De rumores, prohibiciones y viajes a Cuba

(Cuando el río suena…)

La publicación de que el Congreso de los Estados Unidos aprobaría una licencia general que permitiría a los ciudadanos norteamericanos viajar a Cuba y que, en la opinión de algunos expertos, sería inminente, desató un fuerte rumor dando por hecho el levantamiento total de las restricciones de viajes impuesta por el Departamento del Tesoro.

La prohibición para viajar a Cuba que pesa sobre los ciudadanos de Estados Unidos es uno de los escasos vestigios de la guerra fría que aún persiste y es de los más criticados por el carácter violatorio de la libertad de movimiento “supuestamente” garantizada en la Constitución de EE.UU.

El rumor no especificaba de qué manera se implementaría la decisión, ni sus plazos, ni el procedimiento. Tampoco tomaba en cuenta que, incluso si el Congreso, el Departamento de Estado y el propio Presidente aprobasen la medida, quedarían varios flecos que imposibilitarían su implementación inmediata.

En 1963 se impusieron las primeras restricciones cuando el presidente Kennedy incluyó a Cuba en la conocida Trading with the Enemy Act, de 1914.  Sucesivamente, y como parte de una estrategia deliberada, a estas restricciones originales se les han añadido otras que intentan incidir en la depauperación económica del pueblo cubano. Esta prohibición forma parte de los denominados seis estatutos que conforman el embargo norteamericano a la Isla.

Actualmente, todo ciudadano norteamericano que desee visitar a Cuba −ya sea como investigador, académico, en viajes culturales o religiosos, etc.− tiene que solicitar al Departamento del Tesoro una licencia específica que emite la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y especificar duración, itinerario y propósito de la visita. El viajero está limitado a gastar 187.00 dólares diarios y podrá importar valores de Cuba que no excedan los 100.00 dólares.

Incluso con estas limitaciones, en  2014 noventa y dos mil trescientos cuarenta y ocho norteamericanos visitaron la Isla, convirtiendo a EE.UU. en el séptimo emisor mundial de viajeros hacia la Isla.

La administración de Obama ha flexibilizado el otorgamiento de estas licencias, aunque, como muestra de su política contradictoria hacia la Isla, en mayo de 2012 anunció a través de su Departamento de Estado que la OFAC vigilaría estrechamente que los viajeros se ajustasen a las licencias otorgadas bajo amenaza de multa de hasta 65 000.00 dólares. LA OFAC advertía que el otorgamiento de licencias no podía ser tomado como tapadera para un posible “turismo encubierto” hacia Cuba.

En el hipotético caso de que se levanten totalmente las restricciones de viajes a Cuba, habría que tener en cuenta que la inclusión de la Isla en la Lista de países que patrocinan el terrorismo la sitúan en uno de los pocos estados para los cuales el Departamento de Estado recomienda a sus ciudadanos NO viajar. Incluso, a su regreso, los viajeros podrían ser sometidos a un escrutinio adicional, bajo la sospecha presumible de “colaboración con el enemigo” o la simple probabilidad de ataque por parte de una nación “terrorista”.

Del mismo modo, tanto la Cuban Democracy Act, como Helms-Burton Act prohíben explícitamente transacciones comerciales con Cuba, así que los viajeros norteamericanos continuarían sin poder usar sus tarjetas de crédito, realizar transacciones comerciales o gastar por encima de los montos establecidos y que cubren exclusivamente la manutención diaria. Los turistas no podrían importar bienes cubanos como bebidas, licores o productos del tabaco, y las compañías aéreas, tanto cubanas como norteamericanas tampoco estarían autorizadas a realizar vuelos directos entre los dos países ni establecer representaciones u oficinas comerciales.

En cualquier caso, si este rumor hubiese sido cierto, los posibles visitantes norteamericanos tampoco hubieran podido hacerlo al no poder obtener el visado necesario para viajar a la Isla.

La Oficina de Intereses de Cuba en Washington ha suspendido los servicios consulares debido a que ningún Banco norteamericano quiere asumir las cuentas de la representación cubana, presumiblemente por los impedimentos que supone tener como cliente a un país “patrocinador del terrorismo” y sometido a regulaciones especiales por parte del Departamento del Tesoro de los EE.UU.

El levantamiento de esta prohibición pudiera ser un gesto de buena voluntad o estrategia para cambios futuros.  La total implementación de la medida exige de la administración de Obama derogar otras leyes y regulaciones. Si el Ejecutivo realmente elimina esta absurda prohibición, mostraría voluntad política de acercamiento a la Isla y establecería un precedente que abriría forzosamente la puerta a cambios más drásticos y definitorios.

En política, muchas veces para alcanzar un objetivo se tienen que usar rodeos. El entramado legal de prohibiciones y medidas coercitivas contra Cuba es tan complejo y articulado que para que una medida tome total vigor no basta con suprimir la Ley que la sustenta; habría que modificar otras que la apuntalan. Lo ideal sería que de una vez desapareciera el embargo, por injusto y por no estar ajustado a derecho, y como lo señala la comunidad internacional y todas las organizaciones mundiales.

En el panorama de las relaciones Cuba-Estados Unidos sería mucho más prudente y plausible pensar en la idea de una licencia general que permita a los norteamericanos viajar a la Isla, aún con las restricciones de gasto e importaciones, que un levantamiento total de la prohibición actual. No obstante, la sabiduría popular casi siempre es más acertada que los análisis académicos así que “cuando el río suena…”