Un grupo de legisladores de Estados Unidos presentó este jueves un proyecto de ley para prohibir a los tribunales que validen cualquier afirmación de derechos sobre negocios o activos que hayan sido nacionalizados por el Gobierno cubano.
La propuesta de ley bipartidista fue presentada por congresistas y senadores de manera simultánea en ambas cámaras, de acuerdo con un despacho de la agencia Efe.
La iniciativa la encabezan, entre otros, el demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el republicano Marco Rubio, miembro de alto rango del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, precisa la fuente.
Este proyecto de ley, denominado “No Stolen Trademarks Honored in America”, protegería los intereses y derechos de los empresarios cuyos bienes fueron “incautados ilegalmente” por el Gobierno cubano, aseguran los legisladores en un comunicado.
Según Menéndez, la propuesta “codificaría como ley” la política estadounidense de larga data de apoyar “a los propietarios legítimos de propiedad robada”, al garantizar que los tribunales estadounidenses y el poder ejecutivo solo reconozcan los derechos de aquellos “cuyas marcas registradas fueron tomadas ilegalmente por el Gobierno cubano”.
“Cualquier confiscación o incautación de activos por parte del régimen cubano es y será siempre un acto criminal que no debe ser recompensado por el Gobierno de los Estados Unidos”, apuntó el senador, quien destacó el apoyo bipartidista para proteger a los estadounidenses a quienes el Gobierno cubano “les robó propiedades”.
La Ley “No Stolen Trademarks Honred in America” prohibiría el uso de una marca comercial cuando quien la utilice sepa, en el momento de la adquisición, que el nombre de la marca es igual o similar al de una confiscada por el Gobierno cubano, señala la publicación.
Los impulsores del proyecto ponen como ejemplo que en 1994 un productor de ron cubano, Cuba Ron, registró en Estados Unidos la marca Havana Club, que lleva el nombre de una marca en 1959 fue nacionalizada en la isla.
También citan a la marca Bacardí, uno de los productores de licores más grandes del mundo, que compró la marca comercial y la receta a los descendientes del fundador y propietario original de Havana Club.
Bajo esta legislación, señalan los legisladores, Cuba Ron y su socio, el grupo Pernod Ricard, no podrían ejercer derechos relacionados con Havana Club, dado que el Gobierno cubano presuntamente se apoderó ilegalmente de la marca, permitiendo así a Bacardí usar la marca “que le pertenece”.
En abril del pasado año la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (PTO, en inglés) ganó una demanda presentada por la empresa Bacardí & Co. luego de que la PTO reafirmara que Havana Club es propiedad cubana.
Tribunal estadounidense ratifica que la marca Havana Club es propiedad cubana
Bacardí y la estatal Cuba Ron, conocida también con el nombre de Cubaexport, han mantenido desde hace dos décadas un litigio en los tribunales estadounidenses sobre el derecho al uso de la marca Havana Club.
“Es la corrección de un error histórico y el reconocimiento claro del valor inherente de la propiedad intelectual y la propiedad inviolable de las ideas y creaciones propias”, dijo Darrell Issa, uno de los congresistas republicanos impulsores de la norma.
Desde que el ahora expresidente estadounidense Donald Trump activara el Título III de la Ley Hems-Burton se han presentado en tribunales estadounidenses y de otros países demandas contra empresas que supuestamente se han beneficiado de propiedades nacionalizadas por el Gobierno cubano después del triunfo de la Revolución en 1959.
Amparado por esa disposición, una corte federal de Estados Unidos ordenó a cuatro compañías de cruceros pagar cerca de 440 millones de dólares como parte de varias demandas, en las que han sido acusadas de utilizar para sus negocios muelles expropiados en Cuba.
Efe/OnCuba
