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En un nuevo episodio de mano dura contra la inmigración, el Gobierno del presidente Donald Trump revocará el estatus legal temporal de más de 530 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos, según un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).
La medida, que entrará en vigor el 24 de abril, acorta el periodo de dos años concedido a los migrantes durante el mandato del expresidente Joe Biden, que les permitió entrar en el país si tenían patrocinadores estadounidenses.
“El período de parole temporal de los extranjeros que se encuentran en los Estados Unidos bajo los programas de parole CHNV y cuyo permiso no haya expirado antes del [30 días después de la fecha de publicación en el Registro Federal] finalizará en esa fecha, a menos que la Secretaria [de Seguridad Nacional, Kristi Noeam] determine lo contrario”, se lee en el aviso.
El documento cita la Orden Ejecutiva 14165, “Asegurando Nuestras Fronteras”, del pasado 20 de enero, cuya Sección 7 ordena al Secretario de Seguridad Nacional que, “de conformidad con la ley aplicable, tome todas las medidas apropiadas para ‘[c]oncluir todos los programas de parole que contradigan las políticas de Estados Unidos establecidas en las Órdenes Ejecutivas [del Presidente], incluido el programa conocido como ‘Procesos para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos’”.
Trump tomó medidas para intensificar la aplicación de la ley contra los inmigrantes después de asumir el cargo, incluyendo un impulso para deportar a un número récord de personas que llegaron al país de forma ilegal, agregó la agencia británica Reuters.
El programa y su impacto
El parole humanitario fue implementado inicialmente por la administración de Joe Biden en 2022 para venezolanos y ampliado en 2023 para incluir a cubanos, haitianos y nicaragüenses.
El objetivo de ese programa buscaba ofrecer una vía legal para frenar la masiva migración irregular desde Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, envueltos en graves crisis económicas y políticas y con un fuerte diferendo con Washington.
Un desglose demográfico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) arrojó que bajo la iniciativa entraron a Estados Unidos 110 900 cubanos, 213 mil haitianos, 93 mil nicaragüenses y 120 700 venezolanos.
En total, más de medio millón de personas ingresaron legalmente al país bajo este esquema, en la que también intervino el sistema CBP One, una aplicación móvil a través de la cual se realizan solicitudes de asilo desde México.
Los participantes debían contar con un patrocinador financiero en Estados Unidos, aprobar verificaciones de antecedentes y salud, y entrar al país por vía aérea. Una vez admitidos, podían solicitar permisos de trabajo por un periodo inicial de dos años.
El Programa Parole y el CBP One: bases legales de dos víctimas del trumpismo
Trump desbanca el parole
En el borrador publicado este viernes en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional argumenta que el parole humanitario “ya no representa un beneficio público significativo” y es “incompatible con los objetivos de política exterior” del actual gobierno.
El presidente Trump ya había adelantado durante su campaña electoral su intención de eliminar este tipo de programas y ejecutar lo que él mismo calificó como “la mayor deportación en la historia del país”.
Desde su regreso al poder en enero, ha intensificado las redadas migratorias e implementado políticas que incluyen la deportación acelerada a países como El Salvador o incluso la base militar de Guantánamo.
Reacciones desde las comunidades perjudicadas
La decisión disparó preocupaciones inmediatas entre los beneficiarios del programa y sus defensores legales.
En declaraciones citadas por el Miami Herald este viernes, Elizabeth Amaran, abogada de inmigración con sede en Miami, calificó la medida como “extrema” y señaló que afecta a personas que “cumplieron con todas las reglas” al ingresar bajo un programa legalmente establecido.
“Estamos hablando de medio millón de personas que ahora están expuestas a una deportación acelerada”, afirmó Amaran. Explicó además que este tipo de deportación se realiza sin permitir que los afectados presenten su caso ante un juez.
Por su parte, Maureen Porras, abogada nicaragüense y vicealcaldesa de Doral (Florida), expresó su preocupación por el impacto económico y social: “Es desalentador saber que miles de personas trabajadoras podrían perder abruptamente su permiso laboral, el cual les ha permitido contribuir significativamente a nuestra sociedad”.
Entretanto, Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano Americano, criticó duramente la medida al señalar que no se trata solo de deportar a migrantes indocumentados.
“La decisión revela una dura verdad: no se trata de abordar la inmigración ilegal, sino de despojar a estas personas de su estatus legal y dejarlas vulnerables a la deportación sin protección”, denunció la activista con más de una década de experiencia en la defensa de los derechos humanos.
