La petrolera estadounidense ExxonMobil ha entablado la primera demanda contra empresas cubanas por la nacionalización de sus propiedades en la isla tras el triunfo revolucionario de 1959. Sobre la mesa están en juego 71,6 millones de dólares, más los intereses de 6% anuales a contar desde el 1ro de julio de 1960.
ExxonMobil es heredera de dos empresas que operaban en Cuba en esa fecha, la Standard Oil y dos ramas de Esso, la matriz latinoamericana y la filial local Esso Cuba. Entre las propiedades reclamadas se encuentran dos refinerías y distribuidoras de crudo y más de un centenar de expendios de gasolina, según el texto de la demanda interpuesta el jueves en un tribunal federal en el distrito de Columbia, que abarca la capital, Washington DC.
Las dos empresas cubanas demandadas son la corporación Cimex y la empresa cubana del petróleo, CUPET, que la demanda considera “han estado usando los terrenos confiscados y han obtenido utilidades del petróleo refinado en las instalaciones que pertenecieron a las empresas intervenidas que ahora integran el grupo Exxon, sin el permiso de su “dueño autorizado”.
La demanda argumenta que Cimex tiene ganancias anuales de 1,300 millones de dólares en una serie de actividades comerciales que van más allá del comercio del petróleo, por lo cual dispondría activos suficientes para enfrentar una demanda de este calibre.
“Exxon no ha autorizado a Cimex o Cupet a refinar el crudo usando su propiedad confiscada, tampoco los ha autorizado a producir, transportar, vender u otra actividad comercial que abarque productos petroleros que hayan sido producidos en propiedades confiscadas”, afirma la demanda, a la cual OnCuba tuvo acceso.
La propiedad por parte de ExxonMobil y el valor de las demandas están certificados por el Gobierno federal desde los años 1970 del siglo pasado y la demanda ha sido entablada después que el Gobierno federal las autorizó tras dejar de suspender el Titulo III de la ley Helms-Burton, indica el documento.
Sin embargo, la querella refiere en sus argumentos varios artículos integrados dentro de los títulos I y II que nunca fueron suspendidos, desde que en 1996 el entonces presidente Bill Clinton suspendió el tercero tras una queja presentada por la Unión Europa ante la Organización Internacional de Comercio.
Según el Gobierno cubano, la nacionalización de las empresas estadounidenses de petróleo se llevó a cabo después que estas se negaron a refinar petróleo que el Gobierno revolucionario había adquirido a la entonces Unión Soviética a precios preferenciales. En la demanda, ExxonMobil refiere en particular el caso de la actual refinería Ñico López, en la capital cubana, que reclama como propiedad suya.
El mismo jueves, dos cubano-americanos presentaron dos demandas contra la naviera Carnival en un tribunal de Miami, reclamando por el uso de propiedades confiscadas en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba.
Cuando a fines del año pasado se comenzó a hablar de la posibilidad de la aplicación del Título III, muchos analistas anticiparon que los tribunales estadounidenses serían inundados con querellas, teniendo en cuenta que el Gobierno Federal ha certificado 5,913 reclamaciones de las 8,821 presentadas desde 1960, con un valor global de 8,500 millones de dólares.
Esta cifra incluye apenas aquellas propiedades nacionalizadas cuyos dueños eran ciudadanos estadounidenses al momento de la intervención. La implementación plena de la Ley Helms-Burton abrió la puerta a una cantidad aún por establecer de reclamantes que no eran ciudadanos estadounidenses cuando las perdieron. Economistas cubano-americanos sitúan esa cifra en 200,000 reclamaciones.
