Un juez federal en Miami ha desestimado un pedido de la naviera Carnival que solicitó la anulación de una demanda entablada bajo los parámetros de la Ley Helms-Burton.
El caso se relaciona con la causa abierta por el médico Javier García-Bengochea por la nacionalización en los albores de la década de 1960 del siglo pasado de unas instalaciones portuarias de Santiago de Cuba que pertenecieron a su familia, La Marítima S.A. El demandante acusa a la corporación Carnival y su línea de cruceros de usar las instalaciones desde el año 2016 sin proveer una compensación a sus legítimos dueños. Es lo que, en términos definidos por la Helms-Burton, se llama “traficar con propiedades confiscadas”.
Las demandas estuvieron congeladas desde que la Ley fue promulgada en 1996 por el presidente Bill Clinton hasta que en abril la administración de Donald Trump levantó la veda. En junio, la Casa Blanca anunció el fin de los viajes de cruceros a la isla.
La posibilidad que la aplicación integral de la Helms-Burton dio a los ciudadanos estadounidenses de demandar compensaciones por el uso de instalaciones nacionalizadas llevó a algunos herederos, entre ellos García-Bengochea a acudir a los tribunales solicitando una indemnización.
“Es un placer ser los primeros en anunciar estas demandas bajo la Ley Helms-Burton. (Carnival) fue la primera línea de cruceros en traficar con nuestras propiedades robadas y por eso es la primera empresa en ser demandada”, declaró el demandante en una pequeña rueda de prensa frente al edificio del Tribunal Federal en el centro de Miami al interponer la demanda.
En una moción introducida en el tribunal Carnival argumenta que la Helms-Burton no se aplicaría en este caso porque las propiedades de la Marítima S.A. fueron nacionalizadas, en un gesto soberano que Estados Unidos reconoció en aquel entonces basándose en la “doctrina de Estado“. Por ende, los entonces dueños dejaron de tener todo interés inversionista y administrativo en ellas y no se trató de una confiscación como aduce el demandante ahora amparado en la Helms-Burton. Por ello le compete al demandante demostrar lo contrario, que la situación jurídica actual de las propiedades se enmarcan en el ‘delito’ de confiscación.
Pero el lunes, el juez James Lawrence King discordó de la interpretación y negó el pedido de Carnival. “La lectura que Carnival hace de la ley mina sustancialmente el objetivo de desalentar el tráfico (de propiedades nacionalizadas. Según la interpretación de Carnival, se pudiera traficar con una propiedad corporativa cubana en impunidad mientras el Gobierno cubano no solo se adueñó de la propiedad sino nacionalizó la corporación en sí misma, dejando abandonados a los inversionistas para conseguir recuperar algunos derechos que hayan perdido por el régimen de Castro”, afirma el despacho.
Sin embargo, asevera el juez, al darse el caso de que la Helms-Burton “se aplica las confiscaciones a partir de enero de 1959 hay una fuerte posibilidad que algunas de esas corporaciones ya no existan o no están en capacidad de afianzar una reclamación. En este caso Carnival argumenta que La Marítima no es (una entidad) estadounidense capacitada para hacer una reclamación por sus muelles bajo el amparo de la Helms-Burton. Este tribunal cree que es improbable que esa fuera la intención del Congreso (cuando aprobó la ley)”.
Así las cosas, remata Lawrence King, “basado en el texto y la estructura de la Helms-Burton, el tribunal estima que la excepción de una viaje legal es una defensa directa de que la defensa contra una acusación de tráfico debe ser establecida por Carnival y no por el demandante”. O sea, le toca a la naviera demostrar que la propiedad no fue confiscada sino nacionalizada y que ello le retira derecho a García-Bengochea de aspirar a una compensación. Y no al revés.
Una fuente del entorno de la defensa de Carnival dijo a OnCuba que no hay comentarios por el momento y que están estudiando la decisión del juez.
Cuando a fines del año pasado se comenzó a hablar de la posibilidad de que entrara en vigor el Título III, muchos analistas anticiparon que los tribunales estadounidenses serían inundados con querellas, teniendo en cuenta que el Gobierno Federal ha certificado 5,913 reclamaciones de las 8,821 presentadas desde 1960, con un valor global de 8,500 millones de dólares sin contar los intereses acumulados de 6% anuales.
Esta cifra incluye apenas aquellas propiedades nacionalizadas cuyos dueños eran ciudadanos estadounidenses al momento de la intervención. Hasta el momento se han presentado cuatro demandas, una de la empresa Esso-Mobil y varios abogados de Florida han anunciado que hay cinco en preparación, incluso una en España contra la hotelera Meliá.