Las primeras demandas contra empresas extranjeras que están usando instalaciones comerciales nacionalizadas en los albores de la Revolución Cubana piden compensaciones por el triple de las supuestas perdidas, pero dos de ellas no especifican el monto pretendido. La de Exxon Mobil es la primera volcada hacia el gobierno cubano y la única que le pone un valor a sus intereses nacionalizados: más de 70 millones de dólares.
Además, uno de los tres jueces encargados de ventilarlas ha participado en un importante juicio contra el gobierno cubano con lo cual pudiera incurrir en un “conflicto de intereses”, según especialistas consultados por OnCuba.
Las querellas han sido interpuestas en Miami y Washigtnon DC, dos contra la línea de cruceros Carnival y la tercera directamente hacia dos empresas cubanas, el holding CIMEX y la distribuidora petrolífera CUPET. Estas últimas son demandadas por la petrolera Exxon Mobil, heredera de los intereses de la Standard Oil, cuyas instalaciones fueron nacionalizadas a inicio de los años 1960.
Las demandas han sido entabladas después de que el mes pasado la administración de Donald Trump levantó totalmente la veda a la aplicación de la controversial Ley Helms-Burton, en particular su Título III, que permite a todo estadounidense acudir ante los tribunales en busca de una compensación financiera por la “confiscación” y el posterior “tráfico” de sus bienes en la isla, como define el lenguaje legal de la Ley estadounidense.
Las demandas contra Carnival
Las dos demandas contra la línea de cruceros no son muy precisas en detalles sobre las compensaciones pretendidas, y su texto no va más allá de lo básico para ser colocadas a consideración de un juez. Ambas piden apenas ser compensadas por daños y prejuicios en términos similares.
“El demandante pide (que) una decisión contra el acusado (sea ejecutada) de la siguiente manera: ordenar al acusado a pagar los daños, los intereses acumulados decididos antes y después del juicio, el pago de los gastos de abogados y ordenar que toda compensación adicional sea justa y apropiada”, dicen.
En la documentación de la demanda interpuesta por los herederos de los dueños de Havana Docks Corporation, por el uso de las instalaciones en el puerto de La Habana conocidas como “el puerto de los cruceros” pero oficialmente llamadas “Muelle Sierra Maestra”, se adjunta una decisión tomada por la Comisión de Reclamaciones establecida por el Gobierno Federal, que en 1971 concluyó que la reclamación tiene un valor de 9,179,700.88 dólares.
Esto no significa que sea la suma otorgada por un juez, sino que representa el valor de la propiedad al momento de la nacionalización el 24 de octubre de 1961, tras la publicación de la decisión en la Gaceta Oficial el 6 de julio de 1960.
Lo mismo sucede en la querella presentada por Javier García-Bengochea, heredero de unas instalaciones portuarias en Santiago de Cuba que pertenecieron a la naviera La Marítima, nacionalizadas el 13 de octubre de 1960, tras el mismo decreto de nacionalización publicado en la Gaceta Oficial. La reclamación incluye otra propiedad portuaria, intereses inmobiliarios y en los ferrocarriles. En total, según la comisión federal de certificación, las propiedades tenían al momento de la intervención un valor de 547,365.24 dólares. Pero tal como la anterior, de momento la demanda no pide a los tribunales esa cantidad.
Las dos demandas fueron entabladas contra Carnival por el uso de las instalaciones portuarias en los servicios prestados a los cruceros. Todas piden un pago “justo” por esa actividad no el cese de los viajes a la isla.
La querella de Exxon
Esta es la más completa de las tres presentadas hasta ahora. Una demanda que surge a consecuencia de la nacionalización de dos empresas en la misma industria, la Esso Standard Oil y la Mobil. Exxon Mobil es la heredera de ambas y ha entablado la primera demanda, hasta ahora, directamente contra empresas cubanas, CIMEX y CUPET.
No es una querella solo por el uso de instalaciones nacionalizadas o los servicios prestados a empresas extranjeras, sino que se trata de una queja dirigida también en contra de la falta de indemnización por parte del estado cubano por la nacionalización de esas propiedades. Al contrario de las radicadas en Miami, esta querella fue presentada en un tribunal de Washington DC, ya que Carnival tiene su sede en el sur de Florida pero CIMEX y CUPET están establecidas en Cuba.
“El 30 de octubre de 1959, los inspectores del Gobierno cubano pertenecientes a Fomento Nacional se personaron en la oficina de las compañías exploradoras, confiscaron y copiaron todos los archivos, mapas y registros de exploraciones geológicas. Tras registrar el incidente y (constatar) la promulgación de la ley 625 del 29 de noviembre de 1959, que cambió la base de la concesión de las concesiones minerales, las compañías exploradoras detuvieron todos sus esfuerzos de exploración en la isla. El 1 de febrero de 1960, las compañías exploradoras cerraron su oficina en Cuba”, narra la demanda de Exxon en sus argumentos acusatorios.
Es así como, sigue el texto, “el 1 de julio de 1960 los derechos de propiedad de EssoSA fueron expropiados acorde a la Resolución 33 emitida por el Instituto Cubano del Petróleo, acorde a la Resolución 190, del 30 de junio de 1960, (firmada) por el Primer Ministro cubano Fidel Castro. El director general del Instituto Cubano del Petróleo nombró al mayor Onelio Pino como “interventor” de EssoSA “en todas las propiedades e instalaciones que (EssoSA) pueda tener en Cuba”.
