extranjero.
La decisión, comunicada este viernes a nueve días de las elecciones generales, afecta a más de 100 mil personas, incluidas tanto las que residen fuera del país como las censadas en España, entre ellas ciudadanos cubanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de esa ley.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo instó a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral a garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas anteriormente. La orden incluye expresamente a quienes, después de obtener la nacionalidad, se trasladaron a la nación ibérica y pasaron a figurar en el censo electoral de residentes en el territorio español.
El alto tribunal dispuso que ninguna de ellas pueda figurar como electora, salvo las excepciones establecidas por la propia Sala.
Según reseña la agencia EFE, la excepción solo contempla a las 901 personas que ya presentaron una certificación consular para acreditar que sus antepasados fueron exiliados, así como a quienes aporten ese documento antes de la jornada electoral y en los términos establecidos.
El Supremo mantiene suspendido el voto a los 163.355 nietos, aunque ahora vivan en España.
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— EFE Noticias (@EFEnoticias) November 20, 2026
Respuesta a petición partidista
La resolución responde a las alegaciones presentadas por los partidos Vox e Iustitia Europa después de que un informe del Instituto Nacional de Estadística redujera de 163 355 a 113 326 el número de personas identificadas como afectadas por la suspensión en el censo de residentes en el extranjero.
Los partidos reclamaron que la medida también se aplicara a quienes pudieran haberse trasladado al territorio español, una posibilidad que el Supremo ha decidido contemplar expresamente.
El tribunal mantiene así la cifra del listado remitido inicialmente al procedimiento, aunque las comprobaciones posteriores del INE habían detectado menores de edad, registros duplicados y personas que ya estaban inscritas en el censo exterior antes de la aprobación de la ley.
La nueva providencia no supone, según explica El País, que se incorporen nuevos afectados, sino que impide votar a los incluidos en el listado aunque hayan cambiado su residencia.
La medida tampoco alcanza a todos los beneficiarios de la Ley de Nietos. Quedan fuera quienes tramitaron la nacionalidad directamente en España, a través del Registro Civil, y no forman parte del listado objeto del procedimiento judicial. Tampoco se ha extendido la suspensión a los hijos de los nacionalizados, cuyo derecho al voto fue reconocido por el Supremo en una decisión anterior.
Ley de nietos: ¿es discriminatorio suspender el voto a ciudadanos españoles de pleno derecho?
Nuevo golpe para miles de cubanos
La decisión tiene especial relevancia para la comunidad cubana, dado el elevado número de solicitudes de nacionalidad española presentadas desde la isla al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Cuba figura entre los principales países de origen de los beneficiarios de esta legislación, solo por detrás de Argentina.
En marzo de 2025, el Consulado General de España en La Habana acumulaba cerca de 300 mil solicitudes por esta vía. A comienzos de 2026 todavía quedaban alrededor de 70 mil expedientes pendientes de resolución, mientras que el registro consular contabilizaba unos 169 mil electores españoles en julio de este año.
El alcance de la controversia judicial se hizo visible en septiembre, cuando el Supremo suspendió cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática que no acreditaran que sus antepasados habían salido de España por motivos de exilio. La decisión fue ratificada en octubre, después de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía recurrieran la medida.
En aquella resolución, el tribunal sostuvo que la inscripción electoral de los beneficiarios de la ley debía quedar condicionada a la acreditación del exilio familiar. La suspensión no implica la pérdida de la nacionalidad española ni la anulación de los procedimientos mediante los cuales fue concedida, pero sí restringe temporalmente el ejercicio del sufragio.
Con la nueva disposición, el Supremo despeja además la posibilidad de que el cambio de residencia permita eludir la suspensión antes de las elecciones del 29 de noviembre. Por tanto, para los cubanos nacionalizados por esa vía vivir actualmente en España no será suficiente para ejercer el derecho al voto si no cumplen la exigencia documental fijada por el tribunal.











