Cortes de EEUU reciben primeras demandas amparadas en la Helms-Burton

La compañía de cruceros Carnival Cruise Lines fue demandada por supuestamente "traficar" con las propiedades de dos familias estadounidenses.

Terminal de Cruceros "Sierra Maestra" de La Habana. Foto: Ernesto Mastrascusa / EFE.

Terminal de Cruceros "Sierra Maestra" de La Habana. Foto: Ernesto Mastrascusa / EFE.

Los herederos de dos familias estadounidenses cuyas propiedades fueron nacionalizadas en Cuba tras el triunfo de la Revolución Cubana entablaron este jueves sendas demandas en un tribunal de Miami contra la compañía de cruceros Carnival Cruise Lines por supuestamente «traficar» con esas propiedades.

Las demandas fueron presentadas por el abogado de Mickael Behn y Javier Garcia-Bengochea, quienes reclaman a Carnival por el uso de instalaciones en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba. La familia de Behn era propietaria del edificio de Havana Docks, actual muelle Sierra Maestra en la capital cubana, mientras que la de García-Bengochea era dueña de una empresa llamada La Marítima Parreño, que abarcaba parte del puerto de Santiago e incluía algunos almacenes.

Las dos reclamaciones han sido certificadas por el Gobierno federal, que evaluó Havana Docks en 9,2 millones de dólares y La Marítima Parreño en 636,000. A esto debe agregarse un interés de 6% anual que comenzó a contar a partir de los años 60 del siglo pasado.

Las dos demandas han sido posibles después que la administración de Donald Trump decidió la aplicación plena del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite querellas contra empresas extranjeras que usen propiedades intervenidas. Las demandas no son contra el gobierno cubano, actual propietario nominal de esas instalaciones.

 “Es un placer ser los primeros en anunciar estas demandas bajo la ley Helms-Burton. (Carnival) fue la primera línea de cruceros en traficar con nuestras propiedades robadas y por eso es la primera empresa en ser demandada”, dijo García-Bengochea, en una pequeña rueda de prensa frente al edificio del Tribunal Federal en el centro de Miami.

Mickael Behn, izquierda, y Javier Garcia-Bengochea, hablan durante una conferencia de prensa después de demandar a la línea de cruceros Carnival, que alegan usa las propiedades que les fueron confiscadas en Cuba luego de 1959, el jueves 2 de mayo en Miami. Foto: Wilfredo Lee / AP.
Mickael Behn, izquierda, y Javier Garcia-Bengochea, hablan durante una conferencia de prensa después de demandar a la línea de cruceros Carnival, que alegan usa las propiedades que les fueron confiscadas en Cuba luego de 1959, el jueves 2 de mayo en Miami. Foto: Wilfredo Lee / AP.

Las demandas no establecen un monto preciso a ser reclamado ni tampoco piden a los tribunales que prohíban los cruceros a Cuba, sino una indemnización “justa”.

Una portavoz de Carnival no quiso comentar a OnCuba sobre las demandas porque la línea de cruceros todavía no ha sido notificada oficialmente de su existencia. No obstante, otro portavoz de la compañía dijeron a la agencia española EFE que seguirían «operando el calendario previsto de cruceros a Cuba».

Se espera que en las próximas semanas el tribunal establezca una fecha para la primera audiencia. La presentación de este jueves fue una mera formalidad.

La Ley Helms-Burton fue promulgada por el presidente Bill Clinton en 1996, pero el Titulo III fue suspendido casi de inmediato a causa de una demanda entablada por la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio y un posterior acuerdo político de Washington con la Unión Europea.

El crucero Adonia, de Carnival, entrando en La Habana. Foto: Ismario Rodríguez / Archivo.
El crucero Adonia, de Carnival, entrando en La Habana. Foto: Ismario Rodríguez / Archivo.

Cuando a fines del año pasado se comenzó a hablar de la posibilidad del levantamiento del Título III, muchos analistas anticiparon que los tribunales estadounidenses serían inundados con querellas, teniendo en cuenta que el Gobierno Federal ha certificado 5,913 reclamaciones de las 8,821 presentadas desde 1960, con un valor global de 8,500 millones de dólares.

Esta cifra incluye, apenas, aquellas propiedades nacionalizadas cuyos dueños eran ciudadanos estadounidenses al momento de la intervención. La implementación plena de la Ley Helms-Burton abrió la puerta a una cantidad aún por establecer de reclamantes que no eran ciudadanos estadounidenses cuando las perdieron.

Economistas cubano-americanos sitúan esa cifra en 200,000 reclamaciones.

El abogado de los dos querellantes es Roberto Martínez, un ex-fiscal federal cubano americano de Miami, que tiene experiencia en demandas contra el Gobierno cubano. Martínez participó en el proceso judicial que se siguió en Estados Unidos el año 1996 a causa del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, lo cual llevó a Clinton a promulgar la Ley Helms-Burton pese a su reticencia inicial.

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