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El Gobierno de EE.UU. evalúa acabar con algunas de las doce categorías que permiten a los estadounidenses viajar a Cuba, lo que podría afectar a las aerolíneas y cruceros que aceleraron su actividad tras el deshielo iniciado en 2014.
La «número dos» del Departamento de Estado para Latinoamérica, Carrie Filipetti, explicó este jueves a Efe que actualmente se está reconsiderando si debe autorizarse cualquier viaje que no sea por motivos familiares, porque quiere evitarse que el dinero de los viajeros «vaya a parar a las manos del régimen cubano».
«Estamos ahora iniciando una investigación para determinar hasta qué punto algunas categorías de esos viajes permitidos están sirviendo para enviar dinero a elementos dentro del régimen», manifestó Filipetti, que no concretó cuándo se decidirá qué categorías permanecen y cuáles se eliminan.
Los estadounidenses tienen prohibido hacer turismo en Cuba, pero pueden viajar si cumplen con algunas de las doce categorías existentes: visitas gubernamentales, actividades de medios de comunicación o centros de investigación, proyectos educativos, religiosos y médicos, entre otros.
El acercamiento impulsado en 2014 por el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, y su homólogo cubano, Raúl Castro, permitió flexibilizar ese tipo de excepciones.
En concreto, Obama permitió que los estadounidenses se «auto certificaran» sin muchas explicaciones como participantes en una de las doce categorías permitidas, lo que ha facilitado el negocio a las aerolíneas y cruceros que comenzaron a hacer trayectos comerciales a la isla.
En un discurso este miércoles en Miami, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, insinuó que ese tipo de visitas son un «turismo con velo» y, por eso, anunció restricciones para los viajes que no sean por motivos familiares.
El endurecimiento de la política de EE.UU. hacia Cuba incluye demandas en tribunales estadounidenses por bienes expropiados tras la Revolución y nuevas restricciones a las remesas, que quedarán limitadas a 1.000 dólares trimestrales por persona, un golpe para los miles de cubanos que viven de la ayuda que sus familiares emigrados les envían desde EE.UU.
Preguntada al respecto, Filipetti aseguró que se fijó el tope de 1.000 dólares porque se consideró que esa cifra «era suficiente» para permitir que los cubanos tuvieran «lo que necesitaban» sin que «involuntariamente» eso permitiera «al régimen cubano apropiarse de esos recursos».
«Cuando pensamos en la restricción de remesas, era importante para nosotros no prohibir las remesas porque muchos cubanos están obligados a vivir de un reducido salario gubernamental, no tienen suficiente para sobrevivir, así que queremos asegurarnos de que no impedimos eso», subrayó.
La diplomática defendió que, al proclamar las nuevas medidas, se tomó en cuenta «el efecto en los cubanos comunes y corrientes» y precisó que el objetivo del Gobierno de Donald Trump es «asegurar un respeto a los derechos humanos» en Cuba y una «rápida transición hacia la democracia».
Las nuevas medidas podrían tener un gran impacto en los trabajadores por cuenta propia («cuentapropistas»), muchos de los cuales han levantado sus negocios con ayuda de sus allegados en el extranjero.
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, el Gobierno de Trump ha endurecido la política hacia Cuba con reducciones del personal diplomático y sanciones a los hoteles de la isla, aumentando el alcance del embargo económico y comercial.