A consecuencia de ello, EssoSA “no sólo perdió control de sus propiedades sino que fue forzada a cerrar sus operaciones. EssoSA fue prohibida de operar su refinería Belot, concluida en 1958 y que empleaba a 530 personas. EssoSA también fue forzada a abandonar todas operaciones de publicidad en territorio cubano, que abarcaban a 500 empleados dedicados en distribuir productos a través de más de 1,000 puntos de venta al detalle. Y EssoSa tuvo de dejar de operar sus estaciones de servicio (de combustibles) en Cuba”.
“A consecuencia de ello, EssoSA apareció en el listado de entidades nacionalizadas publicada el 6 de agosto de 1960, acorde con la ley cubana número 851”, explica la demanda.
Exxon quiere el triple
En términos de compensación, la empresa petrolífera con sede en Irving, Texas, pide una indemnización de 71,611,002.90 dólares, más 6% de interés a contar desde el 1 de julio de 1960. Además, solicita al juez que triplique la indemnización bajo los preceptos del Artículo 22 del Código Civil, párrafo 6082(a)(3).
El Artículo 22 del Código Civil, párrafo 6082(a)(3), fue incorporado a la ley después de la promulgación de la Ley Helms-Burton el año 1996 y está específicamente orientado hacia abordar “la responsabilidad penal por el tráfico de propiedades confiscadas reclamadas por ciudadanos estadounidenses”.
A todo ello se suman los gastos del proceso, los honorarios de los abogados y “otra compensación que el tribunal estime conveniente”.
Las dos demandas contra Carnival, radicadas en Miami, también exigen el pago del triple de la compensación establecida por la Comisión de Reclamaciones. Sin embargo, no indican en la documentación entregada cuánto pretenden. Esto, según medios legales, es una táctica común en las demandas de este estilo.
“Durante el juicio, lo más normal es que los abogados vayan a pedir al juez que obligue a Carnival a revelar los contratos que tiene con los cubanos. Y a partir de la cifra que encuentren decidirán qué hacer”, explica a OnCuba, el abogado litigante, Carlos Zamora.
Las demandas y sus jueces
De los tres jueces asignados a las querellas, el más famoso es James King, el juez federal más importante del distrito del sur de Florida y, a los 91 años, es uno de los más longevos en servicio en Estados Unidos. En la tómbola de asignación de jueces le tocó la demanda entablada por García-Bengochea.
King pudiera no llegar a juzgar el caso que tiene hoy entre manos. La principal razón, que puede ser esgrimida por los abogados de Carnival, es que el veterano juez fue fundamental en el caso de compensación de los familiares de los pilotos de los aviones de Hermanos al Rescate, derribados el 24 de febrero de 1996 en el Estrecho de Florida.
Los familiares entablaron una demanda contra el gobierno cubano, la Fuerza Aérea Cubana y los pilotos de los dos caza Mig que derribaron las tres avionetas Cessna, demandando acceso a las cuentas congeladas de Cuba en bancos estadounidenses. El juez King terminó otorgando 185 millones de dólares, con lo cual prácticamente vació las arcas cubanas en Estados Unidos y los familiares terminaron siendo compensados porque el Gobierno cubano no se presentó ante el tribunal.
“En un inicio, los abogados de Carnival pueden, como estrategia, pedir la recusa del juez, por su pasado relacionado con Cuba, pueden pedir también que se cambie el juicio a otro distrito, porque el sur de Miami es demasiado anti Gobierno cubano y ellos deben ir ante un jurado. Pero, también pueden dejar las cosas como están, perder el caso y apelar con el argumento de que el juez estaba parcializado por su pasado a favor de demandas contra intereses del Gobierno cubano. El juez King no es necesariamente un desastre para Carnival”, explicó a OnCuba un abogado que pidió no se identificado, porque tiene en la calla otros procesos frente al magistrado.
La demanda de Havana Docks Corp. le tocó a la jueza Marcia Cooke, la primera afroamericana en llegar a ser juez federal en Florida. Es conocida, en medios judiciales, como una “técnica”, con fuerte apego a la ley ante quien los casos presentados deben estar bien delineados.
Cooke, de 56 años, fue defensora pública en el inicio de su carrera en Michigan a fines de los años 1970, y su primero en el distrito federal del sur de Florida fue entrenar a los futuros jueces en los vericuetos del funcionamiento administrativo de los tribunales. El 2003, el entonces presidente George W. Bush la nombró juez federal, donde se ha caracterizado por atender muchos casos relacionados con narcotráfico, estafas a entidades gubernamentales pero ningún caso relacionado con Cuba de relevancia.
En Washington, el caso de Exxon Mobil ha sido presentada ante el juez Amit P. Mehta, de 48 años, que nació en Patan, India, pero creció en Maryland. Licenciado en la Universidad de Georgetown, Mehta es un magistrado relativamente nuevo en estos menesteres ya que fue nombrado el año 2014 por el ex presidente Barack Obama. La demanda de Exxon Mobil sería su primer caso de primera línea.