La guerra económica de Trump contra Cuba

El gobierno de Trump ha declarado las nuevas sanciones más severas contra Cuba desde que el presidente John F. Kennedy impusiera un embargo económico prohibiendo todo comercio con la isla comunista en 1962.

Hablando en Miami el 17 de abril, en el aniversario de la fallida invasión de 1961 de Estados Unidos en Bahía de Cochinos, el asesor de seguridad nacional John Bolton anunció el fin de prácticamente todos los viajes no familiares a Cuba y puso nuevos límites al dinero que los cubano-americanos pueden enviar a sus familiares en la Isla.

También dijo que Estados Unidos ahora implementará una ley de 23 años dirigida a bloquear tanto la inversión estadounidense como la extranjera en Cuba, aprobada por primera vez por el Congreso en 1996 como parte de un paquete de sanciones más amplias contra la Isla, pero que quedó en suspenso porque provocó una inmensa oposición entre los aliados de Estados Unidos.

Las nuevas y duras sanciones revierten «las políticas desastrosas de la era de Obama y finalmente terminan con la glamorización del socialismo y el comunismo», dijo Bolton.

Una ley demasiado polémica para implementarse

 La decisión de Trump activa una disposición suspendida durante mucho tiempo en 1996 de las sanciones de Estados Unidos a Cuba, que permite a los cubano-americanos demandar en los tribunales de estadounidenses a cualquier compañía que se beneficie de sus propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro.

Normalmente, los tribunales de Estados Unidos no tienen jurisdicción sobre propiedades de no ciudadanos nacionalizadas por un gobierno extranjero. Para los tribunales estadounidenses, juzgar las acciones de otro gobierno hacia sus propios ciudadanos en su propio territorio es un desafío para la soberanía de ese gobierno.

Los aliados de Estados Unidos que hacen negocios con Cuba se oponen vehementemente.

En 1996, cuando esa ley se aprobó por primera vez, la Unión Europea (UE) presentó una queja ante la Organización Mundial de Comercio (OMS) y adoptó una ley que prohibía a los miembros de la UE y sus empresas cumplir con la legislación de Estados Unidos. México, Canadá y el Reino Unido pronto aprobaron una legislación similar.

En respuesta, el presidente Bill Clinton suspendió una disposición llamada el Título III durante seis meses, y en 1998 firmó un acuerdo con la UE para que las empresas europeas que hacen negocios en Cuba no fueran el blanco.

Desde entonces, todo presidente –tanto demócrata como republicano– ha renovado la suspensión. Trump mismo la renovó tres veces –hasta que no lo hizo más.

El presidente ahora ha reavivado la indignación internacional por esta sanción, que deroga el acuerdo de Clinton con la UE y complica las ya enrevesadas relaciones de Estados Unidos con México y Canadá.

¿Quién gana?

Una comunidad pequeña, pero de élite, se beneficia del Título III: los antiguos miembros del 1%, los de la clase alta exiliada, que poseían casi toda la tierra y los negocios en Cuba antes de la Revolución de 1959.

La mayoría de los cubanos ricos huyeron del país después de que el gobierno comunista de Fidel Castro nacionalizara sus negocios y confiscara sus hogares, cuentas bancarias y propiedades. Algunos todavía sueñan con recuperar sus fortunas perdidas.

Ahora pueden demandar a compañías cubanas, estadounidenses y extranjeras que se benefician de alguna manera con el uso de esa propiedad.

Por ejemplo, los ex propietarios de las minas de níquel de Cuba podrían demandar por daños a la Sherrit International Corporation de Canadá, que ha invertido en la industria niquelífera de Cuba. Los antiguos propietarios de hoteles cubanos podrían demandar a la compañía hotelera española Meliá, que administra hoteles en toda la Isla.

Todas las empresas estadounidenses y extranjeras que hacen negocios con Cuba –o que podrían hacerlos en el futuro–, corren el riesgo de ser demandadas si hacen uso de una propiedad que una vez fue de un exiliado cubano hoy ciudadano estadounidense. De acuerdo con un análisis del Departamento de Estado, de 1996, la implementación del Título III podría inundar los tribunales federales de Estados Unidos con hasta 200,000 litigios.

La apuesta de Trump para 2020

 La mayoría de los cubano-americanos no ganarán nada con las últimas sanciones de Trump.

Eximen a las residencias privadas de indemnización. Entonces, si la propiedad principal que uno tenía en Cuba era una casa confiscada después del 1 de enero de 1959, uno está fuera del juego.

Los exiliados propietarios de miles de pequeñas tiendas familiares nacionalizadas en 1968 tampoco recibirán compensación, porque la ley exime a las pequeñas empresas cubanas que fueron confiscadas.

Quienes se benefician son el segmento más antiguo, más conservador y más rico de los 1,5 millones de cubano-americanos de la Florida.

Trump cree que esos republicanos influyentes lo ayudaron a ganar Florida en 2016 porque les prometió adoptar una línea dura hacia La Habana, revirtiendo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas del presidente Obama con la Isla.

Si el presidente cree que estas nuevas sanciones pueden entregarle Florida nuevamente en 2020, puede haber calculado mal.

He estudiado las relaciones Cuba-EE.UU. durante décadas. Si bien la activación de la ley puede complacer a los antiguos dueños de grandes negocios de Cuba, resulta improbable que las nuevas sanciones de Trump –como limitar el dinero que los cubano-americanos pueden enviar a la Isla– sean populares en esa comunidad en general.

Por mayorías decisivas, los cubano-americanos apoyan la libertad de viajar entre Estados Unidos y Cuba, lazos comerciales más amplios y la decisión del presidente Obama de normalizar las relaciones. Cada año, envían 3 000 millones de dólares a sus familias en la Isla, y cientos de miles de ellos viajan Cuba en visitas familiares.’

Estos votantes cubano-americanos no quieren infligir más dolor económico al público cubano, que incluye a sus amigos y familiares.

Dañando a los cubanos comunes y corrientes

Los aspectos punitivos de la nueva ley, que los funcionarios de la administración llevan meses insinuando que pondrían en práctica, ya están teniendo un impacto.

Las familias cubano-americanas que poseían el terreno y las instalaciones en el puerto de La Habana y el Aeropuerto Internacional “José Martí” advirtieron a las compañías de cruceros y a las compañías aéreas que el uso de estas propiedades podría ponerlas en riesgo legal.

Junto con el dinero que reciben de sus familias, los ingresos relacionados con el turismo sostienen a muchos cubanos comunes y corrientes.

Si las empresas de viajes se retiran de Cuba, y si las empresas estadounidenses y extranjeras dudan en iniciar nuevas relaciones comerciales con la Isla por temor a incurrir en juicios en Estados Unidos, la ya frágil economía de Cuba se vería afectada.

Eso puede jugar bien con la vieja élite de Cuba. Pero el resto de los cubano-americanos de Florida también sentirán el dolor.