Implicaciones legales y políticas
De acuerdo con el reporte del Miami Herald, la revocación del parole humanitario casi con certeza será impugnada en los tribunales.
Abogados especializados han argumentado que los beneficiarios cumplieron con todos los requisitos legales al momento de ingresar al país y no deberían ser castigados retroactivamente.
Sin embargo, mientras se resuelven las demandas legales, las autoridades migratorias tienen la facultad para detener y deportar a cualquier persona cuyo estatus haya sido revocado, alertaron expertos.
Esta decisión también pone en riesgo a quienes no hayan solicitado asilo o Estatus de Protección Temporal (TPS), dos mecanismos legales que ofrecen protección contra la deportación.
Según Ferro, es crucial que los afectados busquen orientación legal para explorar alternativas antes del plazo límite.
Ucranianos no, latinoamericanos sí
El programa parole humanitario fue diseñado durante la administración Biden siguiendo un modelo similar al implementado para ciudadanos ucranianos tras la invasión rusa a ese país en 2022.
Sin embargo, mientras el programa ucraniano no ha sido cuestionado por políticos republicanos, el destinado a ciudadanos latinoamericanos ha enfrentado una fuerte oposición desde su inicio.
Más de una docena de estados liderados por republicanos demandaron al gobierno Biden para declarar ilegal el programa; no obstante, un juez federal desestimó el caso.
David Pekoske, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo Biden, defendió el programa como una herramienta efectiva para reducir la migración irregular al ofrecer vías legales seguras.
Sin embargo, Kristi Noem, actual secretaria del DHS bajo Trump, argumentó que su predecesor excedió sus poderes al implementar esta política.
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Perspectivas y riesgos
Con la fecha límite del 24 de abril en un horizonte bien próximo, miles de personas enfrentan decisiones difíciles sobre su futuro en Estados Unidos.
Algunos podrían optar por regresar voluntariamente a sus países; otros buscarán ajustar su estatus legal mediante solicitudes individuales. Mientras tanto, organizaciones defensoras han intensificado sus esfuerzos para brindar apoyo legal y asesoramiento a los afectados.
Los operativos de ICE, (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) están siendo indiscriminados, abarcando sitios antes impensables de ser allanados, como hospitales, escuelas y hasta iglesias.
Uno de los casos enfocados por la prensa es el Gustavo Adolfo Aguilera, uno de los deportados venezolanos por el Gobierno de Trump a una cárcel de alta seguridad en El Salvador este fin de semana.
La víctima, plomero de oficio, que entró legalmente a Estados Unidos bajo el programa de parole, dijo a la agencia española EFE que su único “crimen” es portar tatuajes, entre ellos uno de su hijo.
Los cubanos, únicos “privilegiados”
De acuerdo con datos de la estadounidense Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), desde 2022 a septiembre de 2024 han llegado a Estados Unidos más de 850 mil migrantes procedentes de la isla, cuya población ha disminuido notablemente para acusar, a su vez, un grave declive demográfico que compromete cualquier esfuerzo de solventar la crisis.
El último vuelo de migrantes deportados de Estados Unidos a Cuba llegó a La Habana el 27 de febrero con 104 personas —84 hombres, 19 mujeres y un menor de edad—, la segunda operación de ese tipo durante el nuevo mandato de Trump.
Ambos gobiernos acordaron en 2023 retomar los vuelos de deportación como parte de los acuerdos migratorios, firmados en 1984 para sellar la crisis del Mariel. Igualmente, los deportados han sido regresados por vía marítima mediante intercambios entre las guardias costeras de ambos países.
“Nuestro país está abierto a asimilar devoluciones, pero siempre dentro de los términos acordados”, previno el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío el pasado 12 de marzo en el programa Mesa Redonda, donde el tema de las deportaciones fue ampliamente abordado.
Como ninguna otra comunidad migrante, los cubanos gozan de los beneficios de la Ley Federal de Ajuste, sancionada por el Congreso en 1966, la cual permite, al año y un día de estancia en Estados Unidos, iniciar un proceso legal para ser admisible como residente permanente en el país.
Los cubanos que ya han presentado su petición para acogerse a la Ley de Ajuste, pero que aún no han sido admitidos como residentes permanentes, tienen una protección relativa frente a las políticas de deportación del gobierno de Donald Trump. Los que ingresaron bajo el parole humanitario y no han iniciado ningún trámite migratorio, como la solicitud de residencia o asilo, enfrentan un mayor riesgo.